El fiscal Andrés Godoy investiga si el accionar de los médicos Figueroa y Lázaro, favoreció la propagación de la COVID-19 en el centro geriátrico. Qué dice la ley al respecto de este delito y por qué varios profesionales del derecho y de la medicina piden que la Justicia Federal investigue el caso.

En una carta publicada con fecha del 12 de abril de este año, Lucas Figueroa, el médico que habría dado positivo de la COVID-19 mientras ejercía sus labores en el Hogar Santa Lucía de Saldán afirmó que “si un médico comete un error lo condenan socialmente por mala praxis antes de pueda presentar defensa alguna”.

Tiempo después, más precisamente el 22 de mayo, la Unidad Fiscal de Emergencia a cargo del fiscal Andrés Godoy, imputaba a Figueroa y al médico en jefe del centro geriátrico, Marcelo Lázaro, por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor doloso para el primero y culposo para el segundo, según lo previsto en los artículos 45 y 202 del Código Penal.

Cabe recordar, que desde que se detectó ese primer caso y hasta la fecha, hubo un total de 53 infectados y 12 víctimas fatales, todas provenientes de la citada institución serrana. Tan solo dos semanas después aparecerían casos similares en por lo menos, siete centros geriátricos de diferentes puntos del país.

Pero, ¿Qué busca proteger esta figura penal y qué requisitos se necesita para que se cumpla este delito?

La Salud Pública y los delitos de peligro


El centro geriátrico Santa Lucía se encuentra cerrado desde el 20 de abril. Hasta la fecha, fallecieron 12 adultos mayores desde el inicio del brote. /Foto gentileza a quien corresponda.


El delito especificado en el artículo 202 de “propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas para las personas”, se encuentra en el Capítulo IV del código penal argentino y busca proteger la Salud pública, entendida como el completo bienestar psico-físico de la población en general y no de una persona en particular.

Según la versión comentada del Código Penal Argentino de 1992 de la Editorial La Ley, el jurista Sebastián Soler entendía que para cometer un delito contra la Salud Púbica “es indispensable la existencia de un peligro común para las personas”.

De igual forma, opinaba el juez Andrés José D´alessio en la versión comentada del código de 2007 de la misma editorial, al considerar que “la acción de propagar es de puro peligro”, siendo suficiente para la consumación la “difusión de gérmenes”, aunque no se afecte a ninguna persona en particular. Lo que importa es que se genere esa situación de peligro para la población.

En el caso de la COVID-19, al ser una enfermedad que se contagia por “gotículas respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio”, según la definición provista por la Organización Mundial de la Salud, califica como “enfermedad peligrosa y contagiosa”.

La intención y la acción


Para comprender como funciona esta figura penal, debemos entender que existen dos requisitos para considerar que una persona cometió una infracción contra la salud pública: La intención y el modo de realizar la acción. Es decir, que el acusado quería cometer el delito y que el modo elegido para realizarlo fue el adecuado para ese objetivo concreto.

Esta es la interpretación que el portal jurídico “Palabras del Derecho” sostiene al considerar que “es necesario que el sujeto conozca que es portadora del virus y, sin perjuicio de ello, realice la acción típica de ‘propagar’ con intención y voluntad, es decir con el fin de contagiar a otras personas”.

En caso de comprobarse estos dos requisitos, la pena varía entre los cinco años y los quince años de prisión.

Por su parte, el artículo 203 bis, complementa al artículo 202 agregando la posibilidad de cometer el delito “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”. Es decir, que la persona debió obrar con extremos cuidados atendiendo que sus capacidades y conocimientos sobre la materia, le permitían entender la posibilidad de que se produjera el contagio.

Para estos casos, donde no hubo intención, pero el medio fue adecuado para que se dé la propagación de la enfermedad peligrosa, la pena es tan solo de una multa pecuniaria en el caso de que no se produzca contagio alguno y de prisión de seis meses a cinco años en caso de comprobarse que su accionar provocó un contagio o incluso una muerte.

Cuestiones de competencia


El 25 de mayo, médicos cordobeses marcharon por el centro de la Ciudad de Córdoba en repudio del accionar del Fiscal Godoy. /Foto gentileza a quien corresponda.


En el caso concreto del caso de la Residencia Geriátrica Santa Lucía, lo que actualmente está en tela de juicio por parte de la Justicia Argentina, es a qué órgano le corresponde investigar y posteriormente, juzgar a los dos médicos por estos delitos, si a la Justicia Federal o a la Provincial.

El problema surgió cuando en los inicios de la pandemia, se dispuso que ante la magnitud de los casos derivados por el incumplimiento de la cuarentena, se acordó un sistema mixto, donde ambas esferas de control realicen los correspondientes controles.

De esta forma, en Córdoba se creó la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), dependiente del Ministerio Fiscal Provincial para atender la mayoría de los casos derivados por el incumplimiento del decreto de aislamiento social obligatorio.

No obstante, un dictamen emitido el 19 de marzo por la Procuración General de la Nación afirma que “es oportuno recordar la naturaleza federal en la materia y la intervención que corresponde a los fiscales de este organismo en relación con las infracciones al artículo 205 del Código Penal de la Nación, a partir del DNU 260/2020 y el interés nacional que lo motivó. Ello, sin perjuicio de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial”.

De la misma forma, opinaron desde el Consejo Médico cordobés al insistir que debe ser la Justicia Federal, la única encargada de investigar los hechos ocurridos en el centro geriátrico de Saldán.