En medio de la emergencia ambiental provocada por los últimos incendios y tras la masiva movilización de principios de septiembre, el municipio declaró a la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende como “bien de interés patrimonial, histórico, cultural y ambiental”. Sin embargo, la prolongada falta de reglamentación del espacio pone en peligro al pulmón verde y se ha convertido en uno de los mayores reclamos de la ciudadanía en los últimos años.


Colaboración:

  • Antonella Giovannini y Francesca de la Fuente.
  • Instituto Milenio Villa Allende.
  • Edna Hunziker, Nicole Catrambone y Valentina Adansia.
  • Instituto Educativo Nuevo Milenio.

Las llamas que a fines de agosto se abrieron paso hacia Pan de Azúcar no sólo arrasaron el icónico cerro de Sierras Chicas, sino que también afectaron a más de 6.000 de las 7.200 hectáreas que componen la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende. El hecho volvió a poner sobre la mesa la desprotección de uno de los últimos parches de bosque nativo de la provincia y la compleja trama de problemáticas, poderes y reclamos que lo envuelven.

Creada en el año 2002, su origen se remonta a la inundación ocurrida dos años antes, cuando el aluvión dejó en evidencia la necesidad de preservar la cuenca hídrica para prevenir futuras catástrofes. Así, con la Ordenanza Municipal 5/02 se definió y reconoció el área protegida, integrada por tierras privadas, lo que demandó un convenio con más de 30 propietarios.

Sin embargo, desde entonces y hasta la actualidad, la reserva nunca se reglamentó y los avances en esta materia son un reclamo histórico de la comunidad de Villa Allende y el Consejo Municipal de Ambiente (CMA), órgano consultivo constituido por vecinos y especialistas que se desempeñan voluntariamente ad honorem. 

Reserva de papel” es el término que utilizan para referirse a la situación del pulmón verde, ya que, al no contar con plan de manejo, cuerpo de guardaparques, presupuesto, ni normativa que defina las actividades permitidas y prohibidas en el lugar, su protección queda librada a la voluntad de los propietarios y a la limitada capacidad de control del gobierno. 

Frente a estas carencias, el peligro acecha permanentemente. En los últimos años, los proyectos inmobiliarios, el avance de la explotación minera, el segundo anillo de circunvalación impulsado por el gobierno provincial, los circuitos de enduro, cuads y motocross, el desmonte y la caza ilegal, se han convertido en un problema recurrente para la preservación de la Reserva Villa Allende.

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Marco normativo


Se la denomina reserva hídrica porque abarca las cuencas de varios arroyos (Saldán, San Fernando, Pan de Azúcar y el Arroyo Seco, Chico o del Arenal), recreativa por las actividades de bajo impacto que se pueden realizar en ella (senderismo, campismo, ciclismo, etc.) y natural por la gran riqueza de flora y fauna que contiene, ahora seriamente afectada por los incendios”, explicó Agostina García, vecina de Villa Allende e integrante del CMA.

Joaquín Deon, geógrafo, investigador del Conicet e integrante del grupo ambientalista Tacku, señaló que la reserva es un “acuerdo común” realizado en un “marco legal preexistente” que apunta a la conservación de la cuenca hídrica en sus “más de 8.000 hectáreas”. 

Sin embargo, aclaró que el área reconocida por ordenanza sólo abarca 7.200 ha, dejando afuera los campos que se extienden inmediatamente al finalizar la zona urbana de Villa Allende en dirección oeste, donde se encuentran la actual cantera de la minera El Gran Ombú y la planta de transferencia de residuos de la ciudad. Como señaló el vecino de Villa Allende, estas 800 ha “también son zona roja y amarilla dentro de la Ley de Bosques” y, por lo tanto, ameritan una protección que en este momento no reciben.

Dentro de las disposiciones que encuadran la normativa municipal, se encuentra la Ley Provincial 6964/83 de Áreas Naturales Protegidas, cuya finalidad es “conservar el patrimonio natural, en forma compatible con las necesidades de las fuentes productivas, la producción agraria, la explotación industrial y los requerimientos turísticos”. Asimismo, interviene la Ley Provincial 9841, que regula los usos del suelo en el área metropolitana de Córdoba y fue elaborada por el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM).

Finalmente, es importante mencionar la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba, que establece una categorización de las áreas boscosas en tres tipos: verde (bosques de bajo valor de conservación donde se permiten cambios de uso del suelo a partir de una evaluación de impacto ambiental), amarillo (valor alto o medio de conservación, pueden estar degradados, pero con posibilidades de restauración) y rojo (sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse). Dentro de esta última categoría se encuentra la Reserva Villa Allende.


“Al no estar reglamentada, no tiene un plan de manejo, ni un presupuesto, ni un equipo de guardaparques que la vigilen. Sin normativas y compromiso del gobierno, no hay forma de proteger la reserva”. Agostina García, Consejo Municipal de Ambiente.


Cuidado, explosión


Uno de los principales focos problemáticos en la actualidad es la minería a cielo abierto llevada a cabo por El Gran Ombú S.A., empresa de triturados graníticos que se encuentra en Villa Allende hace más de 35 años. Según explicó Julio Loza, concejal de Juntos por Villa Allende, en 2012 la firma comenzó los trámites para ampliar su zona de explotación, para lo cual necesitaba un “certificado de prestación de servicio”, que fue otorgado por la gestión del entonces intendente Héctor Colombo.

Finalmente, en 2015, El Gran Ombú obtuvo autorización de las secretarías de Ambiente y Minería de la Provincia para explotar 110 ha, ubicadas en plena reserva. Siguiendo el relato de Loza, tales licencias tuvieron que ver con la ausencia de una legislación municipal de ordenamiento territorial, carencia que fue suplida el año pasado, a través de la Ordenanza 37/19 de Fraccionamiento, Uso y Ocupación del Suelo.

Dicha normativa ratifica la existencia de la reserva como área protegida y prohíbe la actividad de extracción minera. “Con respecto a lo que ya estaba autorizado de antemano, no podemos hacer nada. Las leyes y ordenanzas rigen para el futuro, no para el pasado”, aclaró el concejal del oficialismo.

Por su parte, Deon explicó que, además de la falta de reglamentación municipal, “Córdoba tiene una Ley de Bosques que es regresiva con respecto a la ley nacional, ya que a partir de un pedido que realizó en su momento la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (CEMINCOR), se permite el avance de la minería en zonas de categoría amarilla y roja”. “El expediente que presentó la cantera dice que son bosques que ya están impactados, especialmente por los circuitos de motocross y enduro, por lo cual solicitan explotar”, añadió.

El conflicto por el camino a San Fernando


A pesar de la prefactibilidad otorgada por el gobierno provincial, existe un punto que actualmente frena el avance de El Gran Ombú sobre la Reserva Villa Allende. Se trata del camino S-522, que comunica Villa Allende con el paraje San Fernando, atravesando el sector que la minera pretende explotar.

Las razones radican en que, siguiendo la explicación de Deon, el código minero establece que no puede haber explotaciones en las proximidades de “caminos públicos y cursos de agua”. Por lo cual, para expandir su área de extracción, El Gran Ombú debería cerrar el camino o desviarlo. 

Si eso ocurriera, volaría todo en los primeros tres kilómetros de camino, desde la entrada del Refugio Revivir hasta el quinto vado. Son cinco cerros, varios arroyos e incluso sitios patrimoniales. Se pone en riesgo gran parte de la reserva y ese espacio directamente se convierte en zona de sacrificio”, manifestó con preocupación el geógrafo.

Según indicó el profesional, el camino está definido como público desde 1870: “De hecho, se abrió con el ancho que corresponde a los caminos públicos rurales y se alambró a ambos lados en más de la mitad de su recorrido”. Sin embargo, en varias ocasiones, los grandes propietarios de la zona han colocado guardias en el ingreso para impedir el paso de los transeúntes, así como cartelería que reza “Propiedad privada”, “Camino no público” y “¡No pase!”.


Si bien recientemente la Dirección de Vialidad ratificó el estado público de la ruta, no se refirió a su traza, con lo cual el temor de los vecinos y el CMA es que se intente hacer un bypass. “Hemos presentado una acción preventiva de daños, como figura en el Código Civil, ya que, a nuestro entender, el camino es público por la traza actual, liberado de cartelería amedrentadora y tranqueras”, afirmó Deon.

En este sentido, Julio Loza aclaró que el informe de autorización del gobierno señala que para comenzar los trabajos de explotación “primero deberá definirse el bypass del camino, sea éste público o privado”. “Acá lo que hay que exigir a las autoridades provinciales es que se mantenga la traza actual del camino. Enviamos un pedido de informe a la Dirección de Vialidad y al gobernador hace varios meses, pero no hemos recibido respuesta”, señaló el edil.


“La reserva de Villa Allende es algo que está en los papeles. Tiene entidad enunciativa, pero no fáctica, y mientras siga así, se pone en riesgo a la población que vive en el bajo y al patrimonio natural e histórico que alberga”. Joaquín Deon, geógrafo e investigador.


Menor escala, gran impacto


Pero la minería no es el único peligro para la reserva y son muchas las aristas que rodean este complejo panorama. “Se dice que es tierra de nadie, pero en realidad es tierra de muy pocos y esos pocos dejan hacer lo que sea con tal de justificar una destrucción que amerite el cambio de uso del suelo”, reflexionó Deon al respecto.

La caza de animales autóctonos, como corzuelas, pumas y aves, es un riesgo siempre vigente, al igual que el desmonte ilegal. Al mismo tiempo, los circuitos de enduro, quads y motocross no autorizados han afectado “más de 100 ha en los últimos tres años”, denunció Joaquín. “Después del incendio se han abierto tres kilómetros de caminos nuevos y las motos están erosionando un suelo que necesita recuperarse”, reveló.

Según manifestaron desde el CMA, a pesar de tratarse de actividades de alto impacto ambiental que no cuentan con la habilitación correspondiente, la zona está “liberada por los propietarios”. “Constantemente hacemos denuncias. Viene la Policía Ambiental, los saca y, apenas se retiran, vuelven los motociclistas”, acusó García.

Riesgo latente


Aparte del daño directo que producen estas actividades a nivel ambiental, Joaquín señaló que lo preocupante es que luego se “plantea que los bosques ya están impactados” para justificar “cambios de uso del suelo”, que abren la puerta a los desarrollos inmobiliarios, una de las principales amenazas para el ecosistema de Sierras Chicas. 

El IPLAM mismo permite el cambio de uso del suelo por haber tenido impacto o por tener un proyecto de avance urbano concreto. En la práctica, habilita que se edifique en zonas de categoría roja o amarilla”, comentó Deon, aunque añadió que según la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial, estos emprendimientos deben ir acompañados de evaluaciones de impacto ambiental y audiencias públicas.

Sin embargo, el mayor peligro en materia de infraestructura es el proyecto del segundo anillo de circunvalación, que conectaría, a través de una gran autovía, las ciudades satélites cercanas a la capital cordobesa. “No sólo estamos luchando contra la cantera y los desarrollos inmobiliarios, que tienen muchos intereses en juego, sino también contra el mismo gobierno provincial. Es una pelea muy difícil, aunque por suerte la comunidad nos apoya”, señaló García al respecto.

La traba pretendida


Otro de los obstáculos que dificultan la efectiva consolidación del espacio natural es la falta de definición de los límites de la ciudad. En este sentido, el ejido pretendido de la Villa hacia el oeste avanza sobre la Reserva Los Quebrachitos, ubicada en Unquillo, situación que algunas voces han considerado como freno para la reglamentación del área protegida que reclama Villa Allende.

Según detalló Loza, desde la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia le señalaron a la Municipalidad que no deberían legislar más allá del límite hoy vigente. En este sentido, Deon apuntó que el gobierno provincial “no acelera la definición de los ejidos en las localidades donde hay minería porque les conviene que la regulación de esa actividad quede en sus manos”. Sin embargo, el geógrafo señaló que este no es un impedimento para que Villa Allende “garantice una presencia plena” y una “jurisdiccionalidad efectiva” en la zona.

En la misma línea, el concejal Loza reconoció que la potestad del municipio para actuar en la reserva “es plena”. “Nuestra Carta Orgánica establece que el ámbito territorial comprende el área de influencia de la prestación actual y futura de servicios, así como las actividades socioeconómicas y culturales que definan la pertenencia del territorio urbano y rural al municipal”, declaró el edil y añadió: “Tenemos una ordenanza que define la reserva y de alguna manera eso funciona como acto de posesión territorial”.

Primeros pasos


En este marco, el pasado 15 de septiembre, el Concejo Deliberante (CD) aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Patrimonial, Histórico, Cultural y Ambiental de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende.

Esto le otorga a la reserva un estatus superior dentro del esquema de bienes de la Municipalidad. Se establece un marco de interés, para avanzar hacia un plan de manejo, que, a mi entender, debe ser algo simple para que pueda efectivizarse rápido”, señaló Loza y anticipó que el Ejecutivo está trabajando en dicha normativa.



Vale aclarar que, paralelamente, el CD está tratando un proyecto de Ordenanza de Patrimonio Histórico y Cultural, elaborado por profesionales, técnicos y vecinos, junto al Consejo de Ambiente y el Consejo de Cultura, que reconoce más de 70 bienes arqueológicos y patrimoniales relevados por especialistas del Conicet en el territorio de la reserva.

El tema es que la Dirección de Patrimonio Histórico de la Provincia, que es la autoridad de aplicación en este sentido, tiene que visitar y estudiar cada uno de esos sitios, lo cual se ha demorado por el tema de la pandemia. Es un proceso lento”, explicó Loza. “Por eso, ante la expresión de los ciudadanos en la marcha del 5 de septiembre, el Ejecutivo planteó esta declaración de interés municipal, que es algo más rápido de aprobar, para demostrar que hay voluntad política de preservar la reserva”, añadió el edil.



Entretanto, la Reserva Hídrica y Recreativa Natural de Villa Allende sigue esperando su paso “del dicho al hecho”. “Necesitamos que el Ejecutivo nos acompañe. Por privado nos dicen que sí, pero en la práctica hace 18 años que esperamos la reglamentación. Y mientras la Municipalidad se demora, nuestra reserva se degrada más y más”, concluyó Agostina García. “El presente es el contraejemplo a cualquier protección y significa la destrucción garantizada de toda esa zona”, coincidió Deon.


“La declaración de interés municipal marca que hay voluntad política y que se trabaja para preservar la reserva. Más allá de las discusiones con la comunidad organizada, me parece que lo importante son los logros”. Julio Loza, Concejo Deliberante.


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De “el Chacho” Peñaloza a Victoria Ocampo 


Además de su riqueza natural, la reserva alberga en su interior valiosos vestigios del pasado y huellas de la presencia del hombre desde tiempos inmemoriales. Actualmente, hay 75 sitios arqueológicos patrimoniales registrados por Joaquín Deon y otros investigadores del Conicet, incluyendo instalaciones para molienda (con morteros y conanas) cuya antigüedad se estima en unos 2800 años. 

También tenemos El Chiviquín, que es como la frutilla del postre”, sonrió el geógrafo y explicó que se trata de una pirca ubicada en lo alto de las sierras que tiene 67 kilómetros de largo y se distingue por presentar “corrales espiralados con morteros en su centro y talleres líticos” (donde se producían raspadores, puntas de flecha, etc.).

Avanzando al periodo colonial, se puede apreciar la traza del Camino Real (del que aún se conservan tramos empedrados), que era la continuación de la Av. Goycoechea hacia el oeste y se metía en la quebrada del Pan de Azúcar, atravesando otro sitio histórico “clave”, que es la estancia jesuítica La Reducción de San José de Chipión (más tarde adquirida por el coronel Mendiolaza).

De aquella época también se cuentan espacios que tienen que ver con la planificación de conflictos bélicos (como el sitio donde el caudillo “Chacho” Peñaloza planificó con su ejército la toma de la ciudad de Córdoba en 1863, ubicado en cercanías de La Tranquerita), así como un gran patrimonio industrial minero histórico.

Más tarde comienzan a dominar el paisaje las residencias de veraneo, muchas veces creadas por grandes familias para salir de crisis sanitarias. Por ejemplo, Villa Esmeralda, un loteo nacido para tratar problemáticas de salud que fueron epidemia hasta la década del 50 (como la tuberculosis).

Finalmente, una de las mayores joyas es la estancia y casona La Reducción, que perteneció en primera instancia a un conde ruso, que llegó a Córdoba con su familia escapando de la revolución bolchevique. Con la idea de recrear su paisaje natal, contrató a Charles Thays, reconocido arquitecto francés que diseñó el jardín de la residencia. Más tarde, la vivienda perteneció a la familia Ocampo-Irman y fueron varios los veranos que las escritoras Silvina y Victoria Ocampo pasaron allí, con invitados célebres como Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges.