Santiago Alonso Chiavaro (IMVA)
Este martes 22 de abril, la provincia anunció que implementará un nuevo protocolo que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que esas situaciones demandan.
“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia.
Según informó el Gobierno a través de su página web, a partir de ahora toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.
Finalmente, el protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
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