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Colaboración: Lucía Argüello


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La residencia geriátrica Santa Lucía, donde a principios de abril se desató un brote de COVID-19 que terminó con 65 infectados (15 empleados y 50 residentes, de los cuales 12 fallecieron), puso en evidencia las frágiles condiciones en las que se encontraban (y se encuentran) los sistemas residenciales de adultos mayores para enfrentar la emergencia sanitaria. Tan solo unas semanas después, aparecerían casos similares en varios puntos del país; el más reciente en un geriátrico del barrio porteño de Flores, donde se desalojó a más de 50 ancianos.

El caso de Saldán desató la polémica a nivel nacional. ¿Podría haberse evitado el brote? ¿Se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes? ¿Hubo negligencia, improvisación o descuido por parte de la dirección del geriátrico, los profesionales de la salud o el personal que se desempeñaba en él? Son algunas de las preguntas que se hacen los vecinos y la Justicia en este momento. 


Los días previos


“Desde marzo no se permitían visitas, en teoría solo ingresaba el personal”, confirmó un familiar. Foto gentileza La Voz del Interior.


El antiguo, pero elegante edificio de la calle Falucho al 40 tiene su historia: sus paredes primero albergaron un hotel y luego una clínica privada, hasta que en 1992 se convirtió en la residencia geriátrica Santa Lucía, una de las pocas prestadoras del Pami en Sierras Chicas. Para marzo de este año, el centro contaba con un total de 76 residentes, atendidos por una treintena de empleados.

Tras declararse la emergencia sanitaria en el país, la obra social de los jubilados lanzó un primer protocolo de actuación para las instituciones donde residían sus afiliados. En el mismo, el uso del barbijo aún no era obligatorio, aunque sí se restringían las visitas y se sugería que, si algún empleado manifestaba fiebre o síntomas respiratorios, no fuese a trabajar.

Efectivamente, varios geriátricos de Sierras Chicas, incluido el Santa Lucía, habían suspendido los ingresos incluso antes de decretarse el aislamiento a nivel nacional. “Desde marzo que no permitían visitas, en teoría los únicos que entraban eran miembros del personal”, confirmó un familiar de uno de los residentes a El Milenio y añadió que las enfermeras eran su principal medio de contacto, ya que “no había mucha comunicación por parte de la dirección del geriátrico”.

Tras desatarse el brote, Marcelo Lázaro, director médico de la residencia, señaló en una entrevista con La Voz del Interior que, pese a las medidas que implementaron, era muy difícil preparar a todos los trabajadores. “Se habló en una reunión sobre usar el alcohol en gel, cómo se lavan las manos, los pliegues. Pero no todo el personal del lugar está capacitado, sino que se va capacitando en el tiempo”, declaraba el profesional, quien, según distintas fuentes, habría dejado de concurrir a la institución por encontrarse dentro de la población de riesgo.


“Luchando contra algo que no podíamos ver”


“Desde marzo no se permitían visitas, en teoría solo ingresaba el personal”, confirmó un familiar. Foto José Hernández/La Voz.


Pese a todo, el nuevo coronavirus se instaló en el centro para adultos mayores de Saldán a principios de abril. Cómo ingresó el virus es actualmente materia de investigación. Lo que sí se conoce es cuál fue el detonante que activó los protocolos de emergencia.

El 8 de abril, Lucas Figueroa, vecino de Mendiolaza y médico de cabecera del Pami que prestaba servicios en el Santa Lucía, concurrió al hospital de Unquillo para pedir que le realizaran un hisopado preventivo ante un cuadro de tos leve, pero persistente, que en un principio el galeno adjudicó a su condición de asmático.

Al día siguiente, sus temores se confirmaron: era portador asintomático del SARS-CoV-2. Las jornadas que siguieron al aviso de Figueroa fueron caóticas para el personal del geriátrico, a medida que los residentes comenzaban a enfermarse. “Día a día surgía algo nuevo. Y se volvía inmanejable. Estábamos luchando contra algo que no podíamos ver«, comentó Carina González, empleada de la residencia.

Pronto comenzaron a trasladarse los residentes a distintas instituciones de salud. Muchos adultos mayores con diagnóstico de COVID-19 fueron llevados al Hospital Italiano, que luego se convertiría en el segundo foco de contagios masivo de Córdoba. El 19 de abril falleció el primero de los ancianos contagiados. Tenía 74 años de edad y había ingresado a la residencia en enero de este año. Al día siguiente, el centro Santa Lucía fue clausurado.


Qué investiga la Justicia

Lucas Figueroa. Foto de archivo El Milenio.

El 22 de mayo, la Unidad Fiscal de Emergencia de la provincia a cargo del fiscal Andrés Godoy, imputó a Lucas Figueroa y a Marcelo Lázaro por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, en calidad de autor doloso para el primero y culposo para el segundo.

Hoy se investiga si “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”, los médicos contribuyeron a la proliferación del virus en la institución. A Lázaro se lo acusa de no controlar que se cumplieran todas las medidas exigidas por los organismos oficiales. Mientras que, en el caso de Figuera, el foco está puesto en saber si tomó las precauciones necesarias durante la atención de sus pacientes.

«En el geriátrico no había elementos de protección, no prepararon adecuadamente al personal ni se definieron zonas de aislamiento y circulación. Si un médico comete un error, lo condenan socialmente por mala praxis antes de que pueda presentar defensa alguna”, había manifestado días antes Figueroa en un comunicado.

La decisión de imputar solo a los galenos y no a la dirección del centro geriátrico provocó un malestar sin precedentes en el cuerpo médico cordobés, que bajo la consigna “ni héroes, ni asesinos, somos médicos”, marchó en auto por diversos puntos de la provincia, incluido Sierras Chicas. 

Mientras tanto, y ante el pedido de muchos familiares de los ex residentes de la institución, el Ministerio de Salud autorizó la reapertura del geriátrico Santa Lucía el pasado 4 de junio, aunque aún no hay esclarecimiento sobre los hechos que convirtieron a la residencia en uno de los sitios puntuales con mayor cantidad de contagios del país hasta ese momento. 

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