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El desafío de normalizar la inclusión

Existen muchas personas con discapacidad que sueñan con acceder a un trabajo digno que les permita disfrutar de una plena independencia. No obstante, la falta de estadísticas claras, de programas de integración a largo plazo y, principalmente, de empatía por parte de la sociedad, revelan que todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar ese objetivo.

Colaboración:

Ignacio Duffau

6to Año. Instituto Milenio Villa Allende


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Cobrar el primer sueldo y la ilusión de pensar en qué gastarlo, es uno de los recuerdos más especiales que guardan los jóvenes que ingresan al universo laboral. Es el inicio de su independencia económica y del reconocimiento por parte de su familia de que están listos para “dejar el nido”, libres de elegir su destino, con sus propios aciertos y equivocaciones.

Desafortunadamente, existe un porcentaje importante de personas cuyo acceso al primer trabajo remunerado se vuelve una odisea doblemente más pesada que para cualquiera: los jóvenes con discapacidad. Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que este grupo social experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica que las personas sin discapacidad.

En los últimos años, Córdoba fue ampliando los programas de inclusión laboral para diversos sectores. No obstante, en la opinión de muchas personas con discapacidad, estas propuestas fracasan al no permitir una proyección laboral estable a largo plazo para sus participantes.

“No te dejan crecer, no ponen tareas a tu cargo”, consideró Jimena López, fundadora de Red Mate, un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para adaptar libros y manuales educativos a un formato accesible para personas con discapacidad visual. “Quedás atrapada en un circuito y no podés acceder a un empleo calificado y permanente una vez que terminan”, se lamentó Jimena.

“La imagen de que la persona con discapacidad es un ejemplo de vida, de superación, que es un pobre infeliz que no tiene nada que ofrecer a la sociedad, es falsa, en mi opinión”, apuntó en el mismo sentido César Pereyra, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC con discapacidad visual. “Las personas con discapacidad deben ser miradas como un sujeto cualquiera, o sea un sujeto de derechos”, afirmó.

Integración e inclusión


“Las personas con discapacidad deben ser vistas como un sujeto cualquiera, o sea, un sujeto de derechos”, afirma César. Foto gentileza.


La integración puede entenderse como la normalización de la vida del ser humano diverso. En cambio, el término inclusión reconoce y valora la diversidad como un derecho, priorizando los objetivos de las personas y adaptando el trabajo a su particularidad.

“No son sinónimos, son conceptos que suponen perspectivas distintas de análisis y dimensionan una actitud diferente de reconocimiento de cada sujeto”, explicó Carla Saad, docente e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Facultad de Derecho de la UNC.

En esta línea, son varias las iniciativas de inclusión laboral creadas por personas con discapacidad con el objetivo de ayudar a que otros jóvenes en situaciones similares puedan conseguir sus primeros trabajos. Tal es el caso de los sitios digitales IncluWork e IncuMarket, nacidos en Córdoba durante el año pasado buscando ser un vínculo entre las empresas y las personas con discapacidad.

Sierras Chicas no se queda atrás y desde Mendiolaza surge el proyecto de consultoría IncluLlufriu, cuyo objetivo es ayudar a las personas con discapacidad a conseguir un trabajo digno fuera de los planes gubernamentales.

“La meta principal es que el porcentaje de tan solo 4% de personal con discapacidad que se pide en las empresas hoy en día, aumente y crezca fuera de los planes de gobierno”, explicó María Florencia Llufriu, técnica superior en Recursos Humanos.

La joven de 27 años nació con una discapacidad motriz y a lo largo de su juventud, pasó por diferentes programas y planes laborales, comprendiendo de primera mano lo engorroso y desalentador que puede llegar a ser el proceso de búsqueda laboral.

“Hice mi tesis sobre este tema y luego un Plan Primer Paso (PPP), hasta que en un momento dije no, basta de planes, tengo que encontrar algo fijo. Me harté de buscar un lugar donde acepten personas con discapacidad, son muy pocas las empresas que lo hacen y en porcentaje muy bajo”, manifestó la joven profesional.

Datos que duelen


“Para las personas con discapacidad en Argentina, el derecho a un trabajo es uno de los más vulnerados, tanto que solo un 32% de quienes se encuentran en edad laboral logra acceder a un empleo”. Carla Saad, investigadora (UNC).


Lo cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer para eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad encontrar un trabajo estable y digno. La ausencia de datos certeros y claros que muestren el estado de la situación en Córdoba es un ejemplo de la problemática que se plantea y, a la vez, un factor que contribuye a perpetuarla.

“La falta de datos estadísticos sobre el tema es un problema generalizado y no tenemos conocimiento de que exista algún estudio específico propio de la Provincia”, comentó Saad, quien actualmente dirige el proyecto “Impacto de los Derechos Fundamentales en los derechos de las relaciones de dependencia de los trabajadores con discapacidad” en el marco de la UNC.

Según explicó la investigadora, los datos más recientes que existen son del año 2018 y corresponden al “Estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad”, elaborado por el INDEC. En el mismo, se establece que en el país existen un total de 3.571.983 personas con algún tipo de limitación física o intelectual, lo que implica que más del 25% de los hogares tiene, al menos, a un integrante con esta condición.

“La tasa de inactividad entre estas personas es del 64,1%. Las cifras arrojadas por este estudio son elocuentes: para las personas con discapacidad en Argentina, el derecho a un trabajo es uno de los más vulnerados, tanto que solo un 32,2% de las personas del colectivo en edad laboral logra acceder a un empleo. Del 32,2% que consiguió ingresar al mundo laboral, el 66% se desempeña en el sector privado y el 34% restante, en el ámbito público”, recalcó Saad.

“Creemos que, tras conocer las cifras del INDEC (que describen un escenario tan claro como urgente), las organizaciones sociales y el Estado deberían coincidir en que el siguiente paso es profundizar las políticas públicas para revertir esta situación de vulnerabilidad”, concluyó Saad.

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