Desde finales de febrero, vecinos y agrupaciones ambientalistas locales expresaron su profunda preocupación por el avance de los desmontes y la actividad extractivista sobre la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa Supaj Ñuñu. El conflicto se intensificó tras conocerse que la cantera «El Gran Ombú» ya habría completado su primera etapa de explotación y buscaría avanzar hacia una fase dos, lo que implicaría profundizar la minería directamente dentro del área protegida.
Según informó el Consejo Municipal de Ambiente a través de sus redes sociales, «cientos de hectáreas corren peligro de desaparecer» y la reserva corre el riesgo de convertirse «en un cráter gigante», lo que generaría un impacto directo e irreversible sobre los árboles, la fauna y la cuenca hídrica local.
Frente a esta situación, el pasado 26 de febrero se realizó una caravana de protesta para exigir el cierre de la mina, y actualmente se están organizando mateadas informativas frente al edificio municipal para visibilizar el reclamo y exigir la intervención de las autoridades.
Cabe destacar que en la localidad rige la Ordenanza 3719, la cual prohíbe expresamente la actividad minera dentro del ejido y categoriza a la reserva como zona roja de conservación. En su articulado, la norma clasifica a las Áreas de Protección Ambiental y Áreas de Reserva como «Suelo No Urbanizable», lo que implica una restricción total para actividades que alteren su naturaleza.
Además, uno de los puntos más críticos que refuerza la denuncia vecinal es el Artículo 30° de dicha ordenanza, el cual prohíbe de forma absoluta el desmonte de especies nativas protegidas como el Molle, Orco-quebracho, Quebracho blanco, Tala y Algarrobo. La normativa establece una prohibición general para cualquier «movimiento de tierra que altere el soporte natural» y prohíbe explícitamente la actividad extractiva de suelo y subsuelo en todo el ejido municipal que no esté debidamente encuadrada en los planes de uso sustentable.
Finalmente, desde el Consejo sostuvieron a diversos medios locales que la empresa buscaría ocupar unas 1.100 hectáreas dentro del área protegida por lo que piden la rápida intervención de las autoridades municipales.
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