El pasado miércoles 21 de octubre, el Consejo Directivo Provincial de la Provincia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba, presentó en la Mesa de Entradas del Fuero Penal de la Justicia de Córdoba, una denuncia contra el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Ceballos (SUOEM), Oscar Rene Ibarlucea, por la supuesta comisión del delito de amenazas contra el titular de la organización.
Según el comunicado oficial de ATE, Ibarlucea habría publicado mensajes verbales agresivos en un grupo de Whatsapp de afiliados de esa organización contra el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
“Consideramos que esto es un límite: puede haber disputa gremial, diferencias políticas, pero entrometerse con la integridad física de un representante sindical es motivo suficiente para realizar una denuncia penal”, manifestó la asesora legal de ATE Córdoba, María Terragno en la página oficial de ATE.
“Esa amenaza vertida sobre una persona con la investidura de máximo representante gremial de un colectivo como ATE, hace que la misma recaiga también sobre todas aquellas afiliadas y afiliados -y sus compañeras/os- que hayan decidido organizarse en una u otra organización gremial, de manera libre, tal como admite la ley” sentenció Terragno.

Federico Giuliani. Foto gentileza a quien corresponda.
Por su parte, el secretario general de ATE Córdoba, Federico Giuliani, manifestó en la página oficial de ATE que “la coexistencia de las organizaciones sindicales tiene un valor enorme para las y los trabajadores y obliga a que los sindicatos -y sus dirigentes, fundamentalmente- asuman realmente la representación de quienes son sus afiliados y afiliadas: negar la posibilidad de la pluralidad, perseguir y violentar a quienes eligen su representación tal como admite la Ley, dice mucho de dirigentes que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia, donde pensar y actuar diferente era motivo suficiente para la persecución de las personas”.
Finalmente, vale aclarar que las actuaciones se encuentran actualmente en manos del fiscal Fernando López Villagra (Fiscalía Distrito 3, Turno 3), para su estudio.
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