Reserva Supaj Ñuñu: puntos clave para entender la problemática actual

Por Emilia Valles Perotto (IMVA)

La Reserva Hídrica y Recreativa Natural Supaj Ñuñu, como se la conoce en su nombre nativo, es un área protegida de alrededor de 7,000-7,800 hectáreas, creada en 2002 por la ordenanza municipal Nº 05/2002 y su Decreto de promulgación Nº 44/2002. El objetivo de la misma es preservar los recursos hídricos de Sierras Chicas y el bosque nativo de Villa Allende.

Se ubica al norte de la ciudad y es atravesada por los caminos Pan de Azúcar y San Fernando, formando parte de la cuenca inferior del río Suquía. Además de proteger reservorios de agua que son fuente para el consumo humano, se trata de uno de los pulmones verdes más importantes de las Sierras Chicas que resguarda la biodiversidad nativa y el paisaje serrano. 

Su patrimonio arqueológico es igualmente importante, protegiendo sitios históricos, restos y yacimientos de comunidades originarias prehispánicas, así como construcciones históricas relacionadas al ferrocarril y a la época colonial. Por último, la Reserva contiene un gran valor social, abarcando senderos y espacios de uso recreativo, deportivo y turístico. 

Sin embargo, durante los últimos meses ha surgido una problemática que fue noticia en varios portales locales. Se trata del avance de El Gran Ombú, una empresa productora de triturados graníticos que a principios de año comenzó a ampliar su área de explotación sobre el bosque nativo de la Reserva.

Minería a cielo abierto

Según explicaron Agostina Cacciagerra y Lita Juárez, integrantes del Consejo Municipal de Ambiente (CMA) y de la Comisión Asesora de Reserva (CAR), esta explotación se desarrolla por fases: la llamada “etapa 1” ya finalizó tras quedar agotada en su totalidad a principios de año. “Actualmente están llevando adelante las etapas 2 y 3, donde la empresa ya ha abierto más de 1.000 metros de nuevos caminos, talando sectores protegidos”, indicaron las vecinas.

De completarse la realización de la extracción, el trabajo de la minera comprometería a más de mil hectáreas de bosque nativo (el equivalente a 1400 canchas de fútbol). Esto se suma, como denuncian desde el Consejo, a los dos cerros que ya han desaparecido en la etapa 1.

Según varios portales de noticias, el objetivo de la cantera es la extracción de áridos (piedra y ripio). Desde los sectores ambientalistas sostienen que estos materiales de construcción son comunes y podrían obtenerse en locaciones de menor valor biológico.

Vista aérea de la cantera en su etapa 1.

Daño irreversible

En cuanto a la destrucción de biodiversidad, diversos estudios permiten afirmar que los movimientos de suelo y el tránsito de vehículos resultan en la pérdida de nidos y fauna local. 

Entre los animales que habitan en la reserva se destacan el puma, la corzuela, el gato montés, la iguana overa, la ranita de las sierras, los murciélagos, los zorros y los zorrinos. También se puede encontrar una gran cantidad de árboles originarios de la zona, como molles, espinillos, talas y algarrobos. Destaca especialmente la gran cantidad de ejemplares de orco-quebracho, una especie nativa muy afectada por el desmonte.

Según explicaron desde el Consejo de Ambiente de Villa Allende, las consecuencias no son inmediatas, sino que empeoran con el tiempo y la degradación es gradual y lenta. Las napas subterráneas y el agua utilizada en los procesos mineros se contaminan y eventualmente llega a las personas, plantas y animales que la consumen. 

Por otro lado, la cantera se encuentra a menos de 100 metros del arroyo San Fernando, lo que compromete también la biodiversidad acuática. Actualmente, como parte de su avance, la empresa ha entubado un tramo del cauce para facilitar el tránsito de maquinaria.

Además, la eliminación y deterioro del bosque provoca inundaciones, seguidas por sequías debidas a la pérdida de retención del suelo. Esto es porque la vegetación nativa tiene capacidad para absorber excedentes hídricos y liberarlos gradualmente, lo que garantiza la recarga de las napas y previene desastres naturales. Su eliminación impactaría en el clima de la ciudad, ya que sin la vegetación nativa, la temperatura local se elevaría. 

Por último, las representantes del CMA destacaron que el plan de la cantera no sólo pone en peligro a la flora y fauna nativa de la reserva, sino también a sitios arqueológicos ubicados dentro del área y reconocidos por distintas instituciones municipales, provinciales y nacionales. “Estamos en alerta ambiental en este momento, porque no tienen permiso de destruir nuestro patrimonio natural y cultural”, expresó Agostina Cacciaguerra.

El último avance de la minera ya destruyó numerosos árboles nativos, como el molle que se observa en la imagen.

Denuncias y reclamos

Desde el Consejo Municipal de Ambiente de la ciudad han presentado una denuncia penal en la fiscalía de Villa Allende por el avance sobre áreas protegidas. Por otro lado, apuntaron contra una presunta complicidad entre la Municipalidad de Villa Allende y el Gobierno Provincial por habilitar intervenciones en terrenos protegidos. 

Mientras tanto, desde el CMA y la CAR exigen la paralización urgente de las actividades mineras en la reserva. “Pedimos que se apruebe el Plan de Manejo para proteger la cuenca y su biodiversidad”, manifestaron desde la comunidad involucrada. Este plan (elaborado en conjunto con diversas instituciones) busca zonificar el área, gestionar tierras y proteger el patrimonio natural con acciones concretas como nombrar guardaparques y definir su administración. 

Para lograr este objetivo, desde principios de año se está realizando una junta de firmas al frente del edificio municipal con el objetivo de pedir explicaciones oficiales, así como otras actividades de protesta y visibilización.

La comunidad se reúne una vez por mes en el ingreso de la Reserva (intersección Av. Elpidio González y camino San Fernando) para exigir acciones efectivas en defensa de la Reserva.

Un marco legal presente pero invisible

En la localidad de Villa Allende rige la Ordenanza 3719, la cual prohíbe expresamente cualquier «movimiento de tierra que altere el soporte natural» y categoriza a la reserva como zona roja de conservación. Además, la norma clasifica a las Áreas de Protección Ambiental y Áreas de Reserva como «Suelo No Urbanizable». La comunidad y el equipo de la reserva protestan en defensa del  Artículo 30° de dicha ordenanza, que prohíbe absolutamente el desmonte de especies nativas protegidas como el Molle, Orco-quebracho, Quebracho blanco, Tala y Algarrobo. 

Según la normativa de protección ambiental, el área cuenta con el reconocimiento institucional necesario para su preservación (Ordenanza Nº 05/2002, sancionada en el año 2002), pero la ausencia de una gestión estatal sobre la titularidad de los predios ha creado un vacío de protección. Sin embargo, al ser tierras que poseían titulares antes de su declaración como reserva y al no haber ejecutado procesos de expropiación o compra directa de parte del Estado, la zona ha quedado vulnerable.

Por otro lado, conforme la Ley Nacional de Bosques, la mayor parte de la reserva también está categorizada como «Zona Roja» (denominación de máximo valor de conservación). Aunque desde el Consejo Municipal de Ambiente afirman que esta protección debería ser suficiente para invalidar cualquier avance industrial en el área, la problemática permanece abierta y crece la incertidumbre respecto al futuro de la Reserva Supaj Ñuñu.