Contra la violencia institucional

En Villa Allende aprueban ordenanza que protege los Derechos Humanos. La Dirección de Derechos Humanos y Protección a las Víctimas de Violencia Institucional tendrá influencia en todos ámbitos públicos de la ciudad.

“Queremos frenar la violencia institucional”, aseguró Quiroga, concejal de FPV.
“Queremos frenar la violencia institucional”, aseguró Quiroga, concejal de FPV.

Redacción El Milenio

El pasado lunes 8 de junio se aprobó en la ciudad de Villa allende una ordenanza que creará la Dirección cuyo objetivo es garantizar los derechos individuales establecidos en la Constitución Nacional, Provincial y en la Carta Orgánica municipal.

El proyecto fue impulsado por el concejal Mario Quiroga, del Frente Para la Victoria, quien contó a El Milenio que el trabajo surgió por la necesidad detectada en materia de derecho y seguridad en la localidad serrana.

“Surge a raíz de la gran demanda de muchos vecinos que pedían un lugar donde reclamar y hacerse escuchar ante esta violencia institucional, no solamente del abuso policial, sino también de algunos abusos de autoridades públicas, que se vienen dando tanto a nivel nacional y provincial y en muchas escuelas, con violencia institucional”, aseguró Quiroga, quien agregó: “La violencia institucional no tiene solo que ver con el abuso policial, sino también con el abuso de autoridad de diferentes estamentos tanto municipal, provincial o nacional”.

Es decir, la ordenanza se sanciona como respuesta ante la política de seguridad, llevada a cabo por el Estado Provincial, que viola los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Además, sus promotores consideran que es una deuda del Estado Municipal para con su comunidad, ya que es indispensable contar con una política pública sólida de promoción y protección de los Derechos Humanos.

Con respecto al rol de la policía, el concejal explicó que el abuso de autoridad se da a través del código de falta o de otras figuras que van en contra de los derechos individuales de las personas, como las detenciones arbitrarias, ‘el no poder circular libremente’ -como constitucionalmente lo establece la ley- que asegura la libre circulación de cualquier ciudadano que habite el suelo argentino.

“Hay abuso de autoridades de algunos colegios, de los que tenemos conocimiento, de maltrato psicológico y el abuso verbal de algunos docentes hacia los alumnos, con actitudes discriminatorias en algunos sentidos, que no garantiza el libre crecimiento de los niños. Vulneran el derecho de los jóvenes”, afirmó Quiroga.

La Dirección.

La Dirección de Derechos Humanos y Protección a las Víctimas de Violencia Institucional tendrá las funciones de promoción y protección de los Derechos Humanos; elaborar políticas públicas al respecto; denunciar ante los organismos nacionales y provinciales los casos de violación de los derechos individuales; concurrir en ayuda de las víctimas que sean objeto de detenciones sin causa y crear un registro de personas víctimas de violencia institucional.

“La idea básica del proyecto es que una vez efectuada la denuncia, se lleve a cabo un registro detallado de cada caso, y después el Poder Ejecutivo elevará a los organismos de derechos humanos nacionales y provinciales este tipo de actitudes. El objetivo es disminuir las actitudes discriminatorias, y será competencia de los organismos la sanción o no de las personas públicas que lo efectúan”, expuso Quiroga.

“Queremos parar con la violencia institucional. El Estado debe garantizar la seguridad a las personas y a las propiedades privadas, pero no por ello la policía va a perseguir a personas por estigmatización, por portación de rostro, vestimenta o por caminar libremente por la ciudad. Si un funcionario interpreta que está merodeando, no podemos dejar librado a la interpretación de un agente”, enfatizó el concejal.

En la misma línea, Quiroga aseveró que el mayor porcentaje de víctimas de violencia institucional que ellos tienen conocimiento son los jóvenes mayores de edad de la ciudad.

Asimismo, para garantizar el funcionamiento democrático, la Dirección estará a cargo de un director elegido por un consejo asesor, integrado por dos miembros del Concejo Deliberante, por un representante del Consejo Municipal de Cultura, un representante de la Comisión de la Memoria y un integrante de la Comisión Municipal Vecinal.

Finalmente, se creará una línea gratuita de denuncias y se conformará un equipo interdisciplinario de ayuda y asesoramiento a familiares y víctimas de violencia institucional. “La idea es implementar una línea gratuita para que los familiares y las personas afectadas denuncien este tipo de hostigamiento y puedan defender sus derechos”, remató Quiroga.

Sin antecedentes.

El proyecto de Dirección de Derechos Humanos y Protección a las Víctimas de Violencia Institucional es una novedad a nivel provincial, ya que solo se registra un solo ente en la ciudad de Córdoba Capital, y el objetivo de éste es que se promueva en todas las localidades provinciales y nacionales también.

“Trabajamos en conjunto con los miembros de la campaña nacional de derecho institucional”, definió Quiroga.

La iniciativa tuvo una exposición pública en una charla debate, que se llevó a cabo el jueves anterior a su aprobación, en el recinto del Concejo Deliberante, ante más de cien vecinos. De la misma, participaron decenas de jóvenes, representantes de iglesias, militantes sociales, miembros de otras fuerzas políticas, docentes y directivos de colegios.

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