Colaboración: Lucía Argüello
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Pese a los innumerables intentos por parte de la administración del Hogar El Milagro para evitar el cierre y desalojo de la institución, el gobierno provincial les confirmó que tienen hasta el viernes 17 de julio para terminar de reubicar a los residentes con sus familias o en nuevos hogares o instituciones.
De los 16 adultos mayores que habitaban el establecimiento el mes pasado, actualmente quedan ocho personas que, por diversos motivos, todavía no pudieron encontrar un lugar donde vivir. En algunos casos, sus familias no cuentan con el espacio o los medios para recibirlos y otros directamente no tienen a quién acudir.
“No se dan cuenta que los abuelos no son paquetes que pueden sacar a la calle o depositarlos donde ellos quieran”, manifestó a El Milenio la administradora del lugar, Norma González. Además, explicó que, de no poder reubicar a los adultos mayores, la Provincia se encargaría de judicializar los casos y enviarlos a otras instituciones. “Es triste y desesperante imaginar a dónde los van a llevar. Van a estar aislados, con gente desconocida, en una situación de total desamparo afectivo”, se lamentó Norma.
Vale recordar que El Milagro es un establecimiento para adultos mayores que se constituyó a principios de este año en una vivienda de barrio Español. Si bien no está habilitado como residencia geriátrica, se encontraba en trámite con la Municipalidad de Villa Allende y Rugepresa (Registro de Unidades de Gestión de Prestadores de Salud) para constituirse como “hogar de guarda”, una opción que permitiese brindar residencia a adultos mayores de sectores vulnerables, con una limitación de diez personas.
“Acá cada uno aporta lo que puede, muchos vienen de familias de escasos recursos o cobran una jubilación mínima. Están en buen estado de salud, pero su edad ya no les permite vivir solos”, explicó Norma.
Según indicó González a El Milenio, desde el inicio de la emergencia sanitaria, habían mantenido contacto continuo con el municipio, que les informaba sobre las últimas medidas preventivas e incluso concurrió al lugar para constatar el estado de salud de los residentes.
En este sentido, el espacio cuenta con ingreso diferenciado para el personal y protocolos relativos a la desinfección y uso de barbijos y cofias, entre otras precauciones. Aparte, ya había restringido las visitas el 10 de marzo, al igual que otros establecimientos. “Quisiera que los de la Provincia vinieran a ver cómo están nuestros residentes, acá están seguros y cuidados. No es momento de sacarlos a la calle”, apuntó Norma.
Sin papeles, pero necesarios
Desde el inicio de la pandemia, pero fundamentalmente a partir del caso del geriátrico Santa Lucía en Saldán, donde a principios de abril se produjo un importante brote de COVID-19 que se cobró la vida de doce adultos mayores, el gobierno provincial ha intensificado los controles sobre los hogares de larga estadía.
Se trata de espacios que se encuentran en déficit para la comunidad, ya que la demanda supera con creces a la oferta. Según datos publicados por La Voz del Interior, el estado provincial registra oficialmente 446 establecimientos privados para la atención de adultos mayores (188 en la capital y 258 en el interior), aunque se estima que existen un centenar más que funcionan sin habilitación en distintas localidades.
A su vez, vale señalar que el costo de estas instituciones no baja de los 30 mil pesos y que, en el caso de iniciar el trámite de geriatrización a través de PAMI, el tiempo de espera mínimo estimado es de un año, debido a la falta de vacantes.
La titular de la filial Córdoba de la Unión Argentina de Prestadores de Servicios Gerontológicos, Nora Kurth, manifestó a La Voz del Interior que la necesidad de más instituciones para el cuidado de los adultos mayores ha hecho que el Estado “hiciera la vista gorda” con el tema de las habilitaciones a instituciones residenciales. “Un jubilado que cobra 19 mil pesos no puede aspirar a contratar una residencia habilitada. A duras penas consigue comprar los remedios para aliviar sus dolencias”, señaló Kurth.
Isolina Dabove, investigadora del Conicet y directora de la Maestría de Derecho a la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), consideró que la demanda tan alta dificultó las tareas de control y autorización de protocolos necesarios para el correcto funcionamiento de estos hogares.
“Creció la cantidad de gente que demanda este servicio y no hay una oferta que responda a exigencias que son hipercomplejas. Esta situación hace que el Estado entre en una lógica que conspira contra los adultos mayores. Se les permite funcionar a lugares no habilitados o que incumplen algunos aspectos importantes”, advirtió Dabove. “Nunca se han tomado verdaderamente en serio políticas para el sector”, sentenció la profesional.
