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Bien común, lucha colectiva

La Asociación Civil Monte Vivo presentó un amparo ambiental ante los desmontes producidos en Villa Gianini y Villa Silvina durante el último año. La acción, reconocida por la Justicia en su carácter colectivo, busca frenar el avance de obras relacionadas con loteos privados, las cuales no cuentan con evaluación de impacto ambiental. Para ello, los vecinos esperan la aprobación de una medida cautelar.

A fines de marzo, la Cámara Contencioso Administrativa de 1° Nominación admitió un amparo ambiental presentado por la Asociación Civil Monte Vivo de Salsipuedes. El grupo, integrado por habitantes de los barrios Villa Gianini y Villa Silvina, obtuvo “la tutela preventiva y reparatoria del ambiente” en razón de la afectación del río Salsipuedes, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el paisaje y el patrimonio cultural en dichas zonas.

La demanda apunta a la Provincia de Córdoba, a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Dirección de Policía Ambiental y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi). “Un amparo ambiental es una acción judicial urgente que se tramita en plazos muy breves y se interpone frente a un daño inminente o ya producido. Lo que pedimos es que cese el daño y se recomponga el territorio afectado”, precisó Rocío Loza Serra, abogada patrocinante de la asociación civil e integrante de Acacia, un grupo de profesionales especializadas en derecho ambiental.

Como herramienta de acción, se recurre al amparo cuando ya se han agotado las instancias previas. «Aquí hubo una serie de denuncias a Policía Ambiental y al municipio con pedidos de información, notas y reclamos de los vecinos desde agosto de 2020. Cuando vieron que no había respuestas y que se producía un daño puntual al monte y al río, decidieron interponer la acción de amparo”, explayó Loza Serra.

Impacto sin evaluación


“El año pasado, cuando comenzó la pandemia y nos quedamos en nuestras casas por la situación epidemiológica, el único sonido que se sentía era el de las motosierras. En ese momento, alambraron lotes y desmontaron con permiso municipal para ‘limpiar’ una vereda”, compartió Antonella Bainotti, presidenta de la Asociación Civil Monte Vivo.

Ante esta situación, en mayo de 2020 los vecinos comenzaron a solicitar información a distintas instituciones gubernamentales, ya que se trata de una zona declarada por ordenanza municipal (2019) como área protegida y parte constitutiva de la Reserva Hídrica Natural Municipal, al tiempo que figura como zona roja según la Ley de Bosques (N° 9.814).

En algunos casos, los pedidos no tuvieron respuesta y en otros, se logró que las autoridades colocaran fajas de clausura. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. “En otra oportunidad, nos encontramos con promociones de lotes para la venta, también sobre zona roja. En ninguno de los casos hubo pedidos de evaluación ni estudios de impacto ambiental, que es lo que corresponde por ser una zona protegida”, declaró Bainotti.


A partir de agosto, la preocupación de la comunidad se incrementó cuando máquinas de gran porte abrieron un camino deforestando la ribera del río que atraviesa los barrios, desviándolo de su cauce e instalando una toma subálvea.

“No hay una apertura para que, quienes ya vivimos aquí, participemos en las políticas públicas ambientales y así pensar otro tipo de urbanización para un ambiente serrano”. Antonella Bainotti, Monte Vivo.

Según los documentos legales, la obra fue autorizada por la Aprhi para brindar agua a las futuras casas de un barrio privado. Para la comunidad, esto se realiza sin considerar el escenario hídrico de la ciudad (que adolece crónicamente la falta de agua) y sobre la zona, que forma parte del paseo Huellas del Citón. «Es un recorrido turístico y recreativo de gran patrimonio cultural y natural, con una serie de grutas. Tanto los vecinos de Salsipuedes como los turistas lo usaban de manera pública», explicó Loza Serra.

“Lo que hay es una afectación a la cuenca baja y al ecosistema con múltiples desforestaciones”, resumió la abogada y subrayó: «Hay una intención de la Provincia de evitar las evaluaciones de impacto ambiental. En su lugar, pretenden realizar auditorías de cumplimiento al particular y esto es grave, porque así la provincia les está diciendo a otros municipios que, para autorizar un loteo, no hacen falta las evaluaciones de impacto ni las audiencias públicas, como prevé la normativa nacional y provincial, y que basta con las auditorías de cumplimiento, aunque estemos hablando de zona roja”.

¿Prevenir o lamentar?


La resolución del Poder Judicial no sólo admite formalmente el proceso de amparo, sino que además establece el carácter colectivo de la acción. Esto posiciona a Monte Vivo como representante de una comunidad afectada y convoca todas las denuncias en un solo juicio, evitando causas paralelas. «Que el amparo sea colectivo significa que se identifica a los bienes naturales como bienes comunes, comunitarios», indicaron desde la asociación civil.

De todos modos, aunque el amparo fue aceptado, la medida cautelar que pide la suspensión de las obras y la realización de la evaluación de impacto ambiental correspondiente a cada una (no sólo la hidráulica, sino también la de los loteos y el proyecto de barrio privado) aún no fue admitida. «Una medida cautelar sirve para que, antes de que se llegue a la sentencia, se evite el impacto ambiental. De lo contrario, mientras se espera el fallo (que puede tardar años), el daño se hace imposible de remediar», especificó Loza Serra.

El tribunal ha dicho que falta probar que esas obras están realizándose efectivamente para ordenar la medida cautelar, a pesar de que hemos presentado pruebas, desde los informes de Policía Ambiental que dan cuenta de los desmontes y la autorización de la Aprhi permitiendo a un privado desmontar y realizar obras en el río, las cuales se realizaron mientras avanzaba la causa”, indicó la letrada.

«Con esta medida deberíamos lograr que se frenen las obras y se repare el daño, nos tiene que permitir pensar qué lugar queremos habitar y cómo queremos hacerlo”, señaló por su parte Bainotti desde Monte Vivo. Mientras tanto, haciendo uso de su derecho a la participación ciudadana, vecinas y vecinos mantienen una vigilante espera y aguardan respuestas concretas por parte del Estado.

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