Redacción: Karina Lombardi y Lucía Argüello.
Tras largos meses sin lluvias, la noche del domingo 22 de octubre trajo por fin algo de alivio para las resecas tierras de la región serrana. Sin embargo, las condiciones hídricas continúan en estado de alerta y el panorama podría agravarse ante las altas temperaturas previstas para el verano.
Desde la Coop. De Obras y Servicios Río Ceballos Ltda. confirmaron la gravedad de la escena actual. “En agosto no cayó ni una gota y en septiembre apenas unos cinco milímetros, cuando tenemos un promedio anual de 36. El acumulado anual está muy por debajo del promedio histórico y esto hace que la situación sea preocupante”, señaló Miguel Martinesi, gerente de la institución.
El Dique La Quebrada, aunque todavía lejos de su bajante más aguda, hoy se encuentra a ocho metros por debajo del nivel del vertedero y, según indican desde la cooperativa, continúa descendiendo entre tres y cinco centímetros por día.
Si bien en abril de este año finalmente se activó el primer tramo del tan esperado Acueducto Sierras Chicas Norte (que trae agua subterránea del paraje La Puerta), el alivio duró poco para la región. A mediados de octubre, Salsipuedes, una de las ciudades más complicadas con el abastecimiento del recurso, anunció que quedaba suspendida la habilitación de nuevas tomas de agua por 60 días.
El lado económico de toda crisis
Aunque las obras traen paliativos, la problemática de fondo está atravesada por muchos factores. Para Joaquín Deon, geógrafo, investigador del Conicet y vecino de Sierras Chicas, “la crisis hídrica es una fase más de la crisis sistémica que vivimos”, donde un pequeño porcentaje de la población “se toma la atribución de decidir cómo se explotan los recursos naturales de todo el mundo”.
“El agua está siendo acaparada en las cuencas, porque las tierras están siendo acaparadas por grandes grupos de poder, que se están quedando con las serranías de amplios territorios y deciden sobre el uso y el manejo del agua. Se están devorando el bosque, pero también se están devorando la cuenca”, denunció el profesional, sin ocultar su indignación.
En este marco, apuntó contra los agentes privados “que llevan inversiones inmensas para beneficio propio”, explotando los recursos hídricos con perforaciones cada vez más profundas o sistemas de riego para actividades deportivas de alto impacto ambiental (como una cancha de golf).
A esto se suma (o resta) el accionar de otros grandes actores como las empresas ganaderas, las canteras de explotación minera (como El Gran Ombú en Villa Allende), el mercado inmobiliario y el Estado, a través de la ejecución de autovías y otras obras de infraestructura donde el cuidado ambiental no parece ser una prioridad.
Dos caras del mismo problema
Así, más allá de fenómenos climáticos como La Niña (que ayudan a explicar las bajas precipitaciones de los últimos dos años), Deon pone el ojo en estas actividades que deterioran la cuenca y, a la vez, consumen “agua dulce a granel”. “Son acaparamientos egoístas y hasta violentos que entraman situaciones muy dañinas y, en definitiva, destejen los lazos de las comunidades y las personas con el monte”, denunció el investigador.
A su vez, señaló que los desmontes y los incendios van de la mano como “herramientas de despojo”, que obligan a la gente a abandonar los territorios que habitaron históricamente, dejándolos abandonados de vida y permitiendo posteriores cambios en el uso del suelo, es decir, transformaciones de la cubierta vegetal que habilitan que las tierras sean empleadas con otra finalidad.
Esta destrucción ambiental convierte a la cuenca media y alta en un “tobogán” y, cuando finalmente llueve, el agua baja por las laderas llevando cada vez más velocidad en una escena muy conocida: las inundaciones.
Al perderse las regularidades precipitacionales, las crecidas fuertes que antes sucedían con un intervalo de 7 a 14 años, hoy pueden darse casi anualmente, como sucedió entre 2012 y 2016 en Sierras Chicas. “Desde la década del 2000 en adelante, el deterioro de las cuencas afectó completamente las dinámicas hídricas, las sequías se hicieron más agudas y las inundaciones, más seguidas”, confirmó Deon.
¿Qué prioriza el Estado?
Aunque tras la inundación del 2015 se tomaron medidas para disminuir los riesgos de futuras crecidas, para el investigador oriundo de Villa Allende, estas no han sido acompañadas “de una conciencia colectiva ni una disminución de los impactos ambientales en la cuenca”.
Por el contrario, tras la catástrofe se continuaron realizando desarrollos inmobiliarios, incluso en aquellos inmuebles que fueron gravemente afectados por el agua. “En muchos lotes se han edificado unidades habitacionales mayores a las que había antes. Donde había una casa, ahora hay un housing”, resumió Deon y señaló lo ocurrido en barrio Las Rosas de Villa Allende y en Mendiolaza, con la construcción de 33 viviendas en zona inundable.
Una vez más, la depreciación del inmueble va de la mano con el acaparamiento inmobiliario. Y lo mismo sucede con las áreas incendiadas. Aunque las leyes vigentes no permiten cambios de uso del suelo en zonas quemadas, el profesional advirtió que muchos funcionarios “encuentran artilugios para favorecer a estos grupos empresariales, de los que muchas veces forman parte”.
En un contexto donde el agua llega a cotizar como valor de mercado, Deon propone el concepto de “justicia hídrica”, “donde exista un acceso igualitario al recurso y donde no haya imposiciones de cambio de uso de la tierra que pongan en riesgo el futuro de las comunidades”.
A pesar de lo negativo del panorama, el profesional se aventuró a imaginar una salida colectiva. “Tenemos que actuar ahí, en los despojos del destructivismo, transformando los lazos sociales y volviendo a la conciencia de que la tierra, el agua, los bosques y el aire, son lo que nos sostiene. Esa es la crisis más fuerte que hay que combatir, una crisis ontológica de sentido, que pierde de vista la unidad de la vida”, concluyó.
