Mendiolaza: Primer aval para ampliar Estancia Q2

• Redacción: Eric Espíndola y Lucía Argüello.

El fin de año llegó con días agitados para la localidad de Mendiolaza. El pasado 21 de noviembre, el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza 1026/23, donde se aprobó el diseño preliminar para la ampliación del barrio privado Estancia Q2.

Frente a la sorpresiva decisión, vecinos hicieron oír su desacuerdo, tanto con el aval otorgado al proyecto, como con la forma en que se trató en el Concejo. Esto se tradujo en distintas manifestaciones y finalmente en la presentación de una denuncia penal a los concejales que acompañaron la aprobación.

Según se menciona en el cuerpo de la ordenanza, Country de las Sierras S.A. (perteneciente al grupo Denat-Tagle), solicitó ampliar la urbanización existente, Barrio Estancia Q2, bajo la formalidad de conjunto inmobiliario.

En ese sentido, sobre la fracción total de 59 hectáreas, el proyecto prevé destinar 2 has. a calle perimetral, 36 has. a 125 lotes (115 de uso residencial y 10 de uso deportivo y residencial), 9 has. para espacios verdes, 2 has. de espacios a donar al municipio y 8 has. de calles privadas.

Además, en el anexo se indican como obras adicionales la ejecución sobre ruta E-57 (Av. San José de Calasanz) de un nudo vial, rotonda u otra de ingreso al barrio y la ampliación de la laguna de retardo de aguas pluviales.

El primer paso

El Milenio consultó a Sergio Argüello, ex concejal del bloque Simplemente Mendiolaza (en funciones al momento de tratarse el proyecto), quien explicó que la empresa “presentó su proyecto de ampliación al Concejo Deliberante porque, de acuerdo con las ordenanzas, es el organismo que debe aprobar o desechar ese diseño preliminar”, pero que “a lo único que autoriza al emprendedor, es a dirigirse a las reparticiones provinciales para pedir las autorizaciones que correspondan”.

“Es decir, el Concejo aprobó solamente el diseño preliminar. Si desde Provincia le dan las autorizaciones necesarias, todo eso vuelve al municipio, ya no al Concejo sino al Ejecutivo, quien recién ahí puede dar el visto bueno para comenzar las obras del barrio”, continuó Argüello, quien acaba de dejar su cargo con el cambio de gestión.

Entre los puntos calientes de la discusión, el principal es que la ampliación del country avanzaría sobre zona roja de bosque nativo, protegido por leyes provinciales y nacionales. Al respecto, el ex funcionario manifestó: “Tenemos en el Concejo un estudio que la desarrollista le pidió a la Secretaría de Ambiente que dice que hay más de un 60% del sector que está invadido por especies invasoras de árboles”.

“Si está en zona roja, la Secretaría de Ambiente le dirá que no lo puede hacer. Nosotros, como cuerpo legislativo, lo único que hicimos ahora es tomar la decisión política de decir: queremos que Mendiolaza siga creciendo”, resumió Argüello. 

“Así no podemos seguir”

Ángela Alessio, presidenta de la Asociación Civil Mendiolaza Viva y ex tribuna de cuentas, replicó que el proyecto “nunca debió aprobarse en primera instancia”, ya que “la ampliación de Q2 está sobre zona roja y las leyes dicen que no se puede hacer absolutamente nada ahí”.

“Por eso nos movilizamos como comunidad. Llevamos una primera nota con más de 600 firmas y luego una iniciativa ciudadana con 370 firmas certificadas, pidiendo a los funcionarios que paren de aprobar emprendimientos y empiecen a pensar un verdadero ordenamiento territorial participativo, donde toda la comunidad decida qué Mendiolaza quiere para el futuro. Así no podemos seguir más”, remarcó la vecina.

Esto, sumado a ciertas irregularidades que se dieron durante la sesión del Concejo en cuestión,       llevaron a la asociación a presentar una denuncia penal contra los concejales que aprobaron el proyecto de ampliación, donde se los acusa de inconstitucionalidad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por su parte, Argüello respondió: “Están en su derecho de pensar distinto y hacer la denuncia que consideren necesaria. Estamos dentro de la ley y tenemos todo el asesoramiento legal correspondiente, no tenemos ningún inconveniente”, afirmó el ex concejal.

¿Country o reserva?

Por último, El Milenio dialogó con Guillermo Sferco, biólogo, docente e investigador del Centro de Zoología Aplicada de la UNC, quien indicó que “Mendiolaza tiene unas 1800 hectáreas en su jurisdicción, de las cuales solo un 10% corresponde a bosque nativo en buen estado de conservación”. En este sentido, el informalmente llamado proyecto Q3 representaría el 30% del bosque remanente en la ciudad. 

“Estamos hablando de un ecosistema muy sano, que brinda servicios fundamentales para la vida de la comunidad en su totalidad: recicla materiales, filtra contaminantes del aire y el agua, ayuda a regular el clima local y las fluctuantes precipitaciones, provee oxígeno, sostiene la estructura del suelo, disipa el calor, etc. Todos estos servicios lamentablemente se desvalorizan porque son intangibles para los desarrollistas”, explicó.

Con respecto a la presencia de especies exóticas en el sitio, Sferco afirmó: “Eso de ninguna manera avala la intervención urbanística, todo lo contrario. La Ley 9814 es muy precisa y dice que, ante un incendio, desmonte o invasión biológica en zona roja, las autoridades deben revertir esa situación. Incluso la Ley de Presupuestos Mínimos de Nación dice que, en esos casos, lo que se debe hacer es restaurar el sistema original, nunca seguir degradándolo”.

Por último, el también coordinador del área científica de la Fundación Mil Aves destacó que Mendiolaza es la única ciudad de Sierras Chicas que no tiene un área protegida bajo su jurisdicción, lo cual “es gravísimo desde el punto de vista biológico y ecosistémico”. 

“Esto genera como una barrera que impide el flujo de las especies a lo largo del corredor que va desde La Calera hasta Ascochinga, lo cual tiene consecuencias biológicas muy graves como, por ejemplo, las extinciones locales. Desde que yo vivo en Mendiolaza, hace 22 años, han desaparecido una veintena de aves locales y otras tantas están en vías de hacerlo”, cerró el biólogo.