La Corte Suprema de Justicia aplicó un fallo en el que decidió otorgarle a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad el beneficio de 2×1, donde a un preso se le computa como doble el tiempo que estuvo en la cárcel con prisión preventiva.
Esta decisión de parte del ente jurídico más importante del país sentó un peligroso precedente, el cual se ve reflejado en múltiples pedidos de aplicación del 2×1 por parte de genocidas condenados. La mayoría de los votos a favor de este beneficio fue integrada por Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Este complejo y oscuro panorama desató la reacción de buena parte de la sociedad, además de la contundente respuesta por parte de los distintos organismos de derechos humanos. En las últimas horas se ha incorporado además la voz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya oficina destinada a asuntos de América del Sur reclamó a la Corte Suprema Argentina una revisión de esta medida, que beneficia a autores de crímenes de lesa humanidad, al tiempo que lanza por el suelo los estandartes de los derechos humanos.
“La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, señaló al respecto el Representante de la ONU, Amerigo Incalcaterra.
Además agregó, “Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.
