Mendiolaza: Una red que trabaja por la discapacidad

Por: Laureano Gonzalez, Felipe Triquell, Ignacio Cruceño y Gonzalo Agüero 4° IENM

La inclusión de las personas con discapacidad no depende únicamente de la existencia de espacios de atención, sino también de que puedan sostenerse en el tiempo, ser accesibles y responder a las necesidades de quienes los utilizan. En ese entramado participan instituciones educativas, centros de día, hogares, equipos de apoyo a la inclusión escolar y servicios de rehabilitación, entre otros. Reunir sus experiencias y llevar sus demandas a los espacios de decisión es uno de los objetivos de la Federación Converger, una organización de la provincia de Córdoba que nuclea a más de 45 instituciones vinculadas al sector.

Silvana Blanco, licenciada en Psicología y presidenta de la federación desde hace dos años, explicó que el espacio surgió hace dos décadas y media, ante la necesidad de unir esfuerzos para defender los derechos de las personas con discapacidad y acompañar la realidad de las organizaciones que trabajan con ellas. Su funcionamiento es horizontal: las instituciones que la integran participan de las decisiones y definen en conjunto las acciones y los espacios en los que buscan tener representación.

Así, Converger participa en ámbitos como la Comisión Provincial de Discapacidad y el Foro Nacional, donde puede trasladar las experiencias del territorio y ponerlas en diálogo con las de otras federaciones. Para Blanco, esa articulación resulta fundamental porque las condiciones de acceso a los servicios no son iguales en toda la provincia. Incluso dentro de Córdoba, hay personas que deben recorrer decenas de kilómetros varias veces por semana para recibir rehabilitación o llegar a espacios educativos y de atención.

El transporte, la disponibilidad de profesionales y la continuidad de las prestaciones forman parte de una red de apoyos que permite desarrollar la vida cotidiana con mayor autonomía. Sin embargo, la presidenta advierte sobre las dificultades que atraviesan las instituciones y las familias para sostener esos servicios. En este marco, la Ley 24.901 establece las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, pero, según señaló, los desfases en los valores que se abonan y los problemas de cobertura de algunas obras sociales y programas de salud complican el acceso y la continuidad de la atención.

Por lo tanto, la institución exige la prórroga de la Ley de emergencia en discapacidad 27.793 (sancionada el año pasado) hasta diciembre del 2027. Además, rechazan el proyecto oficialista “Fortalecimiento, sostenibilidad y garantías de los derechos de las personas con discapacidad”  que busca reemplazar a la actual normativa de emergencia y que ya cuenta con mayoría en diputados.

El Milenio: ¿Por qué es urgente y vital prorrogar la ley de emergencia de discapacidad hasta diciembre de 2027?

Silvana Blanco: Lo que el sector pide es prorrogarla porque no se cumplió. Esa ley decía «ajusten aranceles a partir de un estudio de costos» y no se hizo, no se adecuaron. Había un reajuste, también arancelario, que se llamaba compensación, que tenía que ver con el desfasaje enorme. No se abonó la compensación en ningún momento. Se cortaron las cadenas de pagos y está siendo muy acotada la posibilidad para las personas con discapacidad que no tienen ningún otro recurso de acceder.

Hay 227.000 pensiones que se solicitaron a lo largo y ancho de todo el país y solamente se han otorgado unas 10.000. Ha habido quita de pensiones con toda una intervención que fue sumamente violenta en la forma de comunicación, en la forma de cómo se trataron efectivamente a las personas con discapacidad. También una de las cosas que pedía la ley era el acceso a las pensiones y con un sistema claro. Nadie se niega a las auditorías y celebramos que se hagan, pero siempre con respeto.

Entonces, las instituciones tuvimos que llevar adelante amparos colectivos para que se cumpliera la ley y asimismo el gobierno no cumplió. El miedo que tenemos todos es que, una vez vencida, todo eso definitivamente no se cumpla, por eso pedimos una prórroga ya que sigue siendo un paraguas legal, porque las acciones que estamos llevando adelante a través de la justicia, en algún momento va a hacer que se cumpla. El gobierno presentó otra ley que nadie conocía, que no se escuchó a ninguna persona con discapacidad y se plantea como superadora. Ante esa situación básica de no poder participar y de no escuchar a las personas con discapacidad ni a las organizaciones y demás, es que en principio se pide la prórroga de la ley de emergencia.

EM: ¿Cuál es el diagnóstico actual que hace la Federación sobre la situación de las instituciones prestadoras en la provincia de Córdoba?

SB: Desde hace varios años es una situación de mucha vulnerabilidad y fragilidad. Nos hemos tenido que organizar y participar mucho más en espacios donde hemos tenido que discutir y defender cuestiones básicas sobre cómo se habla de una persona con discapacidad. Por ejemplo, hace un par de años aparecieron de nuevo palabras como idiota, retrasado, que ya no usamos y que nadie debería usar. Ahora, la situación de las instituciones es de mucha fragilidad porque ha habido recortes que han afectado su posibilidad de sostenimiento, que es a partir de los aranceles que cubren las obras sociales y que están fijados en la Ley 24.901.

EM: ¿De qué manera podría ayudar la sociedad para apoyar esta causa?

SB: La participación de los distintos espacios de la sociedad es fundamental. En lo que es la prensa, creo que nos está acompañando, con todo lo que tiene que ver la difusión, no solamente de la queja, sino de los espacios de vida que hay.

Y por ejemplo, cuando una persona acompaña a una persona ciega a cruzar una calle, no es una forma de pensar solo que el otro necesita algo, sino que como prestar el cuerpo, prestar los dispositivos, darle la posibilidad preguntando «¿cómo te puedo ayudar?». Entonces eso no es solamente una pregunta, sino una actitud frente al otro.

Aclaración: Al cierre de esta edición, el pedido de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad aún no había sido tratado en la Cámara de Diputados. La sesión prevista para el 15 de octubre no se llevó a cabo por falta de quórum.