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El pasado jueves 22 de mayo, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES), en el marco de las actuaciones seguidas por el brote de la Covid-19 registrado en la residencia geriátrica Santa Lucía de Saldán, dispuso la imputación de dos médicos: Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), los facultativos en cuestión fueron imputados por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas en calidad de autor”.


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En este contexto, desde el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba expresaron la preocupación por la imputación a los profesionales de la salud. Lo hicieron a través de un comunicado oficial.



Por otro lado, Andrés De León, presidente de la Junta Directiva del mencionado Consejo publicó en las redes sociales de la entidad, las cartas que envió al ministro de Salud, Diego Cardozo y a Marta Cáceres de Bollati, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con el objetivo de solicitarles a ambos «audiencias urgentes» y hacer ponerle un freno a futuras probables imputaciones de profesionales de la salud. 

A continuación el texto publicado:

«Ministro de Salud de la Provincia
Dr. Diego Hernán Cardozo
De mi consideración

ANDRÉS DE LEÓN, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y en función de lo mandado por el art. 3° de la ley provincial 4853 (t.o. 6396), se dirige respetuosamente a Ud., solicitándole una urgente audiencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Que al haberse dado a publicidad -por diversos órganos periodísticos- las imputaciones formuladas a dos de nuestros matriculados Dres. Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) en el marco de actuaciones seguidas por el brote de COVID-19 registrado en la residencia geriátrica Santa Lucía de la localidad de Saldán, en ambos casos encuadrando en figuras que admitirían el ánimo de dañar o cuanto menos desdén en el manejo de la enfermedad en el marco de esta pandemia. Que en función de lo anterior, en la firme creencia de que los profesionales médicos no involucran en sus conductas el provocar daño a quienes han jurado cuidar, la Entidad entiende que esta imputación es un atropello a la dignidad profesional y un desmesurado accionar judicial que atenta contra el adecuado ejercicio de la medicina, más aún en momentos como los que atravesamos, manteniéndose vigentes las medidas de excepción, que hacen a los médicos encontrarse en el primer lugar para buscar restablecer la salud de la ciudadanía, siendo expuestos al escarnio público, criminalizando sus conductas. El estupor generado , nos lleva a reclamar una urgente audiencia , que genere los mecanismos de dialogo que pongan freno a situaciones como la que lamentamos se hacen efectivas contra profesionales médicos y al mismo tiempo , para que se extremen las medidas -dentro del aislamiento y pandemia que lo ha generado- en favor de la protección de los médicos y cesen los actos que aparecen como persecución que entendemos como indebida.
POR ELLO, al Sr. Ministro SOLICITAMOS:
Pueda concedernos , con la mayor celeridad posible, audiencia,  a fin de tratar los puntos que brevemente anticipamos en la presente.

Dr. Andrés de León
Presidente del CMPC»

A continuación la carta al Tribunal Superior de Justicia:

Sra. Presidente Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Dra. María Marta Cáceres de Bollati
De mi consideración

ANDRÉS DE LEÓN, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y en función de lo mandado por el art. 3° de la ley provincial 4853 (t.o. 6396), se dirige respetuosamente a Ud., solicitándole una urgente audiencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Que al haberse dado a publicidad -por diversos órganos periodísticos- las imputaciones formuladas a dos de nuestros matriculados Dres. Lucas Figueroa y Marcelo Santiago Lázaro por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (UFES) en el marco de actuaciones seguidas por el brote de COVID-19 registrado en la residencia geriátrica Santa Lucía de la localidad de Saldán, en ambos casos encuadrando en figuras que admitirían el ánimo de dañar o cuanto menos desdén en el manejo de la enfermedad en el marco  de esta pandemia. Que en función de lo anterior, en la firme creencia de que los profesionales médicos no involucran en sus conductas el provocar daño a quienes han jurado cuidar, la Entidad entiende que esta imputación es un atropello a la dignidad profesional y un desmesurado accionar judicial que atenta contra el adecuado ejercicio de la medicina, más aún en momentos como los que atravesamos, manteniéndose vigentes las medidas de excepción, que hacen a los médicos encontrarse en el primer lugar para buscar restablecer la salud de la ciudadanía, siendo expuestos al escarnio público, criminalizando sus conductas. El estupor generado , nos lleva a reclamar una urgente audiencia, que genere los mecanismos de dialogo que pongan freno a situaciones como la que lamentamos se hacen efectivas contra profesionales médicos y al mismo tiempo, para que se extremen las medidas -dentro del aislamiento y pandemia que lo ha generado- en favor de la protección de los médicos y cesen los actos aparecen como persecución que entendemos como indebida.
POR ELLO, a la Sra. Presidente SOLICITAMOS: Pueda concedernos , con la mayor celeridad posible, audiencia, a fin de tratar los puntos que brevemente anticipamos en la presente.

Dr. Andrés de León
Presidente CMPC

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