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Hacia la gratuidad de la adopción

En Córdoba hay más de tres mil personas anotadas en el Registro Único de Adopción, pero sólo entre 50 y 60 llegan a la etapa del juicio propiamente dicho. A la lentitud y las trabas administrativas, se suman los costos del proceso, que pueden superar los 170 mil pesos. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone que el Estado se haga cargo de dichos gastos, con la esperanza de mejorar el panorama de la adopción en Argentina.

Colaboración: Candelaria Acevedo (6to IMVA).


A fines de abril, ingresó a la Cámara Baja del Congreso de la Nación una novedosa iniciativa denominada “Proyecto de Adopción Gratuita”, la cual busca garantizar la gratuidad de todo el proceso administrativo que rodea a los juicios de adopción de menores de edad en cualquier parte del territorio nacional.

Según las estimaciones de varias organizaciones que trabajan en pos de mejorar las leyes referentes al sistema de adopción argentino, de las más de tres mil personas anotadas en el Registro Único de Adopción de la provincia de Córdoba, tan sólo entre 50 y 60 llegan a la etapa judicial.

Durante todo el proceso, los postulantes deben afrontar costos administrativos derivados de un procedimiento legal que ya de por sí tiende a ser lento y engorroso. En otras palabras, la económica es una de las tantas trabas que impiden o reducen las posibilidades de que niños y niñas en condición de adoptabilidad vuelvan a formar parte de una familia que los contenga y los cuide.

“Con esta ley buscamos remover cualquier obstáculo de índole económico que podría dificultar el acceso a este tipo de proceso, considerando la importancia de su promoción y entendiendo tanto el deseo de los postulantes como la necesidad de niños, niñas y adolescentes de integrarse a un seno familiar para su protección y desarrollo”, detalló Soledad Carrizo, responsable de la presentación del proyecto

“Estamos hablando de proteger un bien superior que no puede verse desequilibrado ni dejado de lado: el derecho del niño o niña en condiciones de adoptabilidad a tener una familia”, explicó a El Milenio la abogada y diputada por Córdoba de la UCR.

Estado garante


El proceso de adopción comienza con la inscripción del postulante en el Registro Único provincial. Luego se realizan las primeras reuniones bajo supervisión profesional (lo que se llama “vinculación”) y, si todo va bien, el menor comienza a convivir con su posible nueva familia. Esta es la etapa de guarda con fines adoptivos, que no debe exceder los seis meses y requiere patrocinio letrado. Finalmente, se llega el juicio de adopción propiamente dicho.

Cabe aclarar que todo el proceso se desarrolla en los tribunales comunes provinciales y, por tanto, no es materia del fuero federal. Por ello, el proyecto de ley no obliga, sino que invita a todas las provincias a que adhieran a esta iniciativa y arbitren los medios necesarios para su cumplimiento. Actualmente, sólo Río Negro, Chubut y Entre Ríos tienen leyes que garantizan la gratuidad del proceso de adopción, mientras que, en el resto del país, los gastos pueden superar los 170 mil pesos. 

“Estas tres provincias ya dieron un puntapié inicial muy importante y eso muestra cómo existe una situación de desigualdad en los derechos de los padres interesados en adoptar”, explayó la diputada Carrizo. “Es importante generar un marco jurídico para que cualquier habitante de la Argentina tenga esta misma posibilidad. Por eso se invita a que todas las provincias adopten, puertas adentro, esta iniciativa”, continuó.

En cuanto a su implementación, la diputada señaló que una opción podría ser a través de convenios con los colegios de abogados, comprometiendo a los letrados a brindar una tarifa especial para que el Estado provincial o el Ministerio de Justicia de la Nación la costee. 

En este sentido, también aclaró que, de aprobarse el proyecto, el mismo no significaría un gran gasto para el erario público ya que, lamentablemente, los juicios de adopción no son precisamente numerosos. “En Córdoba estamos hablando de 50 o 60 procesos de adopción por año”, puntualizó Carrizo.

A contrarreloj


Según contó la parlamentaria, el proyecto nació a partir de una propuesta presentada en noviembre del año pasado por diferentes ONG que se unieron para reclamar mejores condiciones de adoptabilidad en el país.

“Llevamos adelante una lucha colectiva, buscando extender nuestra voz para asegurar que se cumplan los tiempos en las infancias, el respeto al Código Civil y Comercial y la implementación de nuevas políticas públicas en beneficio del sistema de adopción en Argentina”, manifestó a este medio Cyn Jellich, representante de Adoptar Necochea Ushuaia.

Según explicó Jellich, el factor económico ocasiona que los juicios se prolonguen indefinidamente, entorpeciendo el derecho de los menores a conformar una nueva familia. “Los procesos se perpetúan debido a que las familias no cuentan con el dinero para poder iniciar o continuar el juicio de adopción. Como resultado, los niños ven vulnerado su derecho a una familia y una identidad”, expresó Jellich.

A su vez, la Dra. Carrizo amplió este dato al manifestar que existen decenas de trabas más, como la imposibilidad de pedir licencias laborales que permitan participar de juicios de adopción que tienen lugar en otras provincias o los engorrosos trámites para registrar el nuevo apellido de los menores.

“Incorporar el concepto de gratuidad en el Código Civil, es garantizar la gratuidad de toda la parte administrativa y jurisdiccional, es decir, todo lo que sea inscripción de sentencias, las partidas de adopción o incluso cuando se necesita cambiar el apellido del niño”, amplió la diputada de la UCR.

Otro dato preocupante es que, a medida que los niños van creciendo (y sobre todo pasados los cinco años), el deseo de adopción disminuye. “A más edad de los niños y niñas, más caen sus posibilidades de adopción. Ni hablar cuando son muchos hermanitos o se trata de menores con discapacidad”, se lamentó la funcionaria.

Según los datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), de un total de 4580 legajos vigentes en 2019, 89% manifestaban la voluntad de adoptar niñas o niños de un año de edad, pero el porcentaje caía a 17% cuando la edad subía a ocho años y se derrumbaba al 1% a los doce. Asimismo, sólo 713 inscriptos (el 16%) manifestaron que sí adoptarían un menor con alguna discapacidad o enfermedad.

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