Cumpliendo con la ley 26.061, Salsipuedes apostó a la protección y a la restitución de los derechos de niños/as y adolescentes de la mano de la Licenciada Laura Cortez.
- Por Amira López. amiralopez@elmilenio.info
- Lourdes Lugo y Sofía Abate. 4°A IMVA.
- Jerusalén Menéndez. 4°B IENM.
[dropcap]L[/dropcap]aura Cortez es Licenciada en Psicología y especialista en Políticas Públicas. Su pasión por la mente humana y la sociedad la llevó a ser la principal referente de Salsipuedes en materia de derechos de niños/as y adolescentes.
Su trabajo es primordialmente institucional, aunque le gustaría ampliar su acción en el campo. De todos modos, desde el mes de febrero las tareas en la nueva oficina de la niñez, ubicada dentro del CIC (Centro Integrador Comunitario), son varias. Pues, los reclamos y pedidos de protección y restitución de derechos vulnerados abundan y un espacio de atención se había vuelto necesario.
“Me llamaron para abrir la oficina y coordinar las tareas. Empecé sola y con mucho trabajo pudo incorporarse una abogada. La finalidad que tuvo, particularmente en Salsipuedes, fue por la demanda en la comunidad, en los barrios, familias, escuelas y en las propias áreas de la municipalidad como salud, educación y desarrollo social”, sostuvo Laura Cortez en diálogo con El Milenio.
El Milenio: ¿Cuáles son las funciones del servicio?
Laura Cortez: Nosotras basamos las intervenciones en tres pilares que son: promoción, protección y restitución de derechos. La promoción tiene que ver con la difusión de la ley 26.061 para que las comunidades se enteren que los niños tienen derechos, implica no sólo la difusión del espacio, sino también el trabajo en territorio. En Salsipuedes no hemos podido salir de las oficinas para la promoción, es decir, haciendo talleres de protección, promoción de derechos con los niños, porque somos pocas personas y hay muchas demandas de restitución de derechos.
Después, está la protección que es nuestra pata fuerte. La protección y la restitución irían juntas e implican todas las demandas que nos llegan a través de un oficio o de una familia o de nuestros compañeros a través de derivaciones, médicos, psicólogos, maestras.
EM: ¿Cómo se trabajaba con la niñez antes de que existiera el área?
LC: Cuando a mí me convocan para organizar la oficina, el sistema de protección integral estaba funcionando. La ley 26.061 es del año 2000 y se aprobó en el 2005, es una ley vieja, pero de todos modos sigue siendo nueva, porque antes de esta ley estaba una que trataba a los niños como objeto de tutela, es decir: quien decidía por las cuestiones de los niños era el juez y los adultos y los niños no tenían injerencia en sus propios derechos, no se los escuchaba.
La ley 26061 viene a cambiar un paradigma de intervención, donde se saca el poder al juez y se lo lleva a la administración pública, se sale de la justicia. Ya no se judicializa a los niños, porque sería un caso de violencia. Ahora ante una situación, de un niño al que le pegan en la casa, se activan redes locales y administrativas, que no tienen que ver con la policía ni con la justicia. Se intenta aproximarse a la familia para ver qué solución podemos buscar.
EM: ¿Cómo son las intervenciones que realizan?
LC: Nosotras contamos con una oficina a donde nos llegan “oficios”, así se denominan las derivaciones provenientes del SENAF provincial y nacional. Un oficio es un documento que debe ser respondido formalmente. La UDER que es la unidad provincial del SENAF, recibe los pedidos de intervención de aquellas localidades donde no hay oficinas de derechos, entonces la UDER nos manda un oficio que tiene peso legal y debe ser respondido en determinado tiempo con las intervenciones que nosotras realizamos. Por las experiencias que tenemos, no hemos conseguimos otro modo de trabajo que no sea articulado, no sólo porque somos dos personas para toda una localidad, Emilia y yo, sino porque además las estrategias, recursos técnicos, y presupuestos, dependen de diferentes niveles de intervención que están estipulados en la ley.
EM: ¿Cuáles son los niveles de intervención?
LC: Primero se tiene que accionar cuando hay una situación de vulneración de derechos y ese es el primer nivel. Puede ser en los colegios, centros vecinales, el club de barrio, la familia, la municipalidad, etc. Una situación de vulneración es una situación de violencia, si viene un chico al colegio golpeado se debe intervenir activando las redes. El primer nivel es de intervención e implica el contacto con niños/as y adolescentes con los que se tiene el primer contacto y se debe resolver agotando todas las instancias de resolución.
Ahora, cuando se agotan todas las instancias del primer nivel y la situación no se revierte se pasa al segundo nivel que es la oficina de derechos. Acá nuestra tarea se llama: medida de protección local de derechos. A nosotras nos llega la situación donde probablemente continúe la vulneración y en general es de alto riesgo. La tomamos y volvemos a entrevistar a todos. Ya no son entrevistas de aproximación, sino de exigibilidad y se las realizamos principalmente al estado, a la familia y luego a todo aquel que haya estado en esa situación. A su vez, más allá de entrevistar, hacemos visitas a las familias, caminamos mucho y pensamos estrategias conjuntamente con la familia. Cuando nada funciona se va al tercer nivel que es la SENAF, la secretaria de los niños, adolescencia y familia. Es el órgano de aplicación y de ejecución de medidas excepcionales de protección, que implica que ese niño debe ser excluído de su centro de vida. Son muy pocas las medidas excepcionales, en Salsipuedes no hemos tomado ninguna.
EM: ¿Cuáles son las demandas que más reciben?
LC: Esta es la parte más fea, la mayor demanda que hay en Salsipuedes es de abuso sexual, y después todo lo que se desprende del abuso: la vulneración de la integridad física, violencia, las cuotas alimentarias, etc. En regímenes comunicacionales, que antes se llamaban regímenes de visita, también tenemos mucha demanda. Nosotras no hacemos mediación, eso es algo como neurálgico, nosotras no llamamos a las partes para que medien, llamamos a las partes para exigir.
EM: Si un vecino de Salsipuedes nota que se vulneran los derechos de algún niño o adolescente ¿Cómo debe proceder?
LC: Lo que debe hacer es accionar y no hay que llamar a la policía. Se llama al 102 que es el servicio de teléfono gratuito que lo comunica directamente con SENAF y uno ahí, brinda los datos del lugar, si escuchó a un niño que llora mucho y se hacen las denuncias. A través de SENAF nos llega a nosotras. Además, si ese vecino está enterado que en el C.I.C. funciona la oficina de derechos puede ir directamente. Lo que suele suceder en las localidades como Unquillo o Salsipuedes es que se referencian al médico de confianza o a la administrativa de la municipalidad que es su vecina y ahí se hacen las redes. Entonces, mientras a más personas lleguemos con claridad, más rápido se pueden solucionar determinadas urgencias.
