El procurador de la Nación, Eduardo Casal informó que en caso de que una sentencia firme posterior, establezca que el rodado se utilizó para violar la cuarentena, el mismo puede ser decomisado por el Estado.

El procurador de la Nación, Eduardo Casal confirmó este jueves 26 de marzo, que todos los fiscales federales del país, están autorizados a secuestrar todo vehículo que se utilice para violar el Aislamiento Social Obligatorio dictaminado en todo el territorio del país para evitar la propagación del virus Covid-19.

«El accionar de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de sus tareas de fiscalización de las medidas de aislamiento y distanciamiento, arroja que gran parte de las infracciones penales se producen por conductores de vehículos que agravan los riesgos de propagación del COVID-19» afirma el comunicado PGN 27-2020.

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El abogado penalista Pedro Despouy, para el medio La Voz, explicó el alcance de esta medida, aclarando que en caso de que una sentencia firme establezca que el vehículo se utilizó para violar la cuarentena, el Estado está habilitado para decomisar el rodado y utilizarlo para fines de interés público. «Si el proceso termina con una sentencia condenatoria firme, ese vehículo sería decomisado porque fue utilizado como instrumento para cometer un delito», detalló para el medio cordobés.

Además, Casal ordenó que una vez acatada esa medida, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación deberán instruir al personal policial para que retengan los documentos habilitantes para la circulación, las llaves y todo otro elemento mecánico o electrónico necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del vehículo utilizado en la comisión del delito, según explica el medio oficial Telam.

Finalmente, Casal explicó que esta disposición no es nueva, sino que se trata simplemente, del cumplimiento de lo establecido en el Código Penal en su artículo 23. «El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transporte, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer».