Tras años de incertidumbre y espera, la situación de “El Montecito” parece haber entrado en su recta final. El conflicto gira en torno a un proyecto inmobiliario, formalmente conocido como “Urbanización del Cigarral”, de la empresa Cahuana S.A., que busca instalarse en el ingreso sur de Unquillo.
En 2018, con la prefactibilidad del municipio ya otorgada, la Secretaría de Ambiente de la provincia convocó a una audiencia pública, donde, con sorprendente convocatoria, cientos de ciudadanos se manifestaron en contra del emprendimiento.
Pero finalmente, el gobierno provincial resolvió otorgar licencia ambiental al proyecto. El mismo comprende 125 hectáreas, incluyendo un sector de barrio privado (que abarca 455 de los 678 lotes planteados), un espacio abierto para todo público y un área de reserva.
En febrero de 2019, la comunidad organizada, a través de la Fundación Vertientes de Saldán, presentó un recurso de amparo ambiental colectivo para dejar sin efecto la licencia otorgada. Desde entonces, la Asamblea del Monte de Unquillo (AMU) sostiene y acompaña activamente este juicio contra la empresa, el municipio y la provincia.
El territorio forma parte de unas 400 hectáreas que colindan con la Reserva Supaj Ñuñú de Villa Allende y la Reserva Los Quebrachitos de Unquillo. “En el medio está Corral de Barrancas, pero fuera de eso, es un sector que se ve satelitalmente como un bosque bastante integrado y que de hecho venimos pidiendo que se declare Reserva Sur de Unquillo”, detallaron desde AMU.
Para el sector ambientalista, esta cualidad es una de las claves que explican el valor ecológico del sitio como parte del corredor biológico de Sierras Chicas, ya que permite que sea refugio de muchas especies de flora y fauna, además de mitigar los extremos de inundación y sequía en un contexto de emergencia ambiental generalizado.
Miradas en tensión
Siguiendo el relato de AMU, en 2014, a pedido de informe de la ciudadanía, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia elaboró un mapa del predio (incluido en el expediente) donde, de las 125 hectáreas que la empresa abarca en su proyecto, 91,5 se calificaron como zona roja según la Ley 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Sin embargo, en 2016, la municipalidad de Unquillo tomó otro mapa como punto de partida para autorizar el loteo, en donde solo se reconocen 51,5 hectáreas como zona roja. Según apuntan desde AMU, este segundo mapa “no tiene firma, ni sello, ni cuenta con un informe que dé cuenta de los criterios que se tuvieron en cuenta para realizarlo”.
En este contexto de litigio judicial, el pasado 17 de agosto el juez que lleva la causa, Leonardo Massimino, realizó una inspección ocular para cotejar las distintas pruebas presentadas con la realidad del territorio.
Mientras tanto, más de 300 personas se congregaron en la tranquera de El Montecito para pronunciarse nuevamente a favor de la preservación del lugar, con la presencia de diversas organizaciones y artistas.
Según indicaron desde AMU, el plazo estipulado para que el juez tome una decisión sobre el amparo presentado es de tres meses, con posibilidad de apelación para ambas partes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
El Milenio: ¿Cuándo y cómo comenzó el conflicto de este territorio?
AMU: Empezó en 2012, cuando la municipalidad de Unquillo otorgó prefactibilidad a un proyecto inmobiliario llamado “El Montecito”. De ahí le quedó el nombre, aunque el proyecto actual es otro.
En ese momento, dentro del Concejo Deliberante y en la comunidad se dio una fuerte oposición que apuntaba a la defensa del bosque nativo. Aun así, el oficialismo, haciendo uso del voto doble del presidente del Concejo, aprobó el proyecto y le dio prefactibilidad. En ese marco, se construyó el pórtico de entrada al predio.
En 2015 ocurren las inundaciones, que motivaron que a nivel provincial se suspendieran todos los proyectos inmobiliarios por 180 días. Finalmente, cuando asume la nueva gestión ese año, se da de baja la prefactibilidad aprobada anteriormente.
Sin embargo, en 2016 se presenta un nuevo proyecto, “Urbanización del Cigarral”, que es el que se discute actualmente.
EM: Considerando la evidencia presentada a favor de la conservación de El Montecito, ¿cuáles siguen siendo los argumentos del sector privado para avanzar con este proyecto de urbanización?
AMU: Un argumento es que se trata de un espacio contiguo a un sector urbanizado y que la entrada del predio conecta con la ruta vieja a Mendiolaza. Consideramos que es un criterio falaz, porque si vamos urbanizando cada sector que esté pegado a una zona donde ya hay viviendas, vamos a terminar urbanizando todo.
Otro de los argumentos que se esgrimen es que se trata de una zona de valle donde hace décadas había chacras, entonces dicen que lo que hoy hay ahí es un bosque muy degradado y que, por ende, se puede intervenir. Con las pericias se pudo observar que eso no es así. Hoy en día se trata de monte nativo en recuperación y, según la Ley de Bosques, el territorio reúne todas las características que ameritan su conservación.
Pero, en definitiva, el principal argumento de la empresa sigue siendo que la Provincia y el Municipio ya le otorgaron autorización, aunque haya sido tomando como referencia un mapa de origen legal dudoso.
EM: ¿Cuáles son esos criterios que permiten considerar El Montecito como zona roja?
AMU: El más obvio es la vegetación. Si bien es cierto que es un bosque que ha sido degradado, tiene muy poca presencia de especies exóticas. El resto son árboles nativos de distintas especies, con mucha presencia de aves y animales como zorros, pecaríes y hasta corzuelas.
Además, cumple con otros criterios establecidos por la Ley de Bosques, como la superficie mínima necesaria, la vinculación con áreas de reserva, la presencia de especies valiosas, el tipo de vegetación presente, la pendiente del territorio y su valor para la preservación de las cuencas hídricas.
