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Interurbanos adaptados: una deuda pendiente

Norma Sánchez, presidenta de la Fundación Derechos Sobre Ruedas, resaltó la falta de interés por parte de las empresas de transporte y el gobierno en adquirir colectivos especiales. En toda la provincia, sólo Fono Bus cuenta con una unidad adaptada.

Norma Sánchez, presidenta de la Fundación Derechos Sobre Ruedas, resaltó la falta de interés por parte de las empresas de transporte y el gobierno en adquirir colectivos especiales. En toda la provincia, sólo Fono Bus cuenta con una unidad adaptada.

“Sin transporte adaptado no hay acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento, ni a la vida digna”. Resolución N° 133. Foto de archivo.

Viajar desde Sierras Chicas hacia la capital cordobesa es una odisea para los usuarios de silla de ruedas. La gran mayoría de las empresas de transporte interurbano no tienen colectivos accesibles, pese a que existe una reglamentación de diciembre de 2013 que solicita que las mismas cuenten, por lo menos, con una unidad adaptada.

Siete años después de su sanción, sólo Fono Bus ha atendido la normativa, aunque cuenta con un solo colectivo adaptado para toda la provincia y el mismo no tiene un recorrido establecido, sino que es necesario solicitarlo con anticipación a la empresa para contar con sus servicios.

El Milenio dialogó con Norma Sánchez, presidenta de la Fundación Derechos Sobre Ruedas, con el objetivo de conocer cómo es el panorama actual de las personas con discapacidad motriz que necesitan viajar a la ciudad de Córdoba en colectivos interurbanos.

Según explicó Sánchez, la mencionada unidad de Fono Bus viaja de Córdoba a Monte Cristo, llevando y trayendo a dos jóvenes usuarios de sillas de ruedas al colegio. Fuera de esa situación particular, no existen más recorridos para otras localidades.

“Conocemos chicos de Carlos Paz que quieren iniciar una carrera universitaria y no tienen transporte para viajar a la capital”, apuntó Sánchez. Desde la fundación, aseguran que el principal problema que se debe resolver, es la ausencia de empatía de todos los involucrados. “Falta ponerse en el lugar del otro”, afirmaron.

Una relación difícil. A mediados del mes de julio, desde la fundación se comunicaron con Gabriel Bermúdez, Secretario de Transporte de la Provincia, quien les manifestó que es muy difícil que las empresas prestatarias del servicio inviertan en más unidades adaptadas.

“Supongo que es complicada la relación con los empresarios. Ellos dicen que no, porque es caro. Nosotros no les decimos que compren doscientos coches, con que compren diez, sería suficiente”, manifestó la presidenta de Derechos Sobre Ruedas.

En una entrevista realizada por La Voz del Interior en diciembre de 2018, Bermúdez aseguraba que, si bien la ley se encuentra en vigencia, desde las empresas aseguran que no existen fábricas en el país que vendan la carrocería necesaria. “Está la ley, pero no hay fábricas que hagan carrocerías con rampas para media y larga distancia”, sostuvo en aquella ocasión.

“No les pedimos que compren doscientos coches, con diez unidades sería suficiente. Falta ponerse en el lugar del otro”, afirmó Norma Sánchez.

El pasado 12 de agosto, la fundación mantuvo otra reunión, esta vez con Fetap (Federación de Transporte Automotor de Pasajeros), para insistir sobre la necesidad de adquirir más unidades adaptadas.

Allí fueron recibidos por el presidente de la institución, Enzo Noriega, y Miguel Tolosa, de Coniferal, pero sólo obtuvieron una respuesta similar a la del Secretario de Transporte. “Los de Fetap aducen que ya no quedan industrias que realicen ese trabajo en los colectivos, habría que investigar a las carroceras”, señaló Sánchez.

Además, comentó que desde la Federación de Transporte apuntan que es deber del Estado exigir el cumplimiento de la reglamentación y, mientras eso no se produzca, están atados de manos. “Los empresarios se tiran la pelota con el Estado, consideran que es quien debe exigir el cumplimiento de la ley”, expresó la representante de Derechos Sobre Ruedas.

Por el momento, la referente de la fundación anticipó que ya tienen pactada un nuevo encuentro donde, además de Fetap, estarán presentes integrantes de la Secretaría de Transporte de la Provincia y Aoita. “Allí, con ordenanzas, resoluciones y leyes en mano, vamos a conversar”, afirmó Sánchez.

En Argentina, el 10,2% de la población mayor de seis años tiene alguna clase de dificultad y, en el 48,8% de los casos, es de tipo motora (Fuente: Indec 2018).

Los problemas de los usuarios con discapacidad del transporte público no terminan ahí, ya que, aparte de quedar excluidos muchas veces del servicio, les exigen determinados documentos para subir al colectivo.

“Si no tenemos el certificado de discapacidad en orden, con fotocopia y DNI, no te dejan viajar. Encima que nos ven en sillas de ruedas, tenés que llevar toda la papelería”, se quejó. Vale señalar que, según datos del Indec, 6 de cada 10 personas con dificultades que afectan a su desenvolvimiento diario no tienen certificado de discapacidad.

Qué dice la ley. La resolución ministerial N° 318 fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de 2013, junto con la número 133. En aquella oportunidad, se estableció que, sin transporte adaptado, “no hay acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al esparcimiento, a tener una vida digna”.

Resaltando, a su vez, que era una “prioridad” para la Secretaría de Transporte “la supresión de las barreras físicas existentes, con el fin de que las personas con movilidad y/o comunicación reducida pudieran desplazarse de manera independiente”.

De estas leyes se destacan dos cuestiones importantes. Por un lado, la resolución N° 318 establece la supresión de la normativa anterior que exigía que una persona con discapacidad viajara obligatoriamente con un acompañante.

Así, se busca respetar la autonomía de los titulares de los Pases Libres por Discapacidad, quienes deberían poder viajar de forma libre y gratuita por todo el territorio provincial sin más determinación que la propia voluntad.

Martín Aguirre es uno de los tantos usuarios de silla de ruedas que se ven excluidos del sistema de transporte interurbano (Foto gentileza La Voz del Interior).

“Las empresas de transporte automotor interurbano de pasajeros se encuentran obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad, sin poder exigir la presencia de su acompañante, aun cuando el certificado de discapacidad indique la necesidad de uno”, dice la normativa.

Es decir, independientemente de que las unidades no se encuentren adaptadas, si un chofer observa que un usuario de silla de ruedas requiere su servicio, está obligado a dejarlo subir. Sobre este punto, la fundación aclara que el conductor no tiene la obligación de ayudarlo, pero sí la de estacionar justo frente a la acera y esperar pacientemente que la persona con discapacidad pueda subir por sus propios medios o con ayuda externa.

En segundo lugar, la resolución N° 133, adhiriendo a la Ley Nacional N° 22.431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, busca que las empresas prestatarias del transporte público incorporen unidades adaptadas para las personas con movilidad reducida o discapacidad motriz.

En la provincia de Córdoba, 157.700 personas poseen un certificado de discapacidad, aunque el censo de 2010 registró 402.512 ciudadanos con alguna “dificultad o limitación permanente”.

No obstante, vale aclarar que dicha resolución sólo establece las especificaciones técnicas que deben reunir las unidades accesibles que se incorporen al sistema interurbano de transporte de pasajeros, que se identificarán con el “Símbolo Internacional de Acceso”; al tiempo que se limita a “invitar” a las empresas prestatarias del servicio a que, de forma progresiva, vayan adquiriendo colectivos adaptados.

Irónicamente, la nota de prensa publicada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba que anunciaba la sanción de aquella reglamentación, llevaba por título: “Discapacitados ya viajan solos en los colectivos interurbanos”.

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Defendiendo derechos. La Fundación Derechos Sobre Ruedas nació en agosto de 2012 y desde esa fecha tiene por objetivo “defender los derechos de las personas con discapacidad motriz”. De hecho, una de sus metas originales era que la Municipalidad de Córdoba solicitara la incorporación de transporte adaptado en la ciudad.

Una de sus fundadoras y actual presidenta es Norma Sánchez, quien también fue integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Accesibilidad. Este organismo tenía por objetivo “garantizar el acceso, en forma autónoma, a los servicios de transporte público, a todos aquellos pasajeros que presenten dificultades motrices de carácter permanente o transitorio”.

Fue este Consejo el que se encargó de la redacción de la resolución ministerial N° 318, junto con el Ministerio de Transporte. Aunque actualmente el órgano se encuentra disuelto, el trabajo de Norma Sánchez y la Fundación Derechos Sobre Ruedas continúa.

Entre las diversas actividades que realiza la fundación, se destacan: charlas de capacitación en escuelas y centros educativos para dar a conocer la problemática de las personas con discapacidad y usuarios de silla de ruedas, difusión de “lugares amigables” (espacios públicos en todo Córdoba que se encuentren debidamente habilitados para personas con movilidad reducida) y la promoción de actividades deportivas adaptadas en toda la provincia.

En Villa Allende, hay 754 casos auto reconocidos de personas con discapacidad motriz, según un estudio del año 2013.

En el año 2015, la fundación llamó la atención de los medios de comunicación cordobeses al lanzar una calcomanía destinada a aquellos autos que bloqueen rampas. Las mismas tenían leyendas como “Soy un salame, tapé una rampa” y se repartieron en varios puntos de la ciudad.

“En los centros de rehabilitación te enseñan a ser autónomo. Las sillas sirven para que nos movamos solos, pero en la ciudad es imposible. Hay lugares en los que sólo nos queda ir por calle”, contó Sánchez a la prensa.

Además, desde Derechos Sobre Ruedas se estima que hay aproximadamente 4000 usuarios de silla de ruedas en la ciudad de Córdoba. Por su parte, un estudio encarado por la Municipalidad de Villa Allende y el Instituto Educativo Paula Albarracín en el año 2013 reveló que hay 754 casos auto reconocidos de personas con discapacidad motriz en dicha ciudad.

Para comunicarse con la institución, se puede llamar al teléfono (351) 5739265 o por medio de su página de Facebook: Derechos sobre Ruedas. La sede principal se encuentra en Faustino Allende 11, B° Cofico.

Carrera de obstáculos. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2011 señala que existen “obstáculos discapacitantes” por parte del Estado y de las empresas prestadoras de servicios públicos, que impiden una correcta integración de las personas que presentan alguna discapacidad. Entre estos impedimentos o trabas se mencionan:

  • Políticas y normas insuficientes: La formulación de políticas públicas no siempre tiene en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, o bien no se hacen cumplir las políticas y normas existentes. Tal es el caso del transporte, donde pocas empresas cumplen con la reglamentación referida a la tenencia de unidades adaptadas y las pocas que hay, son insuficientes.
  • Falta de consulta y participación: Muchas personas con discapacidad están excluidas de la toma de decisiones en cuestiones que afectan directamente a su vida. Por ejemplo, cuando no pueden decidir y controlar cómo se les presta apoyo en sus hogares.
  • La falta de accesibilidad: La imposibilidad de contar con un transporte público accesible es uno de los principales motivos que desalientan a las personas con discapacidad a estudiar y/o trabajar, al tiempo que les impide acceder a una adecuada atención en salud.

De esta forma, la OMS recomienda como política estatal la creación de entornos favorables para eliminar los obstáculos en los espacios públicos, mejorar el transporte, la información y comunicación, con el fin de lograr que las personas con discapacidad participen en la educación, empleo y vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia.

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