Colaboración:
Graciana Galli y Gaspar Donenbert
6to Año, Instituto Milenio Villa Allende
El pasado lunes 2 de noviembre, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba publicó un informe titulado “Cárceles, Covid-19 y derechos humanos”, donde se analiza la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia y cómo les afecta la actual situación del Covid-19.
El mismo, está firmado por la Licenciada Rossana Gauna y la Dra. Laura Sánchez, profesora de la UNC e investigadora del CONICET.
Según el informe, para septiembre de este año en Córdoba se encontraban detenidas unas 9.836 personas en las prisiones provinciales. Esto equivale a un aumento del 71% con respecto a las cifras registradas en los últimos 10 años.
De acuerdo a la interpretación del texto, la mayoría de las personas están privadas de su libertad sin una sentencia firme, por lo que deberían usarse métodos menos restrictivos de libertad para resguardar su salud.
“Esta situación sanitaria ha obligado a volver a mirar a ciertos sectores que muy a menudo son desatendidos”, sostienen Gauna y Sánchez en el comunicado.
“Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud permaneciendo detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para aquellas personas que estén detenidas en condición de procesadas”, concluyen.
Además, el artículo considera que las personas más vulnerables al virus y que no tengan condena firme, deberían tener la posibilidad de cumplir sus deberes por medio de prisión domiciliaria o con otros mecanismos menos riesgosos para su salud.
De esta forma y siguiendo los lineamientos de la OMS, personas que tengan diabetes, mayores de 60 años o mujeres embarazadas, entre otras, deberían tener mejores condiciones de privación de su libertad.
En esta línea, las autoras avisan de la necesidad de trabajar en un protocolo de atención, de forma de asegurarles un correcto cumplimiento de sus obligaciones.
“En necesario tener en cuenta que, en las circunstancias habituales previas a la pandemia por COVID-19, la internación en hospital público de una persona detenida se llevaba a cabo manteniendo custodia penitenciaria”, agregan.
Y sostienen: “pero en el contexto de la pandemia y en un escenario de sobre exigencia y eventual saturación de los sistemas hospitalarios, esta situación debe ser considerada y protocolizada a los fines de garantizar una adecuada atención de la salud”.
Finalmente, se sugiere la elevación de informes periódicos del estado de salud de las personas privadas de su libertad para prevenir y controlar el avance del Covid-19 y el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las mismas.
