Son múltiples los casos de damnificados del 15F que aún, cuatro años más tarde, no obtienen una respuesta válida por parte del Estado. Daniela Floridia y Valeria Prato se convirtieron en referentes de perseverancia y solidaridad, luego de la gran inundación.
- Por Clara Angeletti
- claraangeletti@elmilenio.info
Ayuda a medias que no cierra las heridas
El caso de Daniela Floridia va de la mano al de otras ocho familias de la calle Uritorco de la ciudad de Villa Allende. Desde hace 4 años esperan que las promesas gubernamentales se concreten y dejen de ser una utopía.
Vale aclarar que los problemas en Villa Allende comenzaron mucho antes del 2015, pero ese 15 de febrero fue el desenlace fatal.
Aquellas casas que terminaron destruidas por el aluvión, fueron compradas alrededor del año 2008. Cinco viviendas ubicadas sobre un terreno de una quinta vieja, que desde siempre se inundaba ¿Por qué? Porque aquellas construcciones fueron edificada sobre un cauce seco de un río.
“Los gobiernos permitieron que se lotee este cauce y nosotros desconocíamos el peligro”, señaló Floridia.
Si bien, finalmente los damnificados recibieron los terrenos, hace un año exactamente, aún continúan sin escrituras. No obstante, todavía no llegaron los servicios básicos como el agua o la luz, tampoco los kits de construcción, ni el dinero para la mano de obra. Otra falacia fue la ayuda en los alquileres temporarios hasta que llegaran los terrenos.
“El juicio fue contra la negligencia, la estafa, por no cumplir con la obligación del Estado de defender el derecho a una vivienda digna y segura, pero perdimos. Caso fortuito, alegó el juez”
Daniela Floridia
El proceso no fue fácil. Hubo cambios “radicales”, niños cambiados de escuela, de barrio, enfermedades graves.
“No hubo pérdidas humanas en esa calle, pero sí roturas en el alma de cada uno de nosotros”, indicó Daniela y añadió: “Para mí y mis hijos fue empezar de cero, alquilar después de 25 años de trabajo y sacrificio”.
Hoy, las promesas siguen sin concretarse. Hubo acciones legales por parte de los vecinos, encrucijadas y más gastos.
Floridia comenta que “el juicio fue contra la negligencia, la estafa, por no cumplir con la obligación del Estado de defender el derecho a una vivienda digna y segura, pero perdimos. Caso fortuito, alegó el juez”.
Tras rearmar el hogar, expandir la solidaridad
Valeria Prato es de Unquillo y perdió su casa luego de que dos metros de agua ingresaran sin piedad durante la madrugada del 15F. Ella tuvo la suerte de comenzar una nueva vida en Cabana, sin embargo, continúa acompañando a aproximadamente 36 familias que no corrieron con la misma fortuna.
Por su parte, Prato explicó que luego de la inundación, el gobierno provincial relevó los daños de las viviendas, clasificándolos en gravedad del uno al cinco. Posteriormente, para quienes estuvieran en necesidad de reubicación, se dieron dos opciones, esperar una vivienda con desconocimiento del nuevo sitio o ante la tenencia de un terreno, utilizarlo para cimentar ahí con ayuda económica estatal.
“Nosotros teníamos un terreno asique tomamos esa opción porque pudimos ponerlo y recibir los materiales para hacer una vivienda de 60 metros cuadrados. Entonces, desarmamos nuestra casa en la plaza Belgrano y con eso rearmamos una casa en Cabana, donde estamos actualmente”, comentó Prato.
Pero no todos pudieron elegir y al día de hoy, esas personas continúan esperando, dentro del mismo barrio dónde vivieron la pérdida de todo. Alrededor de 36 vecinos persisten en esa zona con riesgo de inundación, sin obras que les garanticen seguridad.
Respecto al manejo del gobierno, tanto provincial como municipal, la unquillense expuso: “El estado debería haber redefinido la línea de ribera y que haya una ley que diga que no podés vivir a determinada distancia del río, pero entiendo que tomar esa decisión tiene que ver con una cuestión económica y es más barato pagar los daños provocados por la inundación que tomar una resolución definitiva”.
Frente la falta de soluciones definitivas y también de contención psicológica, emocional por parte del Estado, varios núcleos se unieron en torno a un objetivo unánime: ayudarse entre todos a superar la afección colectiva que los marcó de por vida.
Así surgió “Marca(s) de Agua” , la iniciativa que han decidido llamar “subjetividad post-inundación”. La misma es llevada adelante por TAGUA, una organización cultural y comunitaria con más de 20 años.
TAGUA, grupo en el que participa Valeria, se ocupa tanto de lo referido a lo material, como de los efectos que eso puede producir en el cuerpo, como cáncer, problemas en el corazón y numerosas enfermedades.
“Lo material no resuelto tiene efectos simbólicos en el cuerpo y enferma. Para entender esta situación nos aferramos a un bello concepto: «solastalgia» que significa dolor de la tierra que se habita», concluyó Prato.
