SOCIEDAD
- Por: Antonella Risso y Juana Correa 6° IMVA – Bruno Renón y Hernán Klipka 6° IENM.
Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, hasta el 27 de febrero se habían registrado 52 femicidios en Argentina. Tras los casos ocurridos en Sierras Chicas, la cifra ascendió a 55.
Por su parte, en diálogo con El milenio, desde la Asamblea Transfeminista de Sierras Chicas, un colectivo conformado por vecinos y vecinas de la zona, destacan que, ante lo ocurrido más de 70 personas se convocaron para organizarse y hacerse oír. Algo que, advierten, evidencia la urgencia de planificar políticas públicas de protección y cuidado.
El primer caso sucedió el lunes 24 de marzo. Valeria Laviani, de 50 años, fue encontrada muerta en su casa de Río Ceballos. Su pareja, Walter del Pilar Bogado, de 30 años, se presentó en la comisaría local diciendo que ella había sufrido un ataque de epilepsia. Sin embargo, al llegar al domicilio, la policía encontró un cuerpo con signos de violencia evidentes y un relato que no cerraba por ningún lado.
«Lo de Valeria fue una primera sacudida. Nos dejó en shock. Habíamos estado organizando el festival transfeminista del 8M y de repente estábamos frente a un asesinato brutal en nuestro propio barrio», cuenta la organización.
Apenas dos días después, el miércoles 26, en La Granja, Verónica Torres Zormam, de 29 años, fue encontrada sin vida y en condiciones que llevaron a la sospecha de otro femicidio.
“La figura del femicidio, dispuesto por ley, es un agravante a la figura de homicidio ya que se produce por razones de género. Las víctimas siempre son mujeres o disidencias”
Al respecto, añadieron: «Sentimos que el suelo se movía. Ya no era un caso aislado. Era una seguidilla, una amenaza concreta. Una demostración de que la violencia está mucho más cerca de lo que creemos”.
Esto generó una movilización multitudinaria para denunciar la alarmante situación y, una hora antes de la marcha, convocada para el viernes 28, la noticia de un tercer femicidio comenzó a conocerse a través de los medios locales de comunicación.
Esta vez en Unquillo, Alejandra Noelia Moyano de 30 años, había sido asesinada también por su pareja. “Es difícil poner en palabras el dolor y la bronca que seguimos sintiendo”, reflexionan desde la Asamblea. Y agregan: “Pero de alguna forma nos apoyamos y organizamos a contratiempo para que eso no paralice las respuestas”. De esta manera, las calles comenzaron a llenarse de pasos, carteles y banderas.
Desprotección estructural

“Es importante destacar que la figura del femicidio, dispuesta por ley, es un agravante a la figura de homicidio ya que se produce por razones de género. Las víctimas siempre son mujeres o disidencias”, explican.
En este sentido, los reclamos apuntan hacía un mismo lugar: que el Estado actúe, que no se repita, que las muertes no queden impunes ni se diluyan en la estadística. A su vez, afirman: «Entendemos que la prevención y el abordaje integral es, además de un pilar fundamental de cualquier sociedad que aspire a garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes, una obligación en los distintos niveles de gobierno».
Argentina cuenta con un marco normativo amplio: la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género; la Ley de Identidad de Género; la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática para los trabajadores de la función pública, entre otras.
No obstante, “el problema no es la falta de legislación, sino el desmantelamiento de las herramientas para hacerlas cumplir -advierten-. Los recortes presupuestarios, por ejemplo, llevan a una situación crítica”.
Así, elaboraron un documento en el que se detallan las necesidades actuales, además de elevar notas formales a los mandatarios de las tres localidades y al gobernador provincial. «Aún no recibimos respuesta, pero nos vamos a seguir acercando para exigirla», aseguran.
También destacan el rol clave de la educación, por lo que la ESI se vuelve una de las herramientas fundamentales. Por último, otro de los actores cruciales en la construcción social de esta violencia son los medios de comunicación.
Desde la Asamblea solicitan también una cobertura con perspectiva de género, que evite la revictimización, el morbo y la desinformación. «Los medios deben ser responsables a la hora de dar detalles sobre los femicidios, cuidar las formas en que se difunde la información y ayudar a generar conciencia», dicen.
Y concluyen: «Creemos que es fundamental poder comunicarnos y acercarnos a cada barrio o localidad donde se reflejan diferentes realidades sociales, muchas veces atravesadas por los mismos abusos».
Una Asamblea que convoca

El colectivo busca generar un espacio común frente al contexto hostil que muchas personas de la comunidad LGBTQ+ y mujeres atraviesan a diario. “Somos una asamblea horizontal, participativa y abierta a la comunidad con acuerdos establecidos”, explican.
Desde febrero se reúnen cada miércoles a las 18:30 horas y si bien el lugar varía por cuestiones climáticas, la convocatoria es para todos y todas. En cuanto a las acciones de los últimos días se impulsaron marchas, encuentros, cartas públicas, entrevistas con medios de comunicación, entre otras. Por lo que, destacan: “Seguimos avanzando en tareas y organización en cada territorio, de manera intercomunicada y constante”.
Además, celebran la expansión de iniciativas con una labor semejante. “Las asambleas vienen expandiéndose y creciendo, la organización también y la comunidad ha estado muy presente en las propuestas y medidas tomadas», sostienen.
Si conocés a alguien o estás en situación de riesgo o peligro, deben comunicarse al: 0800 888 9898 (Polo de la Mujer), 144 (Línea gratuita nacional).

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