“Mientras no respeten el monte, reverdecerá la resistencia”, es el lema del Asambleón Ambiental de Sierras Chicas, organización sin fines de lucro nacida hace poco más de un año. “La asamblea de asambleas” tuvo sus primeros encuentros en abril de 2021, pero no fue hasta unos meses más tarde que se constituyó como tal.
“Surgió a partir de un grupo de gente que ya participaba en varias causas y se dio cuenta que, si bien había problemáticas particulares que cada uno priorizaba, existían otras transversales a todas las ciudades”, contó Carlos Ignacio Bruno, de Río Ceballos, quien se unió al movimiento para “frenar el ecocidio que generan gobiernos y empresas inmobiliarias”.
Entre los temas de preocupación común figuran el avance incontrolado de la urbanización, canteras, falta de ordenamiento territorial participativo, emprendimientos sin Evaluación de Impacto Ambiental, contaminación, basurales a cielo abierto, desmonte y la negativa de los funcionarios a brindar información pública relativa al ambiente, como establece la ley 10.208/14 de Política Ambiental de Córdoba.
En este último punto se basó la primera acción que nucleó a las organizaciones reunidas en el Asambleón, que el año pasado exigieron conocer los Diagnósticos Ambientales que, según las normativas vigentes, cada localidad debería elevar anualmente a la Provincia. Dichos informes tienen que plasmar las problemáticas que el gobierno local identifica en su territorio y las amenazas que puede prever en el mismo sentido.
“Córdoba tiene una gran legislación en materia ambiental, pero no se cumple. Mientras tanto, lo urgente está matando lo necesario, porque ya hay obras en marcha que deberían frenarse”
Carlos Bruno
Ante la falta de respuesta oficial, en noviembre de 2021 los vecinos se reunieron frente a la Municipalidad de Salsipuedes y enviaron cartas documento a cada intendente y jefe comunal de la región.
Tras el reclamo judicial, Bruno indicó que algunos mandatarios “siguieron sin dar contestación” o hasta “respondieron con increpaciones”. “Otros dijeron que entregaron los análisis a Secretaría de Ambiente de Provincia y que ahí debíamos solicitarlos. Lo hicimos y solo nos llegó un link con una planilla de excel”, añadió.
Sobre el contenido del documento, el rioceballense dijo que se trataba de “un resumen de encuestas” y acusó: “Notamos que había respuestas copiadas entre localidades y que solo cambiaban los nombres”.
Así, el pasado 11 de abril, remitieron una nueva intimación, esta vez dirigida al órgano provincial. Aunque por el momento no hubo novedades, desde el espacio aseguraron que seguirán tomando medidas para exigir el cumplimiento de las normativas vigentes.
El Milenio: ¿En qué consisten los Diagnósticos Ambientales y cuál es su importancia?
Carlos Bruno: Son estudios que sirven como base para planificar tanto el crecimiento poblacional, como la urbanización y las obras grandes. En su interior se consignan los bienes ambientales y culturales que existen en cierto lugar, las comunidades originarias, los desarrollos económicos de pobladores y emprendedores, entre otras cosas.
Es decir, no se trata solo de contar árboles nativos, sino que va mucho más allá. También figuran los recursos que se utilizan y cómo se producen. Cada una de estas cosas debería volcarse en un informe y desde ahí partir para decidir qué se puede hacer y qué no.
EM: ¿Qué respuesta obtuvieron a las cartas enviadas?
CB: Las cartas fueron un sacudón, tanto para la Secretaría de Ambiente como para los municipios. Llegamos a esa instancia para que se nos comparta información existente, porque cada vez que la pedimos, fuimos rechazados, a veces incluso de forma agresiva. Nos dicen que no deberíamos reclamar eso, cuando es algo público y cualquiera tendría que poder acceder a esos informes.
Si bien logramos que ciertos intendentes nos dieran parte de las referencias, nos encontramos con que eran muy poco útiles. Otros no respondieron o dijeron que pidamos los diagnósticos a Provincia. De allí nos llegó una planilla de excel, a modo de resumen de encuestas, en la que hasta notamos respuestas copiadas entre las localidades. Esto nos llevó a mandar la última carta documento a la Secretaría de Ambiente, sobre la cual aún no tenemos novedades.
EM: ¿De qué manera deberían estructurarse los estudios?
CB: Legalmente tendrían que ser anuales y entregados por cada municipio el 1 de octubre, pero faltan un montón. Lo lógico sería que caminen el territorio, se involucren profesionales y que cada ciudad ofrezca algo distinto entre sí, porque ninguna es igual a la otra.
Pero hoy en día, la Provincia envía un formulario genérico y los intendentes van tildando. Por ejemplo, se pregunta si se trabajó en la utilización de energías limpias y la respuesta es sí o no. Así no se abarca lo necesario ni cerca, solo están llenando casilleros. Se considera pertinente un test de opción múltiple que ofrece datos irrisorios, es una burla.
EM: ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentaron como organización desde su constitución?
CB: Agrupar a todos los involucrados para llevar a cabo medidas en conjunto. Desde entonces, donde más pusimos el ojo es en tratar de hacer cumplir leyes que están vigentes. Córdoba tiene una gran legislación en materia ambiental, pero no se cumple. Por esta razón, es plausible una denuncia por incumplimiento del deber público.
Aparte de esta cuestión básica de falta de respeto a la jurisprudencia, es esencial hablar de educación y concientización. Pero, mientras tanto, lo urgente está matando lo necesario, porque ya hay obras en marcha, las cuales deberían frenarse hasta tanto estén disponibles los informes.
Por ejemplo, lo que oficialmente se presenta como un Centro Verde o Planta de Tratamiento de Residuos para Sierras Chicas, es un megabasural. En teoría se separaría una parte y se enterraría otra, pero de cualquier forma eso derivaría en una contaminación increíble. Lo óptimo sería que cada localidad se encargue de sus desechos para que el impacto sea mucho menor, pero el negocio está en el transporte de la basura.
