Mal juzgados

Tras poco más de 20 meses, el juez Carlos Rubén Lezcano se expidió sobre el caso de Héctor Fabián y Daniel David Rodríguez. Ambos hermanos habían sido acusados erróneamente en 2014 como autores de un robo calificado en Villa Allende. Actualmente luchan por limpiar su nombre.

Por María Emilia Soria | emiliasoria@elmilenio.info

“Resuelvo sobreseer totalmente la presente causa en favor de los imputados Héctor Fabián Rodríguez y Daniel David Rodríguez, ya filiados, por el hecho calificado legalmente como ‘robo calificado con arma no habida’ que en calidad de autores se les atribuye”.

Esas fueron las palabras del dictamen del juez Carlos Rubén Lezcano al expedirse sobre la causa que culpaba a dos vecinos de Sierras Chicas como autores de un robo calificado, ocurrido en la ciudad de Villa Allende en el año 2014.

El dictamen indicó que Héctor Fabián Rodríguez y Daniel David Rodríguez fueron culpados de cometer un delito que no realizaron, pero para ello tuvieron que esperar casi dos años para ser liberados del estigma de “ladrón” que los marcó de aquel tiempo hasta la fecha.

Para algunos se trataría de una medida preventiva ejercida por la Policía, intentando dar respuestas a los vecinos víctimas de la situación; sin embargo, el prejuicio del accionar policial también, para otros, puede significar el abuso de poder y mal ejercicio de su profesión.

Crónica de la detención en 2014

El día viernes 6 de junio de 2014, en vísperas de la inauguración de la radio (on line) de la Asociación Civil Sayana de la ciudad de Mendiolaza, un grupo de operarios de la cooperativa de trabajo Sayana accedieron a colaborar con el evento y se llegaron por la sede de dicha asociación para preparar los volantes que invitaban al evento (a realizarse al día siguiente).

Desde temprano estuvieron preparando los materiales y a eso de las 10 de la mañana se dirigieron con el tesorero de esta cooperativa, Gustavo Ledesma, en su vehículo particular, al barrio Mendiolaza Golf para repartir, casa por casa dicha publicidad.

Cuando se aprestaban a pasar en el auto por el barrio Valle del Sol, móviles policiales, acompañados por la policía montada, los detuvieron, retuvieron sus DNI, y detuvieron incluso al tesorero. El motivo fue que estaban denunciados por contravenir al Código de Faltas provincial.

De esta manera, fueron llevados a la comisaría de la ciudad de Villa Allende bajo órdenes del comisario Domingo Ozán, a cargo de la zona por ese fin de semana. El vehículo Ledesma fue conducido a la comisaría de Mendiolaza, aunque algunas horas después fue visto por la esposa del propietario en las cercanías de la comisaría, frente a una casa de comida rápida, conducida por un policía. Este hecho fue denunciado aunque hasta la fecha quedó sin esclarecer.

Los detenidos fueron Héctor Fabián Rodríguez, Daniel David Rodríguez, Diego Sebastián Almada y Gustavo Ledesma. Estuvieron presos hasta la medianoche del viernes, período durante el cual fueron fotografiados, grabadas sus voces, tomadas sus declaraciones y mantenidos aislados durante varias horas.

Con ingentes trámites de una abogada de la Asociación fueron liberados a la medianoche, aunque el vehículo le fue restituido a Ledesma el día lunes siguiente. Ese mismo día, y tras ser acompañado por un móvil policial hasta el barrio El Talar (sin entender el motivo de tal escolta), Ledesma se constituyó en querellante contra lo que se consideró un “abuso policial”.

“La policía jamás nos informó nada hasta que estábamos en la celda. No nos leyeron los derechos ni tampoco nos informaron por qué causas nos trasladaron a la comisaría”, declaró Ledesma a El Milenio, quien agregó: “El lunes siguiente me devolvieron el vehículo, el sábado no me lo quisieron entregar. Apareció en Mendiolaza, cuando en el acto se labró que estaba en Villa Allende”.

“Cuando retiro el vehículo me encuentro con el comisario Ozán, a quien le manifesté nuestra disconformidad. Me dio a entender que nosotros mentíamos y difamábamos su accionar. Por ello, puse una denuncia por abuso policial, como damnificado. Actualmente está durmiendo el expediente. Ni siquiera han llamado a los testigos que puse. Me llamaron solo para ampliar la denuncia”, relató el tesorero.

En la misma línea, Ledesma contó que “a posteriori del hecho, resultó muy difícil darles continuidad a los chicos en el trabajo desde la institución. Ellos han sufrido en varias oportunidades siendo víctimas del Código de Faltas varias veces. La policía los acosa”.

Sin embargo, al día siguiente, martes por la madrugada, otro operativo policial profundizó la crisis con los trabajadores: los hermanos Rodríguez. En un allanamiento que contaba con orden de detención, la policía irrumpió en el domicilio de la familia Rodríguez en barrio El Perchel de Mendiolaza (una de las familias de los jóvenes implicados) con inexplicable agresividad.

Según el relato de los testigos, los agentes buscaban a Daniel David Rodríguez (26) y su hermano Héctor Fabián (27). Rompieron documentos de identidad de varios de ellos, apuntaron con una pistola al hijo más pequeño de David, para “apurar” el operativo, los obligaron a vestirse rápidamente y con escasa ropa a pesar del frío, los condujeron a la comisaría de Villa Allende nuevamente, y desde allí directamente a la cárcel de Bower.

Allí estuvieron detenidos por 15 días bajo la acusación de haber cometido un asalto a mano armada en una vivienda particular de barrio Cóndor Alto de Villa Allende, supuestamente en las primeras horas del 6 de junio.

Tras dos semanas de reclusión, y habiendo resultado beneficiados por el reconocimiento negativo, en cámara Gesell, por las víctimas del mencionado robo, los jóvenes fueron liberados. Un año y siete meses después, éstos fueron sobreseídos por el Poder Judicial (juez Rubén Lezcano, de 1ª instancia) en sentencia nº 40 del 29 de febrero de 2016.

El hecho que los culpó

El día 6 de junio de 2014, alrededor de las 7 de la mañana, en la calle México 339 de barrio Cóndor Alto de la ciudad de Villa Allende, dos personas, actuando de común acuerdo y con fines furtivos, ingresaron a la vivienda de Tomás Berzón Luhrs y Ana Carolina Valverde, saltando la tapia. Más tarde, los hermanos Héctor Fabián Rodríguez y Daniel David Rodríguez serían culpados del hecho.

Según las declaraciones de los propietarios de la casa, uno de los transgresores habría esgrimido un arma de fuego, de la cual no se tuvo mayores precisiones, sólo que sería tipo revólver, color gris o plata; los habrían atado boca abajo y exigido la entrega de dinero, joyas y oro.

Asimismo, los hermanos Rodríguez fueron culpados también de sustraer de la vivienda objetos de valor.

Basado en el relato de los damnificados, el hecho transcurrió en un lapso de entre 30 y 45 minutos de aquel día.

La defensa

Tras ser culpados del hecho delictivo, los hermanos Rodríguez ejercieron su derecho material de defensa y negaron el hecho, dando en su declaratoria la coartada, indicando que habían permanecido en su domicilio (barrio El Perchel de la ciudad de Mendiolaza) junto a su familia, y que alrededor de las 8 horas se dirigieron a la Cooperativa Sayana a trabajar.

Aproximadamente a las 11 horas fueron detenidos por la policía bajo la carátula de “contravención”.

Cancelación

La representante del Ministerio Público requirió que “se disponga el sobreseimiento de los imputados, argumentando que la prueba colectada en la investigación penal preparatoria sustentada con motivo de la causa, permite desvincular a los encartados del hecho”.

Sin ninguna prueba directa ni indirecta que vincule a los prevenidos con la comisión del hecho, del cual no se duda su existencia, y agotadas todas las medidas procesales tendientes a acreditar o desvirtuar la hipótesis delictiva, se llegó a la conclusión que los hermanos Rodríguez debieron ser desvinculados de la acusación.

Consecuentemente, los hermanos Rodríguez tuvieron que limpiar sus nombres ante la Central de Policía para que borre su prontuario y eliminé la causa por la que fueron mal juzgados, y de esta manera, poder extender su Certificado de Buena Conducta sin antecedentes delictivos. Un trámite que tuvo que ser personal, lejos de creerse de manera automática por parte de la justicia.

Sayana contra la discriminación

Juan Carlos Stauber, miembro de la Asociación Civil Sayana, describió detalladamente los momentos de aquellos días que llevaron a los hermanos Rodríguez, y a Gustavo Ledesma a estar implicados en una causa policial.

“Resulta llamativo señalar que desde ciertas instituciones se continúa acentuando un procedimiento de estigmatización de sectores populares, trabajadores humildes, jóvenes en su mayoría, y que a cualquier reclamo se apunta a individualizar los conflicto, como si se tratase sólo de subjetividades y no de estrategias y posiciones ideológicas de instituciones enteras que operan desde vicios procedimentales propios de un pasado al que no deseamos regresar”, aseguró Stauber.

“La justicia declaró que las pruebas colectadas de la investigación penal desvincula claramente a estos jóvenes de los hechos que se le imputaron, sumado a las consecuentes pérdidas económicas que sufrieron (dos semanas sin trabajo) y los daños colaterales que significa haber sido arrestados como malviviente y acusados públicamente”, agregó vocal suplente de la Asociación.

A su vez, Stauber comentó a El Milenio que “ya ha sido tramitada la total desvinculación del caso, así como la extensión del correspondiente certificado de Buena Conducta, del cual ya no quedan dudas. Mientras tanto, la población sigue desafiada a repensar quién y cómo nos informamos de aquello que consideramos realidad y a quién o qué decidimos creer y apoyar, más allá de la intencionalidad exitista de ciertas informaciones o la fugacidad de las noticias, sobre todo en materia casos de justicia que no causan sensación”.