A 4 años de la tragedia que destrozó al corredor serrano, perduran todavía promesas incumplidas y el temor de repetir el pasado. Obras sin terminar, falta de respuestas y una deficiencia estatal desgarran el presente de los vecinos.
- Por Clara Angeletti.
- claraangeletti@elmilenio.info
Luego de una fatídica noche, en la que la lluvia no cesó, la mañana del 15 de febrero de 2015 sorprendió a las localidades de Sierras Chicas con un panorama devastador.
La excesiva urbanización que acarrea una reducción de cobertura vegetal y la falta de obras de contención para las turbulentas aguas, son algunos de los motivos que provocaron lo que muchos insistieron en llamar un desastre “natural”.
Hoy, cuatro años más tarde, el avance inmobiliario prospera más que las soluciones, Río Ceballos no cuenta con un sistema de alerta temprana ni medición del agua que ingresa al dique La Quebrada y diversas organizaciones de vecinos, autoconvocados, reclaman amparos ambientales.
El 15F sigue siendo una herida abierta para los habitantes de la región. Las problemáticas persisten en una temporada donde, una vez más, la lluvia fue protagonista y los miedos se asomaron de nuevo.
Lo oficial
Posteriormente al temporal, la provincia y los municipios se pusieron en campaña, lentamente, para poder restaurar los daños de la crecida. En este sentido, se construyeron puentes, pasarelas, vados, se reordenaron los cauces de los arroyos y se levantaron gavionados y muros en tramos peligrosos.
Asimismo, la Provincia puso en marcha un fondo de 600 millones de pesos para brindar asistencia económica a damnificados, mientras que los municipios se encargaron de la entrega de terrenos y financiamiento para reconstrucción.
No obstante, cabe indicar que actualmente, si bien los gobiernos municipales tienen su incidencia en los asuntos de agenda que atraviesan a las ciudades, muchas veces se ven opacados por decisiones que provienen de la cúpula provincial.
Sebastián Marini, Secretario de Ambiente de Río Ceballos, enfatizó en que desde los municipios no tienen ninguna injerencia en decisiones que toma “netamente” la provincia respecto a la cuenca hídrica Dique La Quebrada y aclaró: “nosotros sólo formamos parte del Concejo Asesor del dique, se nos bajan los lineamientos”.
“Creo que hay políticas ambientales a mucha más escala de lo que se ha manejado hasta ahora, debería haberse generado un plan mucho más global en el transcurso de estos años sobre estrategias de planificación urbana y sobre lo que van a ser las riberas del río”, declaró el funcionario.
Dentro de las acciones encaradas, Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza, destacó el Plan LEP (limpieza, ensanchamiento y profundización de los arroyos) y remarcó que ha sido una obra “importantísima, que es fundamental mantener ante la posibilidad de cualquier lluvia copiosa”.
Además, señaló la importancia de la incorporación de herramientas digitales para predecir fenómenos, “hace que realmente podamos estar preparados un tiempo antes e ir marcando en base a las situaciones”.
En ese punto se detuvo también el Secretario de Gestión de Riesgo Climático y catástrofes de la provincia, Claudio Vignetta, que comentó: “hay un monitoreo permanente de las tormentas y su comportamiento desde el Centro de Monitoreo de la Provincia, que trabaja las 24 horas, todos los días del año. También contamos con un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y un especialista de monitoreo en radares, en la sala de control de la Universidad Nacional de Córdoba. Y añadió: “Estamos en contacto permanente, a través de la misma sala, con los cuarteles de Bomberos y las Defensas Civiles locales de toda la provincia, a quienes periódicamente se los anoticia del comportamiento de las tormentas y de las alertas emitidas por el SMN”.
Por último, Alan Bassi, asesor hidráulico de Unquillo, hizo hincapié en el estudio de la problemática de desagües e inundación a nivel macro que se realizó en la localidad para partir de allí y trazar un plan director. “Hubo muchas obras desprendidas del plan que no pudieron abordarse por excederse del presupuesto, pero las menores están concretándose”, explicó.
En lo que refiere a deforestación, Bassi detalló que “hay territorio de monte donde no se aplica legislación municipal, sino que se encuentran bajo el marco provincial. Más allá de eso, Unquillo, en materia ambiental, está fomentando la urbanización exclusiva de la zona este, para que el impacto consecuente sea el menor posible”.
La técnica de la media verdad
Frente a este horizonte, las agrupaciones sociales alzaron la voz para reclamar un ambiente sano. La asamblea Resurgir de Villa Allende, entre otras, viene desde hace tiempo solicitando acciones mediante marchas, documentos y protestas.
Ricardo Panzetta, damnificado, biólogo y miembro del grupo vecinal, denunció que actualmente sólo existen planes de evacuación. “Eso mismo que están haciendo indica el problema que tenemos, porque la situación no es ver cómo hacemos para evacuarnos, la pregunta que nos hacemos hace cuatro años es qué hacer para no inundarnos”.
Además, indicó que lo que se necesita, primordialmente, son microembalses de retención, mejorar la salud del bosque serrano y mantener la cota del dique a un límite prudente.
Considerando que el dique es el único reservorio actual para contener agua cuando ocurre una lluvia torrencial, bajar la cota fue una de las primeras disputas que la asamblea llevó adelante. “Luego de muchísima pelea, porque no querían ceder 1 cm, logramos que establecieran un límite de 2, 50 metros por debajo del vertedero”, dijo Panzetta.
Frente a este reclamo, la provincia aseguró que la cota del dique “está perfectamente planificada, llevada a cabo por Recursos Hídricos”.
Otro factor importante para prevenir futuras inundaciones es frenar el desmonte. La salud de los bosques serranos es esencial para retardar una lluvia cuantiosa y el proyecto del segundo anillo de circunvalación, ideado para unir al gran centro de Córdoba con los pueblos de llanura periféricos, implicaría más de 100 hectáreas dañadas.
Los vecinos de Villa Allende propusieron como alternativa la construcción de una media luna menguante, “es decir que todo lo que va por montaña no se toque, lo cual implicaría nada de deforestación y mantener el bosque tal como está”.
Por último, Panzetta sentenció: “la provincia hace lo que quiere y no lo que se requiere. Utiliza una técnica de media verdad, pueden decir que hicieron el Plan LEP y parcialmente es verdad, ahora eso que hicieron es absolutamente insuficiente para una lluvia abundante”.
Dos testimonios, un mismo dolor
Pero no sólo lo ambiental es un inconveniente que perdura en el presente. A esta altura, algunos damnificados siguen sin obtener una respuesta válida por parte del Estado. Daniela Floridia y Valeria Prato se convirtieron en referentes de perseverancia y solidaridad luego de la gran inundación.
El caso de Daniela Floridia va de la mano de otras ocho familias de la calle Uritorco, de la ciudad de Villa Allende. Desde hace cuatro años esperan que las promesas gubernamentales, de recibir una nueva vivienda, se concreten y dejen de ser una utopía.
Hace un año exactamente, las víctimas recibieron los terrenos, pero aún continúan sin escrituras. Pese a ello, todavía no llegaron los servicios básicos como el agua o la luz, tampoco los kits de construcción, ni el dinero para la mano de obra. Otra falacia fue la ayuda en los alquileres temporarios, “estamos alquilando sin ninguna gestión de la municipalidad, es casi nula la ayuda”, señaló Floridia.
Por su parte, Valeria Prato es de Unquillo y perdió su casa luego de que dos metros de agua ingresaran sin piedad durante la madrugada del 15F. Ella pudo comenzar una nueva vida en Cabana, sin embargo, continúa acompañando a aproximadamente 36 familias que no corrieron con la misma fortuna, e incluso, permanecen viviendo en el barrio que destrozó la tormenta.
En este marco, se gestó “Marca(s) de Agua” dentro de la organización TAGUA, que lleva a cabo un trabajo comunitario para atender tanto los reclamos materiales, como los efectos a largo plazo que la inundación trajo para la salud física y emocional.
La búsqueda de seguridad
Otro rol principal, en este cuarto aniversario, lo tienen los amparos colectivos solicitados y planificados por grupos de habitantes.
Desde Mendiolaza y Villa Allende, exigieron que se instaurara un sistema de alerta temprana que permita detectar, evaluar e informar, tempranamente, los fenómenos meteorológicos que ocurren en la provincia.
Sumado a esto, pidieron un protocolo de coordinación de las distintas áreas de la administración pública encargadas de la seguridad, un protocolo de manejo del dique La Quebrada y el dictado de un plan de remediación forestal y de urbanización para la zona afectada.
Por otro lado, desde la Asamblea del Monte Unquillo (AMU), se adhirieron al pedido de un amparo de protección referidoal desmonte de áreas, que legalmente deben ser protegidas. Dicha medida fue interpuesta contra la provincia, el municipio y el Fideicomiso Urbanización del Cigarral (que representa a la empresa desarrollista Cahuana S.A.), organismos involucrados en el desarrollo del proyecto de urbanización, popularmente, conocido como “El Montecito”.
En este contexto, se entiende que el impacto ambiental que este proyecto tendría afectaría al funcionamiento de las cuencas. “No se trata solamente de los riesgos de inundación, sino de la pérdida de biodiversidad, hay estudios recientes de la necesidad de resguardar los parches de bosque nativo”, comentó María Rocío Loza Serra, abogada de la AMU, y añadió: “el monte nativo presta servicios de regulación hídrica y climática”.
ESPECIAL A 4 AÑOS DEL 15F
