Sociedad
Por: Pedro Frutos e Isabel Olazabal 4° IENM – Rocío Mapelli y Ámbar García 4° IMVA.
En febrero de este año, ingresó al Concejo Deliberante de la ciudad el proyecto de ordenanza de Contribución por Mejoras, cuyo objetivo es que los vecinos propongan obras y paguen directamente a las empresas. Desde que comenzó a ser analizado en comisiones, esta propuesta generó debate y rechazo por parte de la comunidad.
Así, hubo instancias de diálogo y participación de los habitantes en las instancias pertinentes. Incluso, se logró cambiar algunos puntos del texto presentado originalmente. Sin embargo, en junio se aprobó con la mayoría del oficialismo a pesar de la negativa planteada por los residentes.
Ahora, según la ordenanza, los pasos para iniciar una obra consisten en la solicitud de factibilidad, apertura de registro de oposición y solicitud de declaración de utilidad pública y pago obligatorio. En tanto, para la solicitud inicial, deberán presentarse las firmas del 30% del total de contribuyentes que estiman que abarca la obra. En este punto, el papel del municipio sería solo de control: realizarían una factibilidad técnica, para que la realización de esa obra no perjudique al resto de la comunidad.
Posteriormente, se requerirán un 21% más de firmas, siendo en total un 51% de solicitantes. En paralelo, por 30 días aquellos que no estén de acuerdo podrán firmar en contra. Si la oposición no supera el 30%, la propuesta puede avanzar. Por último, el pago de la misma se realizará directamente a la empresa y de acuerdo a la ordenanza, el valor que abone cada involucrado no podrá superar el 33% del valor de su propiedad.
Desde el municipio, el secretario de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Gino Maurino, explicó que “el proyecto surgió a partir de las necesidades detectadas en la comunidad”. En línea, sostuvo que no existían, previamente, herramientas para proponer la ejecución de obras; además, detalló que recibieron muchas consultas de vecinos que habían pagado la instalación de gas domiciliaria y aún seguían sin avances.
Por otro lado, comisiones vecinales expresaron su descontento ante esta normativa. “En estos momentos no estamos en una situación económica para enfrentar un gasto, por más que la contribución por mejora dice que le suma valor a tu propiedad”, manifestó la presidente de la comisión vecinal del barrio Los Cigarrales, Claudia Suligoy.

Una normativa que acentúa las diferencias
Según Suligoy, la iniciativa es muy confusa y ambigua, con muchas interpretaciones. Entre los puntos que generan preocupación, detalló: “Es una ordenanza que a vos te hipoteca el 33% del valor de tu casa, que si no pagas consecutivamente tres cuotas o discontinuado cinco cuotas, te intiman a que las pagues y si no tenés para pagar hay como una potestad que toma la empresa que va a hacer la obra”.
Asimismo, ante un complejo contexto económico, resaltó que el principal miedo es qué sucede en el caso que no puedan abonar lo pactado. Aunque la normativa contempla una mediación obligatoria antes de que se inicien acciones judiciales por falta de pago, Suligoy comentó que no está claro el alcance de la empresa para exigir el mismo.
“Qué facilidad se le puede dar a un vecino que en este momento está pasando una situación económica mala”, se preguntó la entrevistada. Al respecto, apuntó: “Eso es lo que genera, una fragmentación peor de la que ya sufrimos, porque hay barrios que van a poder pagar y otros que no”. Además, remarcó que “en el barrio hay muchas familias que no tienen para comer”. “Imagínense si van a tener para hacer una obra”, agregó. “Entonces, muchos barrios serán olvidados», alertó, aumentando así las desigualdades.
También advirtió que la normativa se concretó sin antes tener otra, que es la del ordenamiento territorial participativo. ”¿Qué lugar puede crecer? ¿Qué lugar se puede desarrollar más? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer?”, son algunas de las preguntas que la vecina consideró que un plan de ordenamiento territorial puede responder.
“Nosotros pagamos impuestos para que haya servicio de recolección de basura, de luces y de una serie de cosas y al fin y al cabo todo lo que uno paga no te vuelve en obras, entonces es como que es una injusticia”, lamentó.

Autonomía, la otra vereda
Por otro lado, la comisión del barrio El Alto le dio el visto bueno a la idea. Según explicó su presidente, Marcela Santini, una de las razones por las que apoya esta ordenanza remite al caso de los vecinos que pagaron la obra de gas en el 2005 y que hasta la actualidad siguen sin contar con el servicio. “Esa obra se hizo a través de la municipalidad como contratante, quién tenía la función de presentar el proyecto ante Ecogas y de recaudar el dinero”, recapituló.
“A pesar de que uno cree que el Estado garantiza derechos, la realidad es que hubo mucha gente que le pagó al estado Municipal y hoy sigue reclamando”, comentó. De esta manera, enfatizó en que lejos de presionar a los vecinos o de ponerlos en una situación de debilidad, actualmente se los está protegiendo. Por lo tanto, afirmó: “Se cree que no hay más posibilidad de acción y es todo lo contrario, esta disposición apoya y acompaña para poder realizar lo que se necesita”.
En cuanto a lo que sucede con quienes no pueden afrontar una obra por mejoras; el funcionario aclaró que “no se impone el compromiso, sino que permite que se haga una presentación por parte del vecino que tenga un justificativo, para que sea tratado y se pueda distribuir incluso con los demás”.
“Son muy amplias, en el buen sentido, las opciones que hay para afrontar el pago de una obra de contribución de mejoras”, indicó. Además, los inmuebles de jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen la jubilación mínima y de ex-combatientes de Malvinas, quedan exceptuados del pago.
En el caso particular de aquellos que comiencen a pagar y luego no puedan continuar, Maurino informó que esos detalles se acordarán en el contrato que se haga entre la empresa y los vecinos. “La intención es acordar previamente -remarcó- cuáles van a ser los mecanismos de pago”.
Por último, reveló que algunos de los proyectos que suscitaron consultas son conexiones de gas en los barrios Talar y Lomas y cordón cuneta en barrio el Alto. Finalmente, cerró: “Este tipo de ordenanzas son más que necesarias para que se puedan llevar a cabo las obras de principio a fin”.

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La Ordenanza que privatiza la obra pública tal como se aprobó posibilita un aporte financiero de procedencia desconocida encubierto por la deuda que contraerian los vecinos