Posesiones de tierras en Salsipuedes, un obstáculo para el ordenamiento territorial 

Sociedad

Al momento de comprar un terreno, entre las opciones se encuentra la adquisición por posesión, que da el poder de disponer, usar y gozar materialmente de esa parcela de tierra sin llegar a ser propietario. Así, este puede cederse, ya sea de forma onerosa, es decir a través de la compra-venta, o bien puede darse de forma gratuita. 

“La particularidad de la posesión es que es un derecho real que puede ser ejercido por quien es dueño y por quien no lo es”, aclaró el Secretario de Gobierno de Salsipuedes, Leonardo Sánchez. De esta manera, se dan situaciones en que en un mismo terreno hay un propietario, hecho que está asentado en el Registro de la Propiedad de Córdoba, y el poseedor, que es quien hace uso de ese espacio. 

En el caso específico de Salsipuedes, Sánchez explicó que hay muchos loteos que datan de la primera mitad del siglo pasado y que se vendieron a personas de Buenos Aires. Muchos no avanzaron en la construcción de viviendas, y muchos titulares incluso ya han fallecido, detalló. Ante esta situación, comenzó la comercialización de las posesiones. 

El problema, según detalló, es que después de adquirir una posesión, se debe ordenar esa situación, ya que para ser finalmente titular se debe iniciar un juicio de usucapión. Por lo tanto, el funcionario relató que hay cesiones que las personas terminan comprando de buena fé, pero luego se encuentran con que son irregulares y que quien cedió la posesión tampoco la tenía. “Incluso tenemos casos en donde han aparecido varias personas a las cuales se les ha cedido una misma posesión”, detalló. 

Sin embargo, resaltó que esta no es una problemática aislada de Salsipuedes, sino que en general se observa en el corredor de Sierras Chicas, donde la situación se complejiza al entrar en conflicto con el ordenamiento territorial y las zonas de protección ambiental. De acuerdo a la Ley 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, hay zonas verdes, amarillas y rojas y en función de estos colores, es que se puede intervenir sobre las mismas. 

En zonas rojas no pueden habilitar nada y en zonas amarillas, deben derivar al Ministerio de Ambiente de la Provincia, comentó Sánchez, generando así una tensión entre municipio y vecinos que, muchas veces sin saber los detalles, se instalan y comienzan a demandar los servicios.

En tanto, hace cuatro años aproximadamente, la municipalidad creó la Oficina de Tierra, a los fines de ordenar e intentar avanzar en algún programa de ordenamiento. El Secretario de Gobierno explicó: “Nosotros como estado necesitamos regular esto, no solo a los fines impositivos de poder recaudar el impuesto o tasa, sino para poder tener un crecimiento ordenado de la ciudad”. 

Expropiar para proteger 

Teniendo en cuenta el mapa provincial de bosques, Sánchez detalló que “en los barrios Plasman y Amuchastegui, se identificaron zonas de protección ambiental”. “En la manzana 56 de barrio Plasman, que es la que se expropió de manera total, se encuentra un acuífero de calidad que puede ser explotado y que permitiría proveer agua de calidad”, comentó. 

Justamente esa zona es la que se encuentra más intervenida, con 8 viviendas de las cuales 2 se encuentran habitadas de manera permanente. Al respecto, informó: “Había una empresa muy irregular que estaba vendiendo cesiones onerosas y lo estaba haciendo totalmente fuera de norma”. Además, relató que los vecinos comenzaron a demandar los servicios y se encontraron con que era zona roja y que además la empresa no estaba formalmente constituida.

Ante esta situación, decidieron presentar el proyecto de “Declaración de Utilidad Pública y Expropiación Total de la Manzana 56 de Barrio Plasman y Amuchástegui Sección C”, alegando la protección ambiental y del acuífero. Aunque la ordenanza fue aprobada por el Concejo en marzo, todavía se debe continuar con el proceso administrativo para ordenar la situación de esas tierras.

En esta línea, Sánchez comentó que uno de los puntos contempla que tendrán que convocar a las personas que viven en esa zona. “Nosotros como estado municipal vamos a tener que generar un espacio de diálogo para ver qué solución se le da a esos vecinos que ya están instalados y como continuamos preservando esa manzana”, expresó. 

Acciones en conjunto

El secretario señaló que para encontrar una solución a esta problemática, son muchos los actores que deben involucrarse, como por ejemplo la provincia. “Pretender que desde el municipio solucionemos este problema de la tierra, es tener una mirada sesgada”, expresó.

Aún así, desde la gestión están buscando instrumentos legales y averiguando cuáles son las mejores políticas públicas que pueden implementar. “Esta ley que pintó de tres colores el mapa de la provincia de Córdoba, en los términos en las que está, a nosotros nos resulta imposible poder defenderla íntegramente”, admitió. Entre las razones, enumeró la falta de herramientas, recursos humanos, técnicos y económicos, que les permita  ejercer un control efectivo para que se cumpla la finalidad de la normativa, que es la protección del bosque nativo. 

A su vez, señaló que le han manifestado a la provincia la necesidad de un instrumento legal más fuerte, como puede ser una fiscalía contravencional ambiental, que les permita actuar ante los avances en zonas de protección. “Cuando hacemos una denuncia por  usurpación, que es cuando alguien te posee un terreno, muchas veces queda en eso, en una denuncia”, detalló. Asimismo, señaló que “más allá de mandar los inspectores a las zonas de suspensiones a que comuniquen a los vecinos que ya están instalados, no hay más acciones que puedan hacer en términos institucionales”.

Por lo pronto, además de la expropiación, han comenzado con una campaña de señalización en todas las zonas que son de protección ambiental, aclarando que antes de comprar cualquier lote o derecho posesorio se acerquen a verificar al municipio. “Es la única fuente oficial de información para que tomen los recaudos -resaltó- y sepan en qué lugar pueden comprar un terreno sin ningún tipo de inconveniente”. 

Mientras tanto, aseguró que continúan aunando criterios con el Ministerio de Ambiente para generar instrumentos legales efectivos. “Nosotros estamos reclamando la declaración de ciudad; los vecinos siguen demandando cada vez más servicios con una infraestructura que hoy no está en condiciones para una población que ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años”, cerró Sánchez.