Esta ley contempla la creación de un Consejo Asesor y de un Registro Provincial de Productores. Una de las razones, es la necesidad de reconocer el trabajo de las familias productoras.

- Por Julián Ottonello
- Milagros Dolores Alcántaro
- 6to año, Instituto Milenio Villa Allende
- periodico@elmilenio.info
El miércoles 18 de septiembre se aprobó la Ley Provincial N° 28.981 de “Desarrollo Integral de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de Córdoba” en la Legislatura de Córdoba. De esta manera, se busca proteger y reconocer a los pequeños agricultores provinciales.
Además, en la sesión se adhirió a la Ley Nacional N° 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”.
El proyecto fue presentado hace dos años por el legislador Martin Fresneda, del bloque “Córdoba Podemos”, a pedido del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Desde entonces, se realizaron diferentes encuentros en regiones productivas de la provincia.
En las reuniones participaron diversos actores como productores, dirigentes, representantes de escuelas agro técnicas y de organizaciones como la Federación de Cooperativas Federadas, entre otras.
“Esto también es justicia social, es devolverle a un sector olvidado del campo cordobés el derecho a la tierra, y a poder trabajar y vivir de su producción”, expresó Fresneda, al finalizar la sesión.
La ley tiene como objetivo principal promover el desarrollo rural y fomentar las actividades familiares agropecuarias. Esto busca impulsar modelos productivos sostenibles y la seguridad agroalimentaria.
“El proyecto tiene que ver con la capacitación de toda esa gente, incluirlo en el mercado laboral, darles sanidad a sus productos, infraestructura a la región y capacitarlos en la comercialización”, manifestó Carlos Presa, el legislador por el Departamento de Colón, que también firmó el proyecto. Además, agregó que todas esas cosas necesitan recursos por lo que “solo las puede hacer el Estado”.
El proyecto aprobado destaca tres puntos: la creación de un consejo asesor para la agricultura familiar, un registro provincial de productores y el funcionamiento de un banco de semillas de especies nativas.
A su vez, el mismo estará conformado por organizaciones territoriales, cooperativas y asociaciones, técnicos de las universidades y representantes del poder ejecutivo y legislativo.
Además, se prevé que en este consejo se diseñen e implementen políticas públicas para el desarrollo sustentable.
Por otra parte, el Registro Provincial, le dará la oportunidad a las familias productoras de que su trabajo sea reconocido y cuantificado.
Respecto al financiamiento de estos recursos, Presas aclaró que, para implementar la ley se contará con una partida asignada que se va a discutir el mes que viene.
Finalmente agregó, que empezará a funcionar a partir del año que viene.
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