Catalina Spika Avalos y Nazaret Montemurro Bigoni (IMVA).
El pasado viernes 27 de marzo, a través de un comunicado, el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la UNC presentó una declaración escrita durante las audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Entre los puntos más importantes sobre los peligros ambientales que ocasionaría modificar la actual Ley de Glaciares, se destacan:
- Violación de la Constitución Nacional, el cual asegura que el nuevo proyecto vulnera el artículo 41 de la Constitución. Este artículo garantiza el derecho a un ambiente sano y establece que la Nación debe dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección como un piso de tutela uniforme e inderogable en todo el país.
- Riesgo para las reservas estratégicas de agua, dado que los glaciares son «tanques de agua» naturales esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. El organismo asegura que la reforma, al acotar la protección solo a cuerpos con «función hídrica efectiva», pone en peligro estas reservas críticas.
- Impacto en el cambio climático, pues el ISEA destaca que existe un gran desconocimiento sobre este punto. Los glaciares actúan como reguladores térmicos; por lo tanto, su alteración podría acelerar el calentamiento global y comprometer procesos biogeofísicos esenciales para la estabilidad del clima.
- Vulneración del principio de no regresión, la reforma contradice el Acuerdo de Escazú, con jerarquía supralegal en Argentina, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados por razones económicas, especialmente cuando esto puede causar daños irreversibles.
- Incongruencia con políticas climáticas, el proyecto violenta la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que obliga al Estado a establecer medidas para proteger los sistemas glaciares frente a la vulnerabilidad climática actual.
Finalmente, se recuerda que los debates continuarán hasta mediados de abril. La reforma a la Ley de Glaciares se encuentra en la Cámara de Diputados, en la etapa de espera de dictamen de comisión (posterior a las audiencias públicas ya realizadas), sin fecha fija para el tratamiento en el recinto.
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