- Colaboración:
- Valentina Solís y Fabricio Marques.
- 6to Año, Instituto Educativo Nuevo Milenio.
- Marcos Soirefman, Joaquín Cortes Funes y Tomás Sgariglia.
- 6to Año, Instituto Milenio Villa Allende.
A mediados del mes de febrero, la localidad de Unquillo fue noticia por la confirmación de quince casos positivos de COVID-19 en un solo día, una de las cifras más altas registradas en los últimos meses en la región de Sierras Chicas.
En aquella oportunidad, el Dr. Jorge Abrego, director de Salud de la ciudad, manifestó a los medios de comunicación que una rápida investigación epidemiológica había develado que la mayoría de los contagiados habían participado de una misma fiesta clandestina, levantando la preocupación no sólo por los casos registrados ese día, sino por los que vendrían detrás, “generando una curva ascendente de contagios”, en palabras del funcionario.
En los últimos meses, el tema de las fiestas y eventos no autorizados se convirtió en un verdadero dolor de cabeza, no solo para las fuerzas de seguridad pública, quienes deben invertir tiempo y recursos en su desarticulación, sino también para las fuerzas sanitarias, que deben cargar con las consecuencias posteriores que las mismas generan. De hecho, según precisó Gabriela Barbás, secretaria provincial de Prevención y Promoción de la Salud, el 62% de los infectados en las últimas semanas tiene entre 20 a 45 años.
“Las fiestas clandestinas se han convertido en una actividad de sumo riesgo para la salud de los cordobeses”, afirmó Julio Suárez, director de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba, quien a su vez destacó que se utilizarán todas las herramientas penales necesarias para “la prevención, detección y desarticulación de estos eventos”, independientemente del lugar donde tengan origen.
Reunión sí, fiesta no
El 62% de los últimos infectados tiene entre 20 y 45 años y las autoridades acusan falta de responsabilidad entre los jóvenes. Foto gentileza quien corresponda.
En Córdoba, el Régimen Sancionatorio Excepcional de Emergencia Sanitaria (Ley 10.702) establece multas entre los diez mil y los cien mil pesos para todos aquellos que “incumplan con las recomendaciones y lineamientos generales para la realización de reuniones familiares o de cualquier otro tipo que fuere habilitada por la autoridad competente”. Vale aclarar que cada jurisdicción tiene la potestad de ampliar esos montos, que llegaron incluso a los dos millones de pesos en algunos casos particulares.
Sin embargo, la pregunta de oro es ¿cuándo una reunión social excedida de personas se convierte en una fiesta clandestina? Para Alberto Varela, jefe de inspectores y director de la Guardia Urbana Municipal de Río Ceballos, la respuesta está en la finalidad del evento y el número de involucrados.
“Una fiesta clandestina es la que se realiza con fines de lucro, se cobra una entrada y se vende bebida, entre otros factores que no están presentes en las reuniones familiares o sociales comunes”, precisó Varela. “El problema es que, sin salones de fiesta ni boliches, la gente empezó a hacer estos eventos en domicilios particulares”, agregó.
A pesar de las nuevas restricciones (que impiden a las personas no exceptuadas circular entre las 00:00 y las 6:00), quienes conocen “la movida” siguen encontrando formas de organizar y asistir a estas fiestas. La mayoría se difunden a través de WhatsApp, Telegram e incluso Instagram (como fue el caso del conocido perfil @Clandes_cba).
Para Alberto Varela, las denuncias telefónicas por parte de los vecinos son una herramienta vital para evitar este tipo de eventos en la región. “Pueden llamar a la comisaría para avisar dónde se está realizando la fiesta. No deben tener miedo, ya que la denuncia puede ser anónima”, señaló el inspector y destacó que “no es importante saber quién denuncia sino a quién”.
De caravana
En febrero se desarticuló una fiesta con 150 personas en Mendiolaza. Foto gentileza quien corresponda.
En Sierras Chicas, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, se mostró como uno de los mayores enemigos de las fiestas clandestinas, apuntando que no solo comprometen al sistema sanitario como posibles focos de contagio, sino que ponen en peligro a sus asistentes al realizarse en lugares sin ningún tipo de habilitación o medida de seguridad.
Por esta razón, la localidad aprobó una nueva ordenanza que permite sancionar no solo a los realizadores de este tipo de eventos, sino también a quienes asistan a ellos, los promuevan o difundan a través de redes sociales o cualquier otro medio.
“En Mendiolaza hubo una fiesta con casi 150 personas y otras similares ocurrieron en Villa Allende y Unquillo. Se juntan entre 40 o 50 personas y se hacen dos o tres fiestas”, declaró el mandatario a mediados de abril. En este sentido, Varela señaló que uno de los grandes problemas es que los eventos no se realizan en un solo lugar, sino que muchas veces los participantes van “de fiesta en fiesta”, movilizándose por diferentes localidades.
Para ilustrar este punto, el inspector municipal recordó un caso ocurrido a fines del año pasado en Río Ceballos, cuando desarticularon una fiesta clandestina en calle Lavalleja con más de 60 participantes, algunos con domicilio en la ciudad, pero muchos provenientes de Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y hasta Córdoba capital.
“Como estaban todos alcoholizados, no se los pudo llevar, teníamos que llamar a los padres para que los busquen”, contó Varela y resaltó que este tipo de inconvenientes se traducen en una pérdida de tiempo que impide a las fuerzas de seguridad atender otras denuncias. “No podemos estar en todos lados, no tenemos un ejército de inspectores, gendarmes y policías para ir controlando cada una de las que van saliendo”, se lamentó.
A pesar de este panorama, el entrevistado se mostró optimista al sostener que no creía necesario incrementar las restricciones para controlar los casos de COVID-19 en la región. “Pienso que la gente va a ir tomando conciencia de la situación que estamos padeciendo en Río Ceballos, en Argentina y en todo el mundo. Hace falta responsabilidad individual”, sintetizó.
