Camila Gianesini (IMVA)
El pasado 22 de julio, la Provincia aprobó la “Ley Antibúnker y Antiaguantaderos”, en donde se establece un nuevo régimen para intervenir inmuebles y otros bienes utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad de la comunidad.
Según informó la Prensa de Córdoba, en las estrategias contra el narcotráfico, la norma incorpora modificaciones a la Ley Provincial 10.067 para permitir que el fiscal especializado solicite al juez medidas destinadas a hacer cesar el funcionamiento de un búnker. Entre ellas se incluyen la clausura, el aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, como medida excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada y con las garantías del debido proceso.
Cabe destacar que la ley también delimita los casos que deberán gestionarse por la vía judicial, como aquellos en los que exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos sobre derechos de posesión o cuando sea necesario adoptar medidas que excedan el carácter preventivo del régimen administrativo.
Finalmente, la ley también crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos para coordinar acciones entre distintos organismos. Asimismo, establece que los bienes recuperados en causas de narcotráfico serán destinados al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y al financiamiento de programas de prevención y asistencia vinculados a la lucha en contra del narcotráfico.
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