Si bien las provincias implementaron programas específicos para acompañar a niños, niñas y adolescentes durante la pandemia de coronavirus, en el Día Mundial de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre, especialistas de todo el país reconocen que aún hay carencias que deben resolverse tanto en materia alimentaria como en conectividad.
En Chubut, el ministro de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Gustavo Hermida, valoró que «esta provincia aprobó en 1997 por unanimidad la Ley Provincial de Protección Integral de la Niñez luego de una profunda construcción participativa».
«Así, Chubut no solo declaró su compromiso y respeto a los ejes rectores de la Convención de los Derechos del Niño, sino que se convirtió en la segunda provincia del país en desarrollar un sistema de protección integral», describió el funcionario.
En la actualidad existen 26 «Servicios de Protección de Derechos» conformados por profesionales y operadores, con convenios de descentralización que implican la colaboración con las municipalidades.
«Se cuenta además con Centros de Acción Familiar en prácticamente la totalidad del territorio y 2 Centros de Orientación Socioeducativos», enumeró.
También San Juan desarrolla un programa especial destinado a la niñez en el contexto de la pandemia, que consiste en un programa televisivo íntegramente producido en la provincia y que se emite por 4 canales de TV locales y en la plataforma de Youtube.
Así lo informó el director de Niñez, Adolescencia y Familia de San Juan, Carlos Olivera, quien detalló los programas alimentarios y un «operativo para contener a los hijos de cosechadores golondrinas que llegan en esta época».
«A través de los Centros de la Infancia, que ya tiene 44 locales en toda la provincia, estamos acercando módulos alimentarios a mas de 1800 chicos de clase media-baja que necesitan apoyo nutricional», apuntó el funcionario.
Por otro lado, Olivera indico que «tenemos en marcha un nuevo programa para la reinserción de jóvenes en conflicto con la Ley Penal, a través de un convenio de capacitación en albañilería y barbería con máquinas, que está siendo muy requerido por nuestros jóvenes que necesitan reinsertarse».
En Santiago del Estero, el director de Maternidad e Infancia, Pedro Carrizo, explicó a Télam que «en los últimos años el índice de mortalidad infantil provincial tuvo un progresivo descenso y eso se debe a las diferentes políticas que se llevan a cabo, que no sólo tienen que ver con lo nutricional, sino también con la infraestructura específica en neonatología e infancia, en vacunación, en controles en el embarazo, entre otros programas que favorecen a la niñez y adolescencia».
A la vez, destacó el programa 1.700 días, vigente desde hace casi 2 años, que consiste en «una política integral para la maternidad y niñez, con aporte nutricional desde el embarazo y en los niños y niñas desde 6 meses hasta los 4 años, ya que después de esa edad ingresa a programas escolares».
El funcionario enfatizó que con la ampliación y mejoras en infraestructura se logró más unidades de neonatología en los principales hospitales de Capital y La Banda, para focalizar la atención y prevención en los neonatos y luego en lo posnatal, a partir de los 28 días, el Centro Provincial de Salud Infantil tuvo «un impacto positivo» para la infancia y adolescencia.
En Córdoba, con el inicio de la pandemia de coronavirus, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DDNA), rápidamente puso en marcha herramientas de tecnología virtual para «garantizar la asistencia en los casos de derechos vulnerados», dijo a Télam la defensora Amelia López.
Asimismo, explicó que el organismo realiza monitoreos permanentes para reflejar la realidad de las niñas, niños y adolescentes, y anticipó que en la primera semana de diciembre se difundirán los datos de la última encuesta.
Al respecto adelantó que los datos preliminares sostienen que «la conflictividad familiar» constituye uno de los factores más influyentes hacia la «violencia en los chicos», a lo que se suma «el 27% de los chicos de los sectores sociales medios y bajos están fuera del sistema», y alrededor del 24% no continuó con la escolarización ni contacto con sus docentes durante la pandemia.
Desde Mendoza, la directora de Protección y Restitución de Derechos, Daniela Torres, resaltó «la necesidad de ampliación de centros de atención a la primera infancia y presupuesto 2021 se previó más turnos y más personal porque hay muchos niños en lista espera con necesidades de asistencia».
En lo nutricional mencionó la existencia del «plan ‘Aprender con Salud’ que es interministerial y obtiene información sobre estado de salud, vacunación, nutrición, identificación de problemáticas y se desarrollan talleres para padres».
Los índices del 2019, ya que este año no se evaluó, de un total de 38,5 escuelas y jardines evaluados (48,5% de la matrícula) revelaron que el 33% de la población infantil observada tenía indicadores de sobrepeso en un 20,81% de los casos y obesidad, en el 12,9 %; mientras que con bajo peso y de riesgo solo el 6 %».
El Gobierno de Mendoza conformó además la Mesa Interministerial de Primera Infancia (Salud y Desarrollo Social, Educación y Hacienda) que será la responsable de brindar un diagnóstico de la situación de los niños y niñas, nivel socio demográfico, institucional y programático.
En la provincia de Buenos Aires, el defensor del Pueblo Adjunto y Coordinador del Observatorio de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, Walter Martelo, contó a Télam que los últimos indicadores de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud muestran que los índices de delgadez, baja talla y emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura por la escasez aguda de alimentos o enfermedades), en la población de hasta 17 años, no muestra variaciones significativas entre las jurisdicciones.
Para Martello, «tanto el gobierno nacional y provincial tienen muy presente esta problemática que, desde el cambio de administración en diciembre del año pasado, ha estado presente en el centro de distintos programas y políticas públicas».
«Iniciativas como el Plan Nacional Argentina contra el Hambre o el reciente refuerzo otorgado en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que impacta directamente en miles de familias que destinan gran parte de sus ingresos en alimentación, nos demuestra que se está haciendo un importante esfuerzo por hacer frente a esta problemática», agregó.
En Santa Fe, la secretaria de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chialvo, señaló a Télam que durante la pandemia «crecieron» los casos de maltrato y abuso y afirmó que una de las principales necesidades de las infancias es que «puedan salir de sus casas, más allá de las cuestiones sanitarias».
Chialvo dijo que aumentaron los casos «sobre todos con chicas de 10, 11 y 12 años en los que han aparecido muchas con embarazos precoz, que en muchos casos son víctimas de abuso, claramente».
Santa Fe cuenta con 19 centros residenciales propios y 50 a través de convenios, donde viven alrededor de 900 chicos separados de sus familias.
Chialvo explicó que durante este año atravesado por la pandemia de coronavirus «sostuvimos la cuestión alimentaria en los centros de acción familiar, y desde el Área de Desarrollo Territorial del ministerio han sostenido la entrega alimentaria y la tarjeta Alimentar».
El último informe disponible sobre malnutrición infantil de Santa Fe, de 2019, muestra que el exceso o la mala alimentación de los menores de cinco años «afecta al 34,9%» de ellos mientras que el sobrepeso afecta a un 22% de los chicos y chicas de ese rango etario y la obesidad a un 12 %.
Mientras que «la malnutrición por déficit alcanza al 13,2% (baja y muy baja talla 10,1%; bajo peso 2,2%; muy bajo peso 0,9%)», según los datos del Ministerio de Salud.
La exdefensora de Niñez y Adolescencia, Nara Osé dijo a Télam que «este año mostró con crudeza la desigualdad económica y social en la que se desarrollan niñas, niños y adolescentes en en la provincia».
«La falta de conectividad y de dispositivos para acceder a la escolaridad virtual, aparece como un nuevo problema. Las dificultades de la buena alimentación para su desarrollo, es una seria preocupación de docentes que trabajan en escuelas con comedores. Se reemplazó la comida de las clases presenciales por unas bolsas de alimentos que no son un equivalente», dijo Oses y aseguró que «la vida de miles de niñxs y sus familias sin acceder a un hábitat: digno, vivienda, agua potable, gas para calefaccionarse, cloacas, electricidad segura, es una realidad evidente e injusta».
