Colaboración: Agustina Bertossi (6to IENM) y Candelaria Acevedo (6to IMVA).
El 22 de octubre del año pasado, el Senado dio media sanción a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Etiquetado de Alimentos. No obstante, a pesar del creciente apoyo de la sociedad civil y académica hacia la normativa, su debate definitivo en la Cámara de Diputados viene postergado hace varios meses.
Ante este panorama, los promotores y defensores de esta novedosa iniciativa temen por la introducción de distintos cambios en el texto del proyecto que terminen anulando el espíritu original de la legislación.
“Parece una ley muy inocente, pero en la práctica existen muchos intereses y empresas en contra de que salga tal cual está redactada”, expresó a El Milenio la abogada Agustina Mozzoni, coordinadora del Área de Salud de Fundeps (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), organización sin fines de lucro que lucha por la promoción de políticas públicas más justas, equitativas e inclusivas.
“Las empresas de la industria alimentaria son las principales opositoras a esta ley, ya que ven perjudicados sus intereses económicos”, comentó la entrevistada. “En su momento, a través de diferentes mecanismos políticos, buscaron que la ley solo contemplara el etiquetado, desestimando las demás medidas complementarias que incluye el proyecto e incluso tratando de cambiar los criterios para definir los sellos que irían en los productos”, añadió.
Más información, más prevención
Las etiquetas buscan advertir a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Foto gentileza quien corresponda.
Desde su gestación, la ley de etiquetado frontal se basa en la defensa de tres derechos fundamentales: a la información, a una alimentación adecuada y a la salud. Por eso, el proyecto apunta, en primera instancia, a identificar aquellos alimentos que no conviene comer, principalmente los ultraprocesados, que muchas veces suelen disfrazarse de “sanos o naturales”, como ocurre con algunos yogurts o los cereales azucarados, indicó Mozzoni.
“Lo que busca es la inclusión de unos octógonos negros con la leyenda ‘con exceso de…’ azúcar, sodio, grasas saturadas, calorías, etc. en aquellos productos que superen ciertos límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, explayó la letrada.
“La forma en que se presenta la información nutricional actualmente es inentendible. El objetivo es darle datos extra a la persona media para que comprenda qué es lo que ofrece el producto”
Agustina Mozzoni
A su vez, la normativa incluye numerosas medidas complementarias que apuntan a abordar la problemática de la malnutrición de forma más integral, reduciendo también la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
“Un ejemplo de estas disposiciones es que los productos que tengan estos sellos negros no podrán ser ofrecidos en ámbitos escolares y tampoco ser promocionados ni publicitados en programas infantiles”, comentó la profesional de Fundeps.
Vale destacar que normativas similares se aplican hace varios meses en países como Chile y México, cuyos exitosos resultados en el corto plazo hacen suponer que la ley podría traer cambios beneficiosos para las costumbres alimentarias de la población argentina, sobre todo en grupos etarios más jóvenes.
Publicidad engañosa
¡Adiós Tigre Tony! El proyecto prohíbe que personajes animados o destacados deportistas promocionen alimentos ultraprocesados. Foto gentileza quien corresponda.
Según una reciente investigación llevada a cabo por Unicef, uno de cada dos chicos en Argentina reconoce haber comprado un alimento poco saludable porque lo vio en una publicidad en los últimos tres meses, mientras que ocho de cada diez comentan que son bombardeados con publicidad de golosinas mientras navegan por Internet.
En América Latina, casi cuatro millones de niños y niñas (el 7,5% de la población) presentan sobrepeso u obesidad. Es más, según el mismo estudio, Argentina es el país de la región con más exceso de peso en menores de cinco años. “La prevención de la obesidad en la infancia es crucial porque es la etapa en donde se construyen los hábitos que continúan en la vida adulta”, advierte el documento de Unicef.
Aunque el Estado no tiene potestad para decidir qué pueden consumir los ciudadanos, el espíritu de la ley de etiquetado frontal pretende darles a las personas la posibilidad de tomar esa decisión de forma “consciente e informada”.
“Entendemos que la forma en que está estructurada la información en los productos actualmente es inentendible”, afirmó Mozzoni. “El objetivo es darle información extra a la persona media para que entienda qué es lo que ofrece el producto, principalmente a los niños, niñas y adolescentes que están en una clara relación de desventaja con respecto a toda la maquinaria de publicidad que hay detrás”, añadió la abogada experta en temas de salud.
El rol del Estado en la alimentación
Otro punto a favor que muchos especialistas consideran que traerá esta ley es el de mejorar la asistencia alimentaria por parte del Estado y el armado en general de la canasta básica, donde se priorizarían productos menos procesados, beneficiando a largo plazo la alimentación de los sectores más carenciados.
“Hace algunos años se pensaba que la malnutrición con exceso de peso era un problema de los países desarrollados, pero se ha demostrado que esos problemas también están afectando a los países de nuestra región”, detalló Mozzoni.
Vale aclarar que, si bien la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud de la Nación, los valores máximos de calorías, azúcares, sodio, grasas totales y grasas saturadas deberán cumplir con el perfil de nutrientes de la OPS.
Finalmente, la experta indicó que hasta la fecha ya se realizaron cuatro reuniones informativas y están esperando que la comisión de diputados emita su dictamen para poder llevar la votación al recinto, algo que se especula podría ocurrir a mediados de junio. “En un primer momento celebramos estas reuniones, pero ahora decimos que ya es tiempo de que se vote”, finalizó Mozzoni.
