Cecilia Matías: “El juzgado de paz es la puerta de acceso a la justicia y un puente con el vecino”

Por: Camilo Parera y Bautista Arce 4° IMVA; Juan Zapata, Genaro Benassi y Dylan Farías 4° IENM.

• Autoridad judicial: Como magistrada, tiene el poder de juzgar contravenciones, dictar sentencias, multas y trabajos comunitarios.
• Garante de libertad: Desde la reforma de 2016, los jueces de paz (y no los comisarios) son quienes investigan faltas y deciden sobre la libertad de las personas detenidas por contravenciones.
• Atención en crisis: Interviene de manera automática en medidas de protección por violencia familiar y de género, además de colaborar con la SENAF en casos que involucran a menores.
• Servicio público integral: Atiende consultas que exceden su competencia específica, como trámites de salud o salud mental, actuando como orientadora y nexo con otros organismos.
• Modernización: Lidera la transición al expediente digital, lo que permite recibir y gestionar pedidos de cualquier punto de la provincia o el país de manera inmediata.
• Rol electoral: Preside la Junta Electoral Municipal, asegurando la transparencia en los procesos democráticos locales.

La figura del juez de paz aparece regularmente en la vida cotidiana de los vecinos: cuando hay un conflicto barrial, si alguien necesita una certificación urgente o cuando un trámite judicial parece un laberinto. Sin embargo, su rol abarca mucho más de lo que la mayoría imagina. 

En Unquillo, la función está a cargo de Cecilia Matías, quien creció en la ciudad y conoce de cerca la dinámica local. Desde 2014, sostiene un rol que, según explicó, actúa como puente entre la comunidad y un Poder Judicial que busca ser más accesible. Su tarea no termina ahí: también está al frente del juzgado de Mendiolaza como subrogante y colabora en Salsipuedes y Río Ceballos.

En tanto, estos funcionarios integran la estructura provincial y, por mandato constitucional, son magistrados. No son simplemente una oficina de atención al público: su campo de acción se despliega en varios frentes al mismo tiempo. 

Por un lado, están las funciones vinculadas a la convivencia cotidiana, como el tratamiento de contravenciones y faltas. En estos casos, actúan como autoridad de conocimiento y juzgamiento: recibe actas policiales o denuncias vecinales, inicia un proceso formal, garantiza el derecho a defensa y define, dentro de lo previsto por ley, sanciones que pueden ir desde trabajo comunitario hasta multas económicas.

Además, los jueces de paz presiden la Junta Electoral Municipal y actúan en todo lo que involucra la aplicación de la Ley 8102: elecciones, procedimientos administrativos y, cuando corresponde, instancias extraordinarias como los procesos de revocatoria. En paralelo, intervienen en medidas urgentes de protección en casos de violencia familiar y de género, dictan órdenes de allanamiento a pedido de fiscalías o de organismos ambientales, y colaboran en la ratificación de testimoniales dentro de causas penales.

El Milenio: ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes en su despacho y cómo se resuelven?  

Cecilia Matías: Cada localidad tiene su impronta propia, sus conflictos y su propia forma de desarrollar la convivencia. En Unquillo está muy marcado el tema de violencia familiar y de género, conflictos vecinales y cuestiones de familia: todo lo que implica el cuidado personal de los menores. 

Ahora veo también un aumento de consultas en materia de salud mental. No tenemos competencia ahí, pero yo tengo la concepción de que somos servidores públicos y que si alguien se acerca a mi despacho, yo no le digo a los vecinos eso, sino que intervengo, derivo, porque más allá de que nuestras funciones están específicamente establecidas en la ley, nosotros somos vecinos de nuestra localidad. 

Lo que sí veo es que está muy emparentada la justicia de paz con los reclamos de derechos vulnerados ¿Qué implica eso? Si alguien no tiene acceso a la salud, puede acercarse -aunque no tengamos competencia- ya que el juzgado de paz se entiende como la puerta de acceso a la justicia, porque así lo dice el tribunal superior. Por eso nosotros no podemos cerrarles la puerta, sino que tenemos que buscar estrategias para canalizar ese reclamo y que llegue a buen puerto. 

La digitalización del sistema ha permitido que el juzgado de Unquillo trabaje en red con toda la provincia, agilizando trámites de embargos, desalojos y constataciones.

EM: Desde que asumió, ¿Cómo evolucionó la naturaleza de los casos y las funciones de los jueces de paz? 

CM: Ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. En primer lugar,  la ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana, entró en vigencia en el año 2016, porque antes el juzgamiento de faltas y contravenciones estaba a cargo del comisario. Entonces, hubo una modificación profunda y si bien se continúa la tramitación del procedimiento por parte de la policía, el juzgamiento sí se ha dispuesto a cargo de funcionarios judiciales. Los jueces de paz no solamente dictamos sentencia, sino que investigamos el hecho. Eso fue un cambio profundo, porque ser autoridad de conocimiento y juzgamiento no solo es disponer la sanción, sino que es garantizar también cuando una persona es privada de su libertad. Estamos a cargo de otorgar la libertad, lo cual es una función sumamente importante, porque la libertad de una persona es uno de los bienes jurídicos más destacables.

También intervenimos cuando hay menores y trabajamos junto con la SENAF para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Fue un cambio de paradigma. Por otra parte, se ha incrementado muchísimo el tema de violencia familiar y de género, entonces, eso implica también una mayor demanda y una respuesta que tiene que ser automática. Es una tendencia hoy que la conflictividad va en aumento, y me parece que una de las principales funciones del juzgado de paz es el espíritu de gestionar eso. Esto  implica que conflictos que son primarios, muy pequeños, hay que tratar de evitarlos para que no escalen y que terminen en el sistema penal. Por eso tenemos la función de amigables componedores.

EM: En tiempos de digitalización, ¿qué herramientas tecnológicas ha incorporado el juzgado y cómo impacta en la optimización del sistema?

CM: La principal mejora que se ha hecho y sobre todo después de la pandemia es la digitalización de los expedientes. En tribunales, antes toda la discusión se realizaba a través de papeles. Por ejemplo, los abogados presentaban sus escritos, los recibían en los despachos y después continuaba el proceso. Eso se ha modificado y toda la presentación de escritos está digitalizada y los juzgados de paz de la primera circunscripción, que somos un montón, estamos adheridos al expediente digital. 

Todos los pedidos de actuación, procedimientos y oficios que nos pueden realizar otros juzgados, pueden ser de cualquier lugar de la provincia de Córdoba. Hemos recibido oficios incluso de otras provincias, donde nos piden que realicemos un acto específico, como embargos, desalojos, constataciones. 

En este marco, contamos con un sistema propio donde ingresan los pedidos, la contestación es también digital, lo que ha sido un gran avance.