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Pasó una semana desde que el pasado 20 de marzo se declarara el aislamiento social obligatorio en todo el territorio del país con el objetivo de evitar la propagación del virus COVID-19. Pero en tan solo un fin de semana, ya se registraron más de 200 detenidos en la provincia de Córdoba por no respetar la obligatoriedad de la misma.

Si bien estamos ante una situación inédita a nivel mundial, lo cierto es que el Código Penal argentino ya establecía penas y medidas para casos de emergencia como este, además de otros tipos de apercibimientos civiles y administrativos para ciudadanos y empresas que no cumplan con la disposición oficial.

Por ese motivo, desde la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación se elaboró un manual para la aplicación de figuras penales relacionadas con los procesos destinados a proteger la salud pública en relación con el COVID-19. Se trata de un documento donde se analizan los delitos aplicables en virtud de los artículos 202, 203, 205, 211 y 239 del Código Penal de la Nación.


Habilitan un permiso para circular en caso de asistencia a personas mayores

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Sin ir más lejos, nuestro Código Penal tiene un capítulo especial (el IV), dedicado a establecer las penas para aquellas personas que atenten contra la salud pública. El artículo 202 establece que tendrá una pena de hasta quince años todo aquel que «propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas». Es el delito que se le imputa a Luca Singerman, el joven con coronavirus que viajó en Buquebus desde Uruguay y puso en peligro la salud de más de 400 personas a mediados de marzo.

Por si fuera poco, el artículo 203 estable las penas en caso de que el contagio se realizara por «imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo», pudiendo ocasionar una pena de hasta cinco años en caso de que esa negligencia ocasionara una muerte o enfermedad.

En ambos casos, estamos hablando de situaciones concretas, donde el que viola la ley es una persona contagiada. Pero para el caso de personas sanas que deben cumplir con la cuarentena obligatoria con el fin de preservar su completo funcionamiento psico-físico, está el artículo 205. El mismo señala prisión de hasta dos años para todo aquel que «violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».

Finalmente, tenemos el caso del artículo 239 que, si bien no habla de delitos contra la salud, sí regula cómo proceder en caso de desobediencia ante una autoridad responsable del cumplimiento de la ley, en este caso de la cuarentena. «Será reprimido con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal».

«Aquel que no pueda explicar qué hace en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quien viola las normas. Vamos a ser inflexibles», había advertido el presidente Fernández en rueda de prensa el pasado jueves 19 de marzo, al momento de declarar la cuarentena obligatoria.


Avenida San Martín en Río Ceballos durante el primer día de la cuarentena


En el caso de la provincia de Córdoba, están facultados a proceder Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía Provincial, quienes apercibirán a las personas a volver a sus domicilios si no están incluidos en los grupos excluidos de cumplir la medida (empleados de salud, municipales, cuidadores de adultos mayores, etc.) y recién, ante la negativa a obedecer, procederán a su detención.


Mayor presencia y facultades

No obstante, debido al avance del periodo de cuarentena y el aumento de detenciones de personas que no respetan las medidas dictadas por el Gobierno Nacional, el pasado 23 de marzo, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, habilitó a todos los fiscales federales y nacionales a actuar en casos de violación de la ley establecida para frenar la propagación de la pandemia.

«Se facultará a los señores Fiscales Generales que ejercen la superintendencia a adoptar medidas similares en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, con noticia a esta Procuración General”. Estas medidas se dan por el incremento del número de casos que demandan la intervención de este Ministerio Público Fiscal y la necesidad de «garantizar la actuación y representación» del órgano en los procesos por infracción a las normas destinadas a proteger a la salud pública.

A todas estas medidas, se suman las disposiciones que cada municipalidad pueda llegar a disponer a nivel administrativo. En Jesús María, por ejemplo, se establecieron multas entre los 6.000 y los 300.000 pesos para quienes violen la cuarentena saliendo de sus domicilios sin razón válida o que hubiesen regresado de viajes al exterior sin dar el oportuno aviso a las autoridades. Otro ejemplo es Villa María, una de las pocas localidades que prohibió la circulación de deliverys.

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