Las Comisiones de Legislación General y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen que propone aumentar las penas para los responsables de agredir a un animal. Este triunfo se da en medio de la conmoción local por el elevamiento a juicio de la causa por Bunky, el perro brutalmente atacado en Río Ceballos.

Se logró el dictamen para modificar la Ley de Maltrato Animal 3
En febrero de 2017 se realizaron dos marchas para pedir justicia por Bunky. Aún no se ha definido fecha para el juicio contra su agresor.

La madrugada del 16 de febrero de 2017, Bunky, un perro de barrio María Cristina de Río Ceballos, fue agredido bestialmente por un vecino. La familia del animal lo encontró herido en la cabeza y parte del cuerpo, desangrándose a causa de los múltiples machetazos que recibió. Debido a la gravedad de las lesiones y tras horas de agonía, Bunky, de seis años, debió ser sacrificado.

Siguiendo los rastros de sangre, los dueños del perro lograron identificar al agresor. En aquel momento, el fiscal del caso, Carlos Matheu (ya jubilado), imputó a Pablo Corbalán por daños y actos de crueldad en el marco de la Ley Nacional 14.346 de protección animal. El hombre fue detenido y permaneció tres semanas en la cárcel de Bouwer, pero finalmente fue liberado.

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La causa continúa y a fines de julio del corriente año, la jueza de primera instancia Anahí Cristina Hampartzounián envió a juicio al acusado. Carlos Nayi, abogado que representa a la familia de Bunky señaló a La Voz del Interior que su intención es “llevar a juicio oral y público” a Corbalán, ya que se trató de un “acto bestial”.

Las penas establecidas para los delitos contra animales son, en la actualidad, sumamente leves: entre 15 días y un año de prisión. A raíz del aumento de la violencia y la proliferación de casos tan terribles como el de Bunky, abogados y proteccionistas luchan actualmente para endurecer las penas.


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Ley 14.346: ¿En qué consiste? La ley que rige hoy en día sobre proteccionismo animal es la N° 14.346, comúnmente denominada “Ley Sarmiento”. Sin embargo, cabe aclarar que esta última es en realidad la ley 2.786, precursora de la normativa actual y un gran hito en la historia del derecho, al sancionarse en 1954.

La actual ley 14.346 fija, por un lado, los tiempos de prisión para aquel que “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”, y por otro, establece qué se entiende por maltrato, mencionando actos como no alimentarlos en cantidad y calidad suficiente, hacerlos trabajar en jornadas excesivas, mutilarlos, lastimarlos intencionalmente y hacer actos de riñas, entre otros, según explicó la abogada María Alejandra Juárez. 

En los últimos años, se ha luchado fervientemente para modificar esta legislación. En julio, tras cuatro meses de debate y tres plenarios, se llegó a una instancia clave del camino: el dictamen fue aprobado y el proyecto espera su tratamiento en el Congreso.


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¿Qué se busca modificar? La nueva normativa apunta a aumentar las penas con hasta 6 años de prisión efectiva, dependiendo de la gravedad del caso, redefine el concepto de maltrato animal e incorpora figuras como el encierro, el abandono, la zoofilia y el desamparo de animales, así como la prohibición de utilizarlos para espectáculos públicos y de mutilarlos con fines estéticos.

Sandra Bringas, miembro de la Fundación Alma Animal, de Mendiolaza, explicó a El Milenio que la ordenanza ha sido tratada por las Comisiones de Diputados de Legislación General y Penal, analizando más de 20 proyectos que intentaron integrarse en el resultado final. “Fueron meses de intenso trabajo hasta que se elaboró un dictamen que reúne todas las ideas”, amplió.

Natalia Perdiguera Córdoba, coordinadora de Discas, fundación que busca hogar a animales discapacitados, agregó: “La modificación es algo que esperamos y pedimos de manera constante. Estamos totalmente de acuerdo con penas que sean efectivas, como lo dice el proyecto que se va a discutir, pero además de la ley, necesitamos tribunales que las hagan cumplir”.

La modificación de la normativa incluye el aumento de las condenas, la inclusión del abandono como forma de maltrato y la penalización de la zoofilia.

Asimismo, hizo hincapié en que, si bien es un paso muy importante, “la verdadera forma de reducir maltratos es por medio de la educación, desde pequeños, en las escuelas, en la familia, castrando para reducir los abandonos y animándose a denunciar”.

Juárez, por otra parte, comentó que, en Sierras Chicas, “rara vez se aplica o se impone multa”. “Además, generalmente los casos no son denunciados o no son tomados en cuenta por la autoridad”, añadió. A su vez, destacó que el abandono es una de las mayores faltas de la región. “El municipio no cuenta con los medios necesarios para tener a todos estos animales en un lugar y eso se hace muy necesario”, concluyó.

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No fue sólo Bunky. Los casos de maltrato animal en Sierras Chicas no se reducen al de Bunky. En los últimos años, varios animales sufrieron la perversión humana. Entre ellos se encuentran Kiara, Boby y Mía.

En 2017, Kiara fue atacada con un elemento cortante por un recolector de basura, en Villa Allende. Gracias a la solidaridad de un vecino que la llevó al veterinario, pudo salvarse luego de recibir 16 puntos en el hocico.

En 2018, la maldad volvió a situarse en Río Ceballos. Boby, un perro callejero, fue obligado a saltar de un auto en movimiento por Marcos Basualdo. El responsable respondió ante la justicia, pero del animal no se supo más nada.

Mía, por su parte, era una perrita con parálisis posterior, rescatada por Discas. Luego de ser dada en adopción, Iris del Valle Altamira le amputó las patas de forma casera, la ató y posteriormente la enterró en su patio. “El maltrato y la crueldad están constatados por el veterinario de judiciales y la causa sigue en curso. Nos hemos constituido en querellantes particulares y vamos a pedir cárcel efectiva para la culpable”, declaró Perdiguera, miembro de la agrupación proteccionista.


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