Se convocó a una audiencia judicial por el ex basural en Mendiolaza

La Justicia hizo llamado a la Municipalidad y a la Asociación Civil Mendiolaza Viva por las denuncias que ésta hizo sobre el basural a cielo abierto que durante años funcionó sin autorización en esa localidad.

• Por Redacción El Milenio.
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La convocatoria, tanto para denunciantes como para denunciados será este viernes 15 de marzo cuando por fin se realice la audiencia judicial. La raíz del problema surge desde el perito (incluido en la causa) realizado en diciembre pasado por el Centro de Química Aplicada de la UNC (CEQUIMAP), en el predio donde funcionó por más de diez años el basural a cielo abierto en El Talar de Mendiolaza.

En la pericia, se confirmó la existencia de materiales identificados como Residuos Sólidos Urbanos enterrados mezclados con restos de poda, confirmando de esta manera las diversas denuncias de la Asociación Civil sobre la presencia de esos desechos y el posterior soterramiento y su eventual daño ambiental.

El basural era considerado por el municipio como un centro de transferencia, pero las pruebas aportadas por los vecinos a la justicia confirman que operaba como basural a cielo abierto, sin ser autorizado por la Secretaría de Ambiente.

Mendiolaza Viva ante la indignación de lo sucedido denunció penalmente a Daniel Salibi en junio del año pasado y presentaran un amparo ambiental. Los vecinos exclaman que el intendente había “desarrollado conductas que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y solicitó la erradicación del basural y la implementación de medidas urgentes, “tendientes a mitigar la invasión de alacranes sufrida en el verano pasado buscando que los efectos no se propaguen en el próximo período estival”.

Luego de que la Justicia tomará apuntes en el caso, en agosto se ordenó la suspensión de tareas de enterramiento en el basural. En septiembre el fiscal anticorrupción, Matías Bornancini, imputó a Salibi por la “posible comisión del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.