16 mayo, 2022

El Milenio

Noticias de Sierras Chicas

Multan a una empresa de interurbanos por no respetar el pase libre por discapacidad

El hecho sucedió en la localidad de Valle Hermoso, donde se le impidió el acceso a tres personas con autismos y sus respectivos acompañantes. Ersep multó a la empresa por 150 mil pesos. Qué dice la Ley.

Sucedió el pasado 9 de febrero en la localidad de Valle Hermoso, pero es una escena que se repite en toda la Provincia, incluido las Sierras Chicas. Un grupo de personas con discapacidad y con los papeles en regla, se les impidió el acceso a la unidad por una supuesta ley, que solo les exige a las empresas de transporte conceder únicamente dos asientos.

En el hecho, que fue filmado por los damnificados, intervinieron fuerzas policiales que trataron de mediar entre el chófer de la unidad y un grupo de seis personas con los pases de discapacidad en mano, que no se les permitió subir al transporte interurbano. Se trataba de tres madres y sus respectivos hijos de 14, 15 y 22 años con autismo.



Para complicar aún más la cuestión, el conductor tomó la decisión de desviar su recorrido para llevar a todas las personas involucradas hasta la comisaría más cercana para obligarlos a bajarse de la unidad. Todo el trayecto fue grabado, donde incluso, se puede observar como el chófer hablaba por celular mientras conducía la unidad.

En una parte de la filmación se puede escuchar como el conductor del transporte le reclama a una mujer «¿Vos te pensás que porque tenés pase podés hacer lo que vos quieras?«


Transporte y discapacidad: sin cupo y sin excusas

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Ante la grave falta cometida contra los usuarios del beneficio de transporte gratuito, el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) resolvió multar a la empresa de transporte con una suma de más de 150 mil pesos por el motivo de «haber negado el traslado gratuito de personas con discapacidad, beneficiarias del Pase Único, Libre y Universal expedido por la Secretaria de Transporte de la Provincia, en el marco de la Ley Provincial N° 9440”.

En declaraciones al medio La Voz, una de las mamás presentes que hizo la denuncia, sostuvo que más allá de la situación indignante que les tocó vivir, esperan que este tipo de tratos se empiecen a corregir en las rutas de la provincia de Córdoba. «Cuando nosotros fuimos hacia el Ersep, pedimos una resolución que supere la multa. Sabemos que para la empresa una multa es fácil de pagar. Necesitamos que haya una intervención más profunda«, sostuvo.

Qué dice la Ley

A nivel nacional, desde 1994 existe la Ley 24.314 de “Accesibilidad de personas con movilidad reducida”, que establece la supresión de toda barrera física en los ámbitos urbanos arquitectónicos y en el transporte de todo el territorio del país.

Además, en su artículo 22 establece que los “vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida”, aclarando que estos dos asientos, de ninguna forma son limitativos, sino ejemplificativos.

Por otro lado, en Córdoba existe desde diciembre de 2007 la Ley 9440 de “Pase Libre, Único y Universal”, destinada a garantizar el acceso gratuito e irrestricto a toda persona con discapacidad a cualquier medio de transporte que opere bajo el contralor del estado provincial. Siendo la principal norma que rige todo lo referente a la obtención y alcance del documento necesario para acceder al servicio de transporte gratuito por discapacidad en la provincia de Córdoba y las obligaciones que les compete a las empresas prestadoras de colectivos que circulen dentro de la provincia.

Allí, su artículo 2, establece que todas las empresas que brinden el servicio de transporte están obligadas a “transportar gratuitamente a las personas con discapacidad y a un acompañante -dentro de los recorridos habituales de cada empresa-, hacia cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales, recreativas o de cualquier otra índole, que tiendan a favorecer su plena integración social”.

Recién en el decreto reglamentario 1778 del año 2008, aparece un artículo que menciona algún tipo de limitante o cupo, al declarar que se debe “reservar el uso prioritario, de los dos primeros de la hilera más cercana a la puerta de acceso de la unidad del transporte”.

Sin embargo, la abogada unquillense Rocío Loza Serra (MP 1-40606), del Estudio Jurídico Serra y Asociados, consideró que bajo ningún punto de vista esa reglamentación habla de una limitación al número de personas con discapacidad que pueden viajar en el transporte público.

Lo que dice el artículo 6 del decreto reglamentario es que con la sola muestra del pase de discapacidad es necesario para viajar. Lo del uso prioritario es solo eso, el uso prioritario”, comentó la profesional en derecho.

De ningún modo esa obligación de reservar esos dos asientos prioritarios puede servir como una limitación del derecho que la ley garantiza” enfatizó.

Más aún, la abogada expresó que la ley cordobesa 9440 es tajante al asegurar que toda persona con discapacidad, tiene el derecho a viajar en cualquier transporte público sin alguna limitación de cupo o disponibilidad de la empresa prestadora del servicio.

La ley 9440 es muy clara cuando dice que las empresas de transporte deben garantizar el viaje gratuito de las personas con discapacidad, hacia cualquier destino y por los recorridos habituales de la empresa. En ningún momento dice que eso depende de la disponibilidad de la empresa. Por eso es impensable que el decreto reglamentario podría limitar a la ley”, sentenció Loza Serra.

Antecedentes y reclamos

Cabe resaltar, que el antecedente más cercano en cuanto a una posible solución a esta problemática, la encontramos en agosto de 2017, cuando la legisladora radical por Alta Gracia, Amalia Vagni presentó un pedido de informe a la legislatura provincial, para constatar el cumplimiento de las empresas sobre el derecho a transporte gratuito de las personas con discapacidad.

Según la consideración de la legisladora, se trata de un problema conocido por todos los usuarios del transporte público interurbano de la provincia y por ende, debería ser obligación del Estado, saber cuáles son los criterios que utilizan las empresas para poner un límite a la cantidad de personas con discapacidad que pueden acceder al servicio de transporte.

De manera unánime estas empresas diferenciales han decidido ‘reglamentar’ la ley Nº 9440 que regula la materia, creando tal disposición interna que los chóferes deben cumplir. A pesar de no existir ninguna norma que permita a las empresas de transporte a realizar esta práctica discriminatoria”, expresó en su momento la legisladora a diversos medios de prensa.