la Justicia de Córdoba lanzó una instrucción que remarca las sanciones a las que se verán sometidos los municipios que violen la normativa nacional de libre circulación que afecta la distribución de productos elementales.

Las autoridades judiciales cordobesas advirtieron este viernes que las comunas y municipios no poseen las facultades para determinar el cierre de los ingresos, ni siquiera como medida contra la propagación del COVID-19.

Este anunció se da luego de que distintos poblados del país obstruyeran el paso. En Córdoba la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia tomaron nota de esta situación y emitieron una instrucción que indica que las medidas que pueden tomar los municipios son solamente las prescriptas por la normativa nacional y provincial.

Por lo tanto, no se puede impedir el ingreso o egreso de personas en dichos terrtorios. Además el texto del órgano judicial de la Provincia, agrega que actuar en contra de las normas establecidas en el marco de la emergencia sanitaria deviene en un «ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación penal».

El abastecimiento se mantendrá siempre y cuando los vehículos de carga puedan desplazarse con normalidad por los municipios.


El respaldo para este anuncio es el artículo 248 del Código Penal, que hace mención a penas de un mes a dos años a aquel funcionario público que dictase resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales o provinciales.

En ese sentido, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, declaró esta mañana que resulta indispensable que los servicios de transporte sean bien recibidos en todas las localidades del país, ya que a partir de su correcta circulación se puede asegurar el abastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el territorio nacional.