Por Amira López Giménez y Carlos Romero.

Hace pocos meses, los portales científicos anunciaron un avance titánico para la salud mundial: tras diez años de investigación, el laboratorio Janssen, de Johnson & Johnson, alcanzó la fase tres en el desarrollo de un prototipo de vacuna contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El logro fue posible gracias al salto tecnológico en materia de inmunología que desató la búsqueda de una vacuna contra el SARS-CoV-2, proceso que favoreció las investigaciones para prevenir el VIH.

El estudio, denominado MOSAICO, involucra a 3800 personas, 57 centros de investigación y 8 países, entre ellos Argentina, donde es llevado a cabo a través de la Fundación Huésped. Según señala el sitio web de dicha institución, la vacuna utiliza un adenovirus inofensivo como vector para transportar una combinación de proteínas del VIH que son identificadas por el sistema inmunológico, generando defensas contra el agente infeccioso. Vale aclarar que esta herramienta tiene un fin preventivo, es decir, no elimina el VIH de las personas que ya conviven con el virus, sino que busca evitar que otras lo adquieran.

Sin embargo, durante el Día Mundial de la Lucha contra el Sida (celebrado el 1 de diciembre), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que, a pesar de los progresos realizados en el mundo desde la primera detección del VIH en 1981, el virus sigue representando una importante problemática para la salud mundial.

A nivel latinoamericano, los casos se incrementaron un 21% durante entre 2010 y 2019, cuadro que se agrava con la pandemia de COVID-19, que puso en evidencia las deficiencias en los servicios de prevención, testeo, tratamiento y atención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

En Argentina, el Ministerio de Salud estimó recientemente que son 136.000 las personas que viven con VIH (2019), aunque un 17% de ellas desconoce su diagnóstico. Entre aquellas que sí lo conocen, el 67% se atiende en el sistema público de salud, aunque diversas voces denuncian fallas en la prestación del tratamiento con antirretrovirales y destacan otros factores que no son contemplados por la legislación actual.

Protección a medias 

La Ley Nacional de Sida (N° 23.798), sancionada en 1990, declaró de interés público la lucha contra este síndrome y buscó garantizar el acceso gratuito a tratamientos, controles y diagnósticos, tanto en el sistema público como en el privado. También contempla la promoción de la investigación en torno al tema, la realización de campañas de prevención y la confidencialidad de la información de las personas que viven con VIH. 

Sin embargo, a 30 años de su promulgación, la realidad superó a una normativa que hoy necesita contemplar nuevos escenarios. De hecho, las estadísticas nacionales todavía distan de alcanzar las metas fijadas por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2020: tener al 90% de las personas con VIH diagnosticadas, bajo tratamiento y con su carga viral indetectable.

En consecuencia, muchas organizaciones nacionales se pusieron al hombro la elaboración de un nuevo proyecto de ley sobre VIH, hepatitis virales e ITS. “Hay muchos países que hoy no contemplan la gratuidad y universalidad del tratamiento o la confidencialidad, tanto en los resultados como en la forma del testeo. Nuestra ley nacional fue y es una normativa bastante avanzada, el tema es que tiene muchos problemas en su implementación”, evaluó Gonzalo Valverde, coordinador de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) e integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH.

En entrevista con El Milenio, el joven referente destacó la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta poderosa para prevenir e informar sobre el VIH. Sin embargo, ni la ESI ni la Ley 23.798 pueden paliar las problemáticas imperantes en el campo social.

Valverde denunció faltantes en los medicamentos y reactivos, problemas de atención por parte de las obras sociales prepagas, violación de derechos en entrevistas preocupacionales, negación de atención odontológica, violencia obstétrica y una creciente y alarmante estigmatización que impide el desarrollo de una vida sexual plena para las personas con VIH e incrementa la discriminación escolar de niños y niñas que nacieron con el virus. 

“La Ley de Sida vigente contempla bien el aspecto biomédico, pero no tiene en cuenta el lado social, las problemáticas en la vulneración de derechos y la discriminación para quienes vivimos con el virus”

Hacia una nueva ley

Ante este panorama, desde 2014, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH busca actualizar la legislación que las ampara. Así, más de 40 organizaciones del país elaboraron un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de distintos partidos políticos.

“La Ley de Sida vigente tiene una perspectiva puramente biomédica, es decir, comprende bien el tema de salud, tratamientos y controles, pero no contempla el lado social, las problemáticas en la vulneración de derechos, el estigma y la discriminación para quienes vivimos con el virus”, profundizó Valverde y destacó la importancia de que se incorpore a la comunidad seropositiva en la elaboración e implementación de las políticas públicas.

El proyecto titulado “Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual” fue presentado el 25 de septiembre de 2020. La iniciativa contempla tratamientos sustentables que eviten la falta de insumos, incentivando la producción pública, y busca frenar la transmisión vertical con prevención y protección para niños, niñas y adolescentes. También propone ampliar las posibilidades de diagnóstico para que el test de VIH pueda ser realizado sin prescripción médica y sea ofrecido por el personal de salud como examen de rutina.

A su vez, se busca garantizar el acceso a los derechos sociales básicos, como la alimentación, la salud y el trabajo, así como la “reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS”.

Particularmente en este sentido, el Frente Nacional y el RAJAP denunciaron numerosos casos de empresas que solicitan el test de VIH en entrevistas preocupacionales, situación que la resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo contempla como motivo de denuncia porque atenta contra el acceso a fuentes laborales y el derecho a la confidencialidad de las personas con VIH.

Para las organizaciones, la precarización laboral de la comunidad seropositiva es uno de los puntos más visibles y críticos del año, agudizado por la pandemia. “No es casual que casi el 70% de la población con VIH se atienda en un hospital público y sólo un 30% acceda a un sistema de medicina prepaga. Es presión en desigualdad y la falta de acceso a un trabajo. El proyecto que proponemos también contempla medidas para la inclusión laboral y métodos de capacitación, además de la prohibición de los test en los preocupacionales”, indicó Valverde. 

“Existe un gran desconocimiento de lo que significa indetectable e intransmisible, es decir, personas que vivimos con VIH y que no transmitimos el virus por vía sexual si seguimos el tratamiento adecuadamente”

La otra pandemia

En 2020, la cuarentena agregó nuevos desafíos a la lista de obstáculos para las personas que conviven con VIH. “Nos afectó muchísimo, en especial a los pares del interior que, al no tener transporte interurbano, no podían buscar la medicación. El programa provincial de Córdoba estuvo enviando medicamentos y articulando con hospitales regionales para que les llegue a todos, pero sabemos que hubo faltantes. Incluso se complicaba ir a un hospital público, además de que el principal espacio de atención al VIH hoy es un hospital abocado al COVID-19”, compartió Valverde.

A la falta de medicación antirretroviral y de movilidad se sumaron las dificultades para realizar los controles de rutina. AIDS Healthcare Foundation, una organización que trabaja en la prevención, detección y tratamiento del VIH y el sida a escala global, advirtió que, a causa del COVID-19, los testeos por VIH sufrieron una caída del 40%.

En concordancia, muchas redes de apoyo argentinas advirtieron que las consultas disminuyeron notoriamente en los meses de mayo a septiembre. “Desde la propia Dirección de Respuesta al VIH recomendaron diferir los controles y hubo un impresionante faltante de reactivos para controlar la carga viral, un escenario que se repite desde hace un año con altos y bajos”, alertó Valverde y también destacó la menor distribución de preservativos del Ministerio de Salud.

Por último, el joven estudiante de Comunicación Social recalcó que existe un desconocimiento general sobre cómo se aborda el tema no sólo en los medios, sino también en las escuelas o en la charla de todos los días.

“Se habla con un contenido muy estigmatizante y muy fuerte, cometiendo errores terribles como decir que es una enfermedad, cuando estamos hablando de un virus, tratar sida y VIH como sinónimos o referirse a ‘portadores’ de VIH siendo que en realidad no portamos nada, simplemente somos personas viviendo con el virus y que hoy en día, gracias a los avances científicos, tenemos la misma calidad de vida que las personas VIH negativas”, enfatizó.

A nivel nacional, se notifican 4.800 casos de VIH en promedio por año y más del 98% de las infecciones se producen a causa de relaciones sexuales sin protección. Fuente: Ministerio de Salud.