El Milenio

Noticias de Sierras Chicas

Aumento de agua y una cooperativa sin contrato

Villa Allende atraviesa un momento clave en cuanto al futuro de la administración de su servicio de agua potable. A la actual cooperativa concesionaria se le venció el contrato y desde el Concejo Deliberante rechazaron la última petición de prórroga por ocho meses.

Por Karina Lombardi. periodico@elmilenio.info


Las discusiones en el Concejo Deliberante (CD) de Villa Allende en torno al futuro del servicio de agua potable y su administración no vienen siendo sencillas: aumentos de tarifa a destiempo, cobro indebido de capitalización, vencimiento del contrato de concesión y en medio, las elecciones municipales.

Hace más de 40 años, la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda. se encarga de la distribución del agua de red en la ciudad. La administración actual opera desde 2002, encabezada por la presidencia de Francisco Albarracín, concejal electo por el oficialismo en los comicios municipales de julio.

Sucede que, desde ese último contrato de concesión elaborado en 2002, las distintas gestiones municipales se encargaron de otorgar prórrogas de contratación sin licitación. En el 2012 fue extendida por diez años. En 2022, cerca de su vencimiento, el Ejecutivo Municipal a cargo de Teresa de Vélez elevó al Concejo Deliberante un proyecto para otorgar a la cooperativa una segunda prórroga por diez años más.

En esta ocasión, el rechazo del Concejo fue contundente. Finalmente, se resolvió otorgar una extensión por un año, con vencimiento el 5 de septiembre de 2023, dándole tiempo al Ejecutivo para elaborar un proyecto con el pliego de bases y condiciones necesarias para garantizar un buen servicio.

La concejal Marta Banegas (Juntos por el Cambio) explicó que la negativa en su momento se dio por haberse presentado “una copia del contrato de concesión del año 2002, cuando en Villa Allende había menos de la mitad de habitantes que hay hoy” y en el cual “no se pedía plan de obras, que es fundamental cuando uno tiene que brindar un servicio público”.

En contraposición, desde la cooperativa, Albarracín afirmó que, “si bien se tomó como base al contrato anterior”, el modelo presentado no es una copia, ya que “se le agregaron cosas muy importantes”, como “la obligación de realizar análisis bacteriológicos mensuales y fisicoquímicos semestrales y la obligación de presentar balances contables anuales para el tratamiento de actualización tarifaria”, entre otros puntos.


Sin contrato. La pelota al Ejecutivo

Un día antes del cumplimiento del segundo aplazamiento, el Ejecutivo envió al CD un Documento de Necesidad de Urgencia (DNU) solicitando una tercera prórroga “excepcional” por el lapso de ocho meses. 

Además, se sumó la llamativa petición de conformar una “Comisión Asesora no vinculante a los fines del tratamiento y análisis de la nueva contratación”. Otra vez, el voto del Concejo fue negativo por amplia mayoría, con excepción del bloque del PRO.

Vencido el período pautado, hoy en día la Cooperativa se encuentra funcionando de manera “ilegal”, ya que no tiene contrato ni marco regulatorio. Sin embargo, al ser el agua un recurso vital, la prestación del servicio no puede interrumpirse.

Julio Loza (Juntos por el Cambio), presidente actual del Concejo, explicó que se está frente a una “gravedad institucional” y acusó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a la intendenta, dado que la Carta Orgánica Municipal obliga al Ejecutivo a un “proceso de concesión, presentando las bases y condiciones para la prestación”. El Legislativo es quien otorga, tras su aprobación, los términos de esa concesión.

La otra pata del proceso la completa la misma Cooperativa. En este sentido, su presidente afirmó: “De nuestra parte ya acercamos toda la información para que pudieran realizar el convenio y elevarlo al Concejo”.

Para la concejal María Angélica Alcorta (UCR), “todo quedó en la nada” porque pareciera que “el nuevo intendente electo (Pablo Cornet), a pesar de ser del mismo gobierno, quiere que todo se postergue para adelante”, como la concesión del bingo.

Respecto al pedido de conformación de una comisión especial, Banegas lo calificó como “una falta de respeto” hacia el Concejo Deliberante actual, ya que el DNU planteaba constituirla “con gente que todavía no ha asumido”. “Es como si este gobierno ya hubiese cerrado la Municipalidad con llave y le estuviese tirando todo a la gestión electa”, gatilló la concejal.


Aumento y cuota de capitalización decapitada

Mientras transcurría toda esta historia, en noviembre del año pasado la Cooperativa solicitó un aumento de tarifa. En ese momento, el CD le pidió a la administración una serie de documentos para evaluar el pedido, tales como el balance anual. Según concejales, estos no fueron presentados en tiempo y forma.

A mediados de marzo, la Cooperativa vuelve a solicitar una nueva recomposición tarifaria. El aumento fue otorgado finalmente en septiembre. “Desconozco el motivo de la demora. Cada vez que nos requirieron información, se la presentamos, complementando la que se había entregado originalmente”, señaló Albarracín.

Este atraso en la decisión derivó en una consecuencia no menor para los usuarios: la aparición en las facturas del “ítem de capitalización”. Se trata de una cuota que, por normativa, se destina a inversiones y mejoras en el servicio, y que se incrementó de manera sustancial en los últimos meses.

Para el concejal Julio Loza, se trata de un aumento “encubierto e indebido”, ante lo cual, el titular de la Cooperativa respondió: “Al no tener tarifa actualizada y en el marco del proceso inflacionario en el que estamos, se decidió poner una cuota de capitalización de $500 a todos los asociados entre mayo y agosto”. 

Finalmente, el CD decidió otorgar a la Cooperativa un aumento del 65% no acumulativo, que tendrá impacto en la facturación de octubre a valores de agosto. El compromiso acordado es la eliminación del ítem de capitalización.

Sin contrato y con un aumento congelado hasta que se designe la concesión del servicio: ¿Habrá licitación? Al respecto, Felipe Crespo, secretario de Gobierno, sostuvo que no descarta la posibilidad, como tampoco que sea concesionada de manera directa. 

Ante esta situación, en la sesión del 5 de septiembre se resolvió emplazar al Ejecutivo Municipal a que, en el transcurso 20 días, presente el pliego con un plan modernizado de funcionamiento e inversiones que vaya de la mano con la estructura social actual de la Villa.