Las autoridades rusas comenzaron a aplicar desde el viernes 1 de noviembre del 2019 una controvertida ley para crear una “Internet soberana”. El gobierno puede «apagar Internet» si considera que existe grave peligro para el país.
- Por Lucía Cardozo
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Vladímir Putin, actual presidente de la Federación Rusa, en un comunicado realizado el 1 de Noviembre, habló sobre una nueva normativa que establece que el Organismo Ruso de Control de Medios de Comunicación (Roskomnadzor). el cuál, establece que el gobierno ruso no necesita una autorización judicial ni contactar a los proveedores de telecomunicaciones para bloquear cualquier contenido de Internet que considere sospechoso.
El Kremlin, asegura que los usuarios en la práctica, no notarán cambios y que solo se trata de la creación de una nueva infraestructura que permite garantizar el funcionamiento de los recursos de Internet rusos en caso de que los operadores del país no puedan conectarse con los servidores extranjeros.
Aunque por otro lado, especialistas en informática aseguran que esta nueva medida significa que el gobierno tendrá acceso a todo el tráfico que suceda en la web.
«potencialmente, el Kremlin puede cortar completamente las conexiones de Rusia a la web mundial», aseguró Ian MacWilliam, especialista de la BBC.
«Suponiendo que se haga con éxito, los usuarios de Internet en Rusia podrían acceder al contenido de la red y comunicarse con otros usuarios utilizando servicios alojados dentro de Rusia, pero no podrían comunicarse con servicios alojados fuera del país», indicó Mat Ford, gerente del Programa de Tecnología de la organización Internet Society en una nota para el citado medio británico.
Malestar Internacional
Esta “Internet soberana” aislada de los grandes servidores mundiales, es una iniciativa denunciada como un control excesivo por parte de los defensores de las libertades.
“El gobierno puede ahora censurar de manera directa el contenido o incluso transformar el Internet ruso en un sistema cerrado sin informar al público sobre qué ha hecho o por qué”, denunció en un comunicado la ONG Human Rights Watch.
