Se resolvió que a partir de la medianoche queden suspendidos oficialmente los servicios de transporte de pasajeros interurbanos de la Provincia a pesar del paro histórico que data desde el 13 de abril pasado. Lo insólito de esta resolución es que tras 120 días de conflicto con los chóferes de la Aoita, se reconoce formalmente la necesidad de no contar con un servicio regular por la pandemia.

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A casi 4 meses de haber iniciado el histórico paro de transporte interurbano en la provincia de Córdoba, afectando enormemente a los usuarios de la región de las Sierras Chicas, este lunes 10 de agosto se conoció la suspensión de forma oficial por parte del Gobierno provincial.

La Resolución 140 publicada en esta jornada por la Secretaría de Transporte en el Boletín Oficial, se encuentra firmada por su secretario , Franco Mogetta Prevedello, y reza en su primer artículo: “Establécese que a partir de la cero horas del día once de agosto de 2020 y hasta nueva disposición, la suspensión total de los servicios de transporte de pasajeros interurbanos de jurisdicción Provincial en las modalidades Regular Común y Regular Diferencial”.

Mientras que a continuación se insta al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) a profundizar y adoptar las medidas que resulten necesarias con el fin de cumplimentar lo establecido en el apartado anterior.

Obligando además, al mantenimiento de las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia del avance de “el estado de emergencia pública en materia sanitaria a raíz de la declaración de pandemia efectuada por la Organización Mundial de la Salud provocada por la irrupción del COVID -19”.



En este marco, se indica desde la mencionada resolución que “la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2”, por lo que “el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mediante Disposición N° 77 de fecha 04 de agosto de 2020, recomendó la no utilización del servicio público de pasajeros interurbano e interjurisdiccional, por cuanto constituye un vector de riesgo que facilita la transmisión del COVID-19, según lo indican criterios epidemiológicos”.

Finalmente, y a pesar de esta medida insólita por haberse confirmado recién en esta segunda mitad del 2020, el conflicto que mantienen empleados, con empresas del sector y Gobierno, reclamando el pago completo de sus haberes, continua afectando a miles de usuarios habituales del servicio desde hace más de 120 días.