El pasado martes 16, la Municipalidad de Villa Allende difundió la interrupción del servicio de recuperación de residuos que venía llevando a cabo la empresa Recuperadora Mansilla S.A desde septiembre del 2014. Planifican llamar a licitación pública para la concesión que prevea el reciclado en origen.

Por Florencia Giolito | florenciagiolito@elmilenio.info
El municipio habría puesto atención al contrato firmado durante la gestión anterior a raíz de quejas de ciudadanos debido a que los desechos recuperables estaban siendo depositados en un basural a cielo abierto por los camiones recolectores de la compañía en cuestión.
A partir de ello, se detectaron ciertas irregularidades en el convenio en curso, que condujeron a rescindirlo. A saber, conforme al parte de prensa del municipio: la manifiesta nulidad del contrato, por no respetar el procedimiento administrativo de ser hecho mediante Ordenanza, establecido por la Carta Orgánica municipal para la concesión de servicios públicos.
Del mismo modo, se aludió a las cláusulas abusivas para los intereses municipales contenidas en el contrato con Mansilla S.A, puesto que se debían proporcionar el predio los operarios, las maquinarias y el combustible. Esto implicaba para la Municipalidad un costo de pesos 180.000 mensuales contra 10.000 que recibían por canon (correspondiente a 250 pesos por tonelada de material reciclado).
Además, el contrato establecía una extensión de 25 años durante los cuales se pagaba el mismo canon sin contemplar los procesos inflacionarios. De todas formas, para otorgar un contrato por ese tiempo se necesita recurrir a Referéndum de acuerdo a la Carta Orgánica local.
Por otra parte, desde la Municipalidad se señaló lo perjudicial que resultaba para la salud de los operarios la forma de reciclar empleada, pues lo hacían en un ambiente de contaminación y suciedad. Por tal motivo, los funcionarios de turno prevén que prontamente, cuando se llame a licitación pública para continuar con el reciclado, se contemplen también las condiciones de salubridad de los empleados. Esto implicaría que la separación de basura sea efectuada exclusivamente en origen.
La resolución adoptada por el intendente Romero, no demoró en generar repercusión entre los vecinos que se expresaron en las redes sociales. Algunos, cuestionando por qué no se rediseñó el contrato contemplando toda la legalidad necesaria sin desarmar lo que ya estaba funcionando. Otros, señalaron la pertinencia de que se efectúe la denuncia por mal desempeño de cargo público, en caso de que no se hubiere concretado de forma legal; realizando la correspondiente auditoria y así, sancionar a los funcionarios responsables.
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