Leyes más débiles, bosques más vulnerables

• Por Milagros Alcántaro. periodico@elmilenio.info
• Colaboración: Valentina Sandler y Bautista Ergueta (4to IENM). Candelaria Feijoó, Abril Marramá y Sofía Lagrotteria (4to IMVA).

En nuestra provincia rige desde 2014 la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial, que complementa la Ley Nacional General del Ambiente. El mes pasado, a partir de un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, la Legislatura de Córdoba aprobó modificaciones en los anexos I y II de dicha normativa, donde se establecen los “proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental”.

Aunque la legisladora oficialista Nadia Fernández expresó que los cambios buscaban “dotar de mayor efectividad a la ley”, organizaciones ambientales denuncian que estas modificaciones hacen aún más débil la legislación ambiental vigente, dejando desprotegido al escaso monte nativo remanente de la provincia. 

 “Se desprotegieron sitios que para nosotros son claves. La situación de vulnerabilidad en la que nos han colocado los legisladores y legisladoras de la provincia es de un nivel muy doloroso”

Juan Smith

Derechos en riesgo

El abogado ambientalista Juan Smith explicó que la ley establece las condiciones medioambientales que garantizan el derecho a “un ambiente sano y equilibrado” establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. 

“Lo que hizo esta reforma es bajar esos estándares mínimos, poniendo en riesgo el derecho a la vida, la salud y el ambiente”, se lamentó el activista y vecino de Río Ceballos. Además, resaltó la contradicción que eso supone a nivel jurídico, ya que “todo lo que innove en materia legislativa debería igualar o superar los presupuestos establecidos en la ley 10.208”.

A nivel práctico, Smith explicó que los anexos I y II establecen los emprendimientos públicos o privados que requieren, previo a su funcionamiento, un “proceso de evaluación de impacto ambiental”, que incluye estudio de impacto ambiental y audiencia pública. De esta manera, si una empresa quiere desarrollar, por ejemplo, un proyecto inmobiliario, tiene que “presentarse en la Secretaría de Ambiente para dar garantías de que lo que pretende hacer no va a afectar los derechos de la ciudadanía”, explayó Smith.

Sin embargo, con la reforma reciente, esto ya no será requerido en la mayoría de los casos. “Cualquier emprendimiento va a poder desarrollarse sin más en zonas de bosque nativo, que es donde recaudamos el agua que consumimos”, señaló Smith. “Se desprotegieron sitios que para nosotros son claves, porque allí se generan valiosos servicios ecosistémicos. En Córdoba, vivimos del delgado equilibrio entre bosque nativo y escasas lluvias, no tenemos otra fuente de agua”, explicó el abogado.

Asimismo, resaltó que esta reforma llega en el “peor momento ambiental de la historia de la provincia”. “Tenemos cientos de miles de hectáreas recibiendo millones de litros de agrotóxicos por día, los espejos de agua para consumo totalmente contaminados, nuestras cuencas hídricas absolutamente desbastadas y, por si fuera poco, entre 2020 y 2021 se quemaron entre 400 y 500 mil hectáreas de bosque”, enumeró Smith. 

Consecuencias para Sierras Chicas

El abogado explicó que esta reforma normativa contradice el esquema constitucional, ya que bajó los estándares mínimos que establece la Ley 10.208 y la Ley General de Ambiente de la Nación. Sin embargo, para declarar su inconstitucionalidad, es necesario iniciar una acción legal cuya resolución depende del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“Es algo complejo, pero en este contexto, lo peor sería no hacerlo, porque dejar que esta norma avance nos va a poner en una situación muy compleja. Jurídicamente hemos retrocedido muchísimo”, alertó Smith.

“La idea es hacer esa presentación, pero estamos tratando de lograr consensos en la población, porque no sirve de nada pedir una inconstitucionalidad si las comunidades no tienen conciencia de por qué es importante. Estamos en camino de reflexionar para que lo que hagamos tenga respaldo popular”, apuntó el vecino de Río Ceballos.

Respecto a Sierras Chicas, para Smith, con esta reforma, los emprendimientos inmobiliarios y mineros quedan “absolutamente desbocados”. “En la región tenemos más de diez mil hectáreas de bosque afectadas por esta actividad”, amplió.

Además, apuntó contra los loteos en cuencas hidrográficas medias y altas. “Esa montañita que vemos en nuestro paisaje, es una cuenca. Ahí es donde se produce ese delicado equilibrio entre bosques y lluvias que nos permite tener agua”, señaló. 

“Antes esas zonas estaban protegidas por los procedimientos legales requeridos. Ahora directamente si querés hacer un loteo, metés la topadora y listo”, explicó el abogado y concluyó: “La situación de vulnerabilidad en la que nos han colocado los legisladores y legisladoras de la provincia es de un nivel muy doloroso”. 

Vía libre para las autovías

Actualmente, el gobierno provincial está ejecutando dos grandes obras viales en los valles de Punilla y Paravachasca. Se trata de las alternativas a la ruta 38 (tramo Variante Costa Azul – La Cumbre) y a la ruta 5 (tramo Alta Gracia – Villa Ciudad América). Ambas autovías, llamadas “de montaña”, han sido ampliamente rechazadas por la comunidad civil y científica, ya que implican la destrucción de miles de hectáreas de monte nativo de alto nivel de conservación, algo muy escaso en la provincia.

“Los vecinos se oponen porque afecta las cuencas hídricas, corta las vertientes que son las que abastecen arroyos y ríos”, expresó Smith. “Científicamente no tenemos dudas de que estas rutas impermeabilizan el suelo en zonas donde necesitamos que el bosque actúe para conservar la humedad que nos permite tener agua todo el año”, señaló. 

Aunque la sociedad ha manifestado su rechazo en audiencias públicas, eso no ha detenido los avances de la obra. “Con la reforma, que elimina la necesidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental, indirectamente se instala el mensaje de que la autovía de montaña puede correr. Es muy complejo volver a discutir cuando tu nueva ley es mucho más flexible que la anterior”, apuntó el abogado.