15F: Nueve años después, justicia al fin

Sociedad

Por: Francina Restelli, Guillermo Rodríguez y Sol Flores 4° IENM –  Jeremías Suárez, Rocío Mapelli y Ámbar García 4° IMVA.

A poco de cumplirse diez años de las atroces inundaciones que afectaron a varias localidades de Sierras Chicas, por fin un poco de paz y justicia llegó para algunas familias afectadas en Mendiolaza.

Y es que, el pasado viernes 14 de junio, la justicia cordobesa encontró culpable al ingeniero Omar Alejandro Guzmán Vega de estafas en concurso real en perjuicio de las familias de los barrios El Perchel y Los Cigarrales.

Gracias a esta falla de la justicia, el ahora condenado por estafas debe cumplir una condena de tres años de prisión condicional, tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas y el mismo período de inhabilitación para el ejercicio de su función como ingeniero civil.

No obstante, se le permitirá seguir ejercitando la docencia, ya que alegó ser su única fuente de ingresos para mantener a su familia. “Es una sentencia con poco sabor. Guzmán se aprovechó de un estado de catástrofe”, opinó al respecto Nicolás Martínez Dalke, quien llevó adelante la denuncia penal, acompañando desde el primer momento a muchos de los vecinos estafados.

Y siguió: “Debería haber tenido una pena más ejemplificadora porque era un profesional que trabajó y fue enviado por el Estado”. Respecto al juicio, el mismo estuvo a cargo de la vocal de Cámara Mónica Traballini y el fiscal de Cámara interviniente fue Gustavo Dalma.

Un dato a tener en cuenta es que el proceso estaba programado para celebrarse durante los días 14, 18 y 19 de junio en lo que se conoce como modalidad de Juicio Abreviado, pero terminó resolviéndose en tan solo un día debido a la decisión del imputado de confesar los delitos y no realizar ninguna defensa a su favor.

El ingeniero debe cumplir una condena de tres años de prisión condicional, más tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas y el mismo período de inhabilitación para el ejercicio de su función como ingeniero civil.

El caso

Todo comenzó en el mismo año 2015, pocas semanas después de sucedidas las inundaciones del 15 de febrero, cuando desde la provincia se lanzó el “Programa de Reconstrucción de las viviendas afectadas por las inundaciones acaecidas en la zona de Sierras Chicas”.

De acuerdo con este, el Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos de la provincia de Córdoba se comprometía a mandar ingenieros a las diversas ciudades afectadas por las inundaciones para que hablen con los vecinos y les ayuden a realizar las valoraciones y cálculos necesarios para que puedan reconstruir sus viviendas en el menor tiempo posible.

Al finalizar la labor, los ingenieros debían realizar un informe final, en donde el Estado le retribuirá a cada uno por cada vivienda relevada.Es en este punto que aparece Guzmán Vega en la ecuación, quien era un ingeniero civil especialista en Higiene y Seguridad, que comienza a realizar estas tareas por los barrios de El Perchel y Los Cigarrales, charlando con los vecinos y contándoles que venía “a ayudarles en nombre del Estado”.

“Por cómo te hablaba y cómo te explicaba las cosas, creí que era una buena persona, que nos venía a ayudar”, comentó a este medio Olga, una de las tantas vecinas afectadas por los engaños de Guzmán.

“Se presentó como un enviado del Estado y que se iba a hacer cargo para que la provincia nos pudiera dar plata para reparar nuestras casas. Que era necesario que él guiara la obra porque si no, no nos iban a dar nada”, agregó la habitante de barrio El Perchel.

Según contó ella y concordaron muchos afectados, el ardid consistía en que el ingeniero les pedía un diez por ciento del total que les iba pagando la provincia de Córdoba. Montos que variaban y podían ir desde 5 mil hasta otros superiores a los 60 mil pesos. Lo peor de todo es que, aprovechándose que el estado realizaba estos pagos en dos partes, el ahora condenado, les decía que si no abonaban esa suma, no podrían cobrar la siguiente.

“A una vecina le llegó a sacar hasta la tarjeta de débito, una vecina que lamentablemente ya falleció”, añadió Dalke. Y siguió: “Durante 20 días, todos los días, le había sacado 5 mil pesos de la cuenta, que era el máximo en ese momento”.

El juicio

Toda la maniobra hubiera pasado desapercibida si no fuera porque, poco a poco, los distintos damnificados empezaron a hablar del tema con sus vecinos y se dieron cuenta de que los demás ingenieros que realizaban los mismos relevamientos no cobraban ni realizaban los mismos trámites invasivos que les exigía Guzmán Vega.

Fue en ese momento que un vecino se acercó al, por entonces, concejal Martínez Dalke para contarle lo que le estaba pasando. De esta forma, descubrieron que hubo más estafados por el mismo ingeniero y, luego de recopilar pruebas y testimonios, realizaron la presentación judicial en enero de 2016.

Cabe resaltar que en aquella primera oportunidad se presentaron solo cinco denunciantes, pero al volverse un tema de público conocimiento, se sumaron otros cinco más. Asimismo, es importante destacar que en todo este tiempo, el ingeniero negó los cargos públicamente, alegando en su momento que simplemente cobró “montos exiguos que nunca excedieron los cuatro mil pesos” y que lo hizo en “concepto de supervisión de obra”.

En tanto, para mediados de junio de este año, lamentablemente algunas de las personas denunciantes fallecieron y otras decidieron no continuar con el proceso, quedando al final solo siete denunciantes que, de alguna manera, lograron su objetivo de encontrar algo de paz y justicia en medio de la tragedia que fue el 15F.

Como aclaró Dalke, son personas que ya sufrieron en su momento las inclemencias de las inundaciones y solo quieren seguir adelante con sus vidas sin tener que volver a recordar el dolor.

“Los vecinos fueron violentados por las inundaciones del 15F y, cuando tenían un poco de esperanzas de rearmar sus vidas, fueron violentados nuevamente por este tipo. No quieren estar más así porque es recordar el dolor de perderlo toda otra vez”, concluyó.