La Cancillería argentina fue informada sobre el «cese de la prisión preventiva» del fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld, que había sido detenido en Bolivia en noviembre de 2019, y la posibilidad de que regrese al país para recibir atención médica.
En un comunicado difundido anoche, el ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Felipe Solá explicó que «el Tribunal Número 1 Penal de Sentencia de la ciudad de Montero autorizó que la prisión preventiva pueda ser sustituida por otras instancias».
«Al mismo tiempo -se expresa- resolvió el Tribunal que, en vista de los argumentos del abogado de Molares y del Consulado argentino en Santa Cruz de la Sierra, Molares reciba atención médica en la República Argentina».
«La decisión fue tomada teniendo en cuenta el compromiso del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de preservar la vida del ciudadano», precisa el comunicado oficial.
En ese plano, apunta que «según el Tribunal, la autorización para viajar a la Argentina, donde además de atender su salud Molares debería presentarse periódicamente ante el Consulado boliviano en Buenos Aires, responde a que por la salud delicada de Molares están dadas las condiciones para reemplazar otras instancias que el propio Tribunal consideró».
«Una de ellas -puntualiza- fue la detención domiciliaria en Santa Cruz, con autorización de salir a trabajar de 7 a 19».
Asimismo, la Cancillería indicó que, «a la espera de que pueda resolverse el caso de fondo, como lo planteó sistemáticamente el Gobierno nacional, la Argentina continuará con los esfuerzos para asegurar el pleno respeto de los derechos que correspondan a Molares».

Molares había viajado, desde Colombia, para cubrir las elecciones del año pasado en Bolivia, pero fue detenido.
El periodista debió ser hospitalizado porque padece una insuficiencia renal y, días atrás, había contraído coronavirus.
Al difundirse el caso, con la asunción del presidente de Bolivia, Luis Arce, el pasado 8 de noviembre, tomó intervención el canciller Solá quien se puso en contacto con las autoridades del nuevo Gobierno constitucional.
El 1 de octubre pasado, la Cancillería argentina presentó un pedido oficial a Bolivia para que libere a Molares «de manera urgente» y denunció que el joven sufría una «situación de denegación de justicia» por parte del entonces gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez Chávez.
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