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La crisis del transporte público es una constante del escenario local y provincial hace varios años. Aumentos de tarifas, paros, reducción de frecuencias, mal estado de las unidades y otros problemas que aquejan al sistema, han entorpecido la cotidianeidad de los usuarios desde siempre.
Sin embargo, ninguno parece equipararse a la situación desatada por la pandemia del SARS-CoV-2. Hoy, con el mundo en vela y un país que continúa en cuarentena intermitente, la demanda de transporte público ha disminuido notablemente y la caída de los ingresos es de las peores registradas.
Días previos a la instauración del aislamiento, la situación ya se avizoraba tormentosa. El 13 de abril, ante la suspensión de algunos trabajadores y el atraso en el pago de los haberes, Aoita (Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor) decidió resentir las actividades, dejando a Sierras Chicas sin colectivos urbanos ni interurbanos.
Así comenzó un nuevo episodio de esta puja legendaria que enfrenta a tres protagonistas: los gremios de trabajadores, el Estado y las empresas prestatarias, nucleadas en Fetap (Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros). Hoy, tras más de tres meses de paro, el conflicto se encuentra en su pico de tensión.
Mientras tanto, el contexto sanitario plantea otros interrogantes en relación al futuro del sistema de transporte. ¿Cómo se mantendrá el distanciamiento social en un escenario donde abunda la postal de los colectivos abarrotados? A pesar del establecimiento de algunos protocolos y medidas para viajar de manera segura, el retorno al modelo habitual está lo suficientemente lejos como para que la premisa reinante sea la incertidumbre.
Menos boletos, misma necesidad
Por la falta de colectivos, muchos ciudadanos se ven obligados a realizar gastos significativos en taxis y remises. Foto E. Parrau/El Milenio.
Aunque con la suspensión de las clases y muchas actividades productivas las demandas de movilidad son menores, algunos rubros y profesiones continuaron su trajín durante el aislamiento, y otros se han reincorporado a la vida laboral con las sucesivas flexibilizaciones. Sin opciones públicas, muchos trabajadores de Sierras Chicas quedaron a la deriva y deben recurrir a vehículos propios o a taxis y remises, cuando no se ven obligados a recorrer largos trayectos a pie o en bicicleta.
“Siempre me manejé en colectivo y ahora tengo que ir en auto, me cuesta muchísimo”, comentó Agustina Fenosi, licenciada en Nutrición que se desempeña en el Sanatorio Mayo. Vecina de Río Ceballos, debe viajar todos los días a Córdoba y costear la nafta, el peaje y el estacionamiento, lo que suma un total de 900 pesos por jornada.
Alejandra Armas, de la misma localidad, es enfermera y también trabaja en una empresa capitalina. Frente a la imposibilidad de trasladarse como siempre lo hizo, tuvo que recurrir a diversas alternativas, desde vivir temporalmente con su madre para estar más cerca de su lugar de trabajo, hasta recorrer largas distancias caminando. “Estamos cansados, nuestra vida se complicó muchísimo”, lamentó.
Mientras tanto, Aoita reconoció que la medida de fuerza terminó siendo “funcional” al Estado y a las empresas, lo cual demora su resolución. “Para el gobierno, esto fue la excusa perfecta para que no haya transporte de pasajeros, por una cuestión sanitaria, y los empresarios aprovecharon que no tienen ningún tipo de presión, ni del Ministerio de Trabajo ni de la Secretaría de Transporte, y se mantuvieron en una postura inflexible”, declaró Claudio Luna, secretario gremial de Aoita, en diálogo con El Milenio.
Cronología de una crisis anunciada
La deuda de las empresas prestatarias con Aoita y Ositac (obra social del gremio) ascendería a 134 millones de pesos. Foto gentileza La Voz del Interior.
Para el sindicato de los chóferes, el conflicto comenzó antes de decretarse la cuarentena total. “El 13 de marzo, cuando se cerraron los colegios, solicitamos una mesa de trabajo para discutir cómo íbamos a tratar el tema de la pandemia en términos de seguridad e higiene, pero también anticipando que íbamos a tener problemas con los salarios”, recordó Luna.
En ese momento, el pedido no obtuvo respuesta, y la reunión finalmente se concretó el 23 de marzo, con el aislamiento obligatorio ya vigente. Allí les comunicaron la suspensión de trabajadores, puesto que el servicio “estaba restringido a muy pocos coches”.
El 4 de abril, el gremio comenzó a reclamar por los suelos de marzo y, cinco días después, fueron convocados a una audiencia. “Ellos sostuvieron que no tenían plata y que no podían afrontar los gastos. Nosotros consideramos que, con el dinero de los subsidios (que ahora reciben plenos porque no hay gastos operativos), podrían abonarse los sueldos, pero la negativa fue rotunda y no nos quedó otra alternativa que tomar una medida de fuerza”, señaló el secretario gremial.
Así comenzó un paro que bate récords históricos y ya supera los cien días. A lo largo de este tiempo, distintas negociaciones intentaron destrabar la problemática. El 1 de junio se abonó el mes de marzo en su totalidad y ambas partes acordaron que abril y mayo se pagarían al 75%, el cuarto día hábil de junio. Asimismo, la deuda generada se abonaría en dos tramos, el 20 junio y el 20 julio. “Este compromiso no estaba supeditado a factores externos y, sin embargo, las empresas no cumplieron con lo pactado”, enfatizó Luna y agregó que el 19 de junio se saldó solamente entre el 68% y el 70% del pago correspondiente.
El 3 de julio, Fetap abonó la primera cuota de la deuda (que debía pagarse el 20 del mes anterior), pero quedaron pendientes otros puntos sin resolver. “Los sueldos de junio están sin discutirse y también se venció el aguinaldo. Ahora estamos peor que el primer día”, sentenció Luna. En ese marco, la deuda de Fetap con los trabajadores hoy superaría los 130 millones de pesos.
Sin diálogo
Provincia y Nación afirman que los subsidios llegan en tiempo y forma. Por su parte, las empresas aducen que no tienen el dinero para los sueldos. Foto E. Parrau/El Milenio.
Según indicó el secretario gremial de Aoita, actualmente predominan los “diálogos informales”, pero no hay avances “No tenemos ningún canal oficial para discutir, la mesa de negociación que planteó el Ministerio de Trabajo es nula. Podríamos acordar informalmente e ir a firmar lo hablado, pero tampoco sucede”, agregó el representante.
Foto E. Parrau/El Milenio.
A su vez, desde el sindicato denuncian el desconocimiento de los “números reales” de los montos que reciben las empresas a través de los subsidios, nacionales y provinciales. Ante esta situación, presentaron una medida de prueba anticipada a la Justicia, para conseguir información veraz y “discutir desde la igualdad”.
No obstante, ésta fue rechazada. “Consideraron que era un reclamo individual y pidieron la firma de todos los trabajadores, algo imposible con el aislamiento vigente”, explicó Luna, aunque señaló que no descartan apelar la decisión.
Futuro incierto
Foto E. Parrau/El Milenio.
Otra cuestión preocupante para el gremio de los trabajadores es la posibilidad de que se produzcan despidos. Si bien se estableció una cláusula de estabilidad laboral por seis meses, desde Aoita estiman que a fin de año quizás tengan tarea efectiva sólo la mitad de los trabajadores actuales.
Un comunicado difundido por Fetap el 17 de julio sostiene que “la emergencia sanitaria aceleró y profundizó dificultades crónicas del sector” y que el sistema de transporte de Córdoba enfrenta “una crisis terminal, cuya gravedad no amenaza solamente a la continuidad de las empresas, sino también el futuro de 4200 trabajadores“.
Para contener un eventual panorama de despidos masivos, el gremio de los choferes anunció que planea crear cooperativas de trabajo. De esta forma, si alguna empresa quiebra y no puede seguir prestando el servicio, los empleados se harían cargo de la institución.
Fuentes del Gobierno Nacional declararon a El Milenio que la pérdida de puestos de trabajo “está clara”, ya que, en el contexto actual, se considera inviable un sistema que sostenga la misma cantidad de trabajadores.
Además, aseguraron que desde la estructura nacional se pagó lo debido y que no habrá más intentos conciliatorios, “por una cuestión presupuestaria”. “En materia de transporte, Córdoba recibía 102 millones de pesos en la gestión anterior y, a partir de un nuevo convenio, se aumentó ese monto a 295 millones por mes”, informaron. El acuerdo, que originalmente finalizaba el 30 de abril, se extendió hasta agosto a raíz de las circunstancias económicas y sanitarias.
Por su parte, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) eximió a las empresas de los aportes patronales, lo cual les habría permitido un ahorro de 60 millones de pesos. A eso se suma el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), aunque Luna aclaró que solo dos empresas (que no reciben otros aportes) accedieron al beneficio, “por ende no llegó a todos los interurbanos”.
Mientras tanto, desde la Provincia informaron que se ejecutaron los pagos correspondientes y que esta situación “los excede“. Asimismo, apelaron a lograr una resolución del conflicto en la mesa de trabajo conformada, aunque por el momento señalaron que “no hay novedades“.
En cuanto al sector empresarial, El Milenio solo pudo comunicarse con Gabriel Ledesma, representante del Grupo Fono Bus, quien declaró que “la empresa está en contacto con el sindicato a través de la Cámara, en busca de una pronta salida”.
El colectivo en tiempos de pandemia
Una de los principales desafíos será conservar el distanciamiento en horarios pico, cuando los colectivos viajan totalmente llenos. Foto archivo El Milenio.
A la problemática situación económico-política del transporte, se suman los cambios que va a demandar la “nueva normalidad” cuando se levante la protesta. Los protocolos previstos proponen que las unidades viajen al 60% de su capacidad, evitando que los usuarios permanezcan de pie y reduciendo al mínimo el contacto con el chofer, entre otros puntos. Además, se anticipa que cambiarán los patrones de movilidad (más personas apelarán a la bicicleta o al auto compartido), lo cual también impactará en la recaudación de las empresas.
Gabriel Bermúdez, quien pasó de la cartera de Transporte provincial a la nacional, señaló a El Milenio: “Se está tratando de dejar a los sistemas masivos (que son en una política de Estado en todo el mundo) en un estado de hibernación”. “En esta coyuntura, se usan más autos particulares o taxis, pero no es sustentable en el tiempo”, reconoció.
En este sentido, anticipó que, a pesar de las complejas condiciones, la idea del gobierno es mantener el modelo de transporte público, aunque con nuevas directivas. “No hay que dejar que se caiga el sistema. Se consolidó mucho en los últimos años y, si cambiamos ese eje, después va a costar demasiado volver a instaurarlo”, sostuvo el actual subsecretario nacional de Transporte Automotor.
Si bien hoy ya rigen determinados protocolos y recomendaciones, Bermúdez dijo que son “demasiado estrictos” (como la inhabilitación de las primeras filas de asientos) y que deberán “aggiornarse”, porque “ningún sistema de transporte aguanta los costos de esa manera”. “Casualmente es masivo para que los pasajeros, pagando una tarifa baja, sustenten los gastos operativos”, remarcó.
“El distanciamiento va a seguir, no va a viajar gente parada, porque aparte hay miedo”, insistió y concluyó: “Es una buena oportunidad para que se empiece a invertir en transporte limpio, con nuevas energías. El tema del gas y el biodiesel van a volver a estar en la agenda de gestión”.
